Crisis bancaria en Paraguay: cómo comenzó el conflicto que afecta a millones de clientes y a 32 mil jubilados
La intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia provocó el bloqueo de cuentas de 2,9 millones de clientes, puso bajo revisión millonarios fondos públicos y abrió una crisis política que involucra al presidente Santiago Peña. El gobierno enfrenta cuestionamientos por sus antiguos vínculos con la entidad financiera.
Paraguay enfrenta una crisis financiera y política luego de que el Banco Central ordenara la intervención de Ueno Bank, una entidad con 2,9 millones de clientes, tras detectar problemas de solvencia que comprometían su funcionamiento.
La decisión, anunciada este martes, provocó la suspensión de sus servicios, restricciones al acceso a los ahorros por parte de los usuarios y preocupación por los recursos del sistema previsional.
El conflicto también alcanzó al gobierno del presidente Santiago Peña, mientras la Fiscalía investiga a ejecutivos del banco y sectores de la oposición impulsan un juicio político contra el mandatario.
¿Cómo comenzó la crisis de Ueno Bank?
Los cuestionamientos se remontan a octubre de 2024, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) adquirió bonos de Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, equivalentes entonces a unos US$32 millones.
La operación generó críticas por posibles conflictos de interés, debido a que Peña mantenía inversiones en Ueno Holding, grupo vinculado a la entidad bancaria. El mandatario rechazó los cuestionamientos y, según antecedentes publicados por el medio paraguayo ABC Color, vendió sus participaciones en abril de 2025.
En octubre de 2026, legisladores oficialistas y opositores solicitaron cambios en la dirección del Banco Central ante las dudas sobre la situación financiera del banco.
La crisis se concretó el 3 de noviembre, cuando el organismo regulador inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, al constatar que su índice de solvencia se encontraba por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
La medida derivó en el cierre de sucursales, la suspensión de operaciones y la apertura de una investigación penal contra sus directivos.
¿Qué ocurrió con los ahorros de los clientes?
La intervención dejó a millones de usuarios sin acceso normal a sus cuentas, tarjetas y servicios bancarios.
El Banco Central activó los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos, que protege hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, equivalentes aproximadamente a US$38.600.
Además, anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes, cerca de US$1.675, mientras se determina la situación patrimonial de la entidad.
Quienes mantienen depósitos superiores al monto garantizado deberán esperar los resultados del procedimiento de resolución para conocer las posibilidades de recuperar el resto de sus recursos.
El impacto en los jubilados y los fondos públicos
Uno de los principales focos de preocupación es el Instituto de Previsión Social, que mantiene US$355 millones invertidos en Ueno Bank, equivalentes aproximadamente al 9% de su cartera de inversiones.
La entidad también administraba el pago de pensiones de unos 32 mil jubilados, quienes deberán ser trasladados a otras instituciones bancarias.
El IPS aseguró que las jubilaciones y el aguinaldo se pagarán conforme al calendario previsto, debido a que los recursos destinados a las pensiones mensuales provienen de las cotizaciones y no dependen directamente de las inversiones financieras.
Sin embargo, la recuperación de los US$355 millones continúa sujeta al procedimiento de resolución del banco.
El Congreso paraguayo también comenzó a discutir medidas extraordinarias para proteger los recursos públicos comprometidos.
Renuncias, investigación judicial y crisis política
La intervención provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido Financiera Ueno, antecesora del banco. Posteriormente, también dejó su cargo el director de la entidad, Marco Aurelio González.
En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación contra ejecutivos de la entidad, incluido su principal accionista, Miguel Vásquez.
La oposición cuestionó los antiguos vínculos empresariales de Santiago Peña y anunció gestiones para impulsar un juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana.
Peña sostuvo que la intervención corresponde a un caso particular y buscó transmitir tranquilidad respecto de la estabilidad del sistema financiero.
La crisis también alcanzó al sector de las comunicaciones: cuatro medios vinculados al grupo empresarial de Ueno Bank suspendieron sus operaciones, afectando a cerca de 300 trabajadores. Se trata del conglomerado VMedia, perteneciente al grupo Vásquez.
Mientras avanzan las investigaciones, las principales interrogantes se concentran en la devolución de los ahorros, la recuperación de los fondos previsionales y las eventuales responsabilidades de las autoridades y los directivos bancarios.