Santiago Peña sigue en la Presidencia: qué pasó con su renuncia y qué implica el juicio político en el Senado
El Congreso no logró resolver su dimisión y el Senado debe continuar el juicio político. Una eventual destitución también le impediría acceder a la senaduría vitalicia.
La renuncia anunciada por Santiago Peña abrió una nueva etapa en la crisis política que enfrenta Paraguay tras la intervención de Ueno Bank.
Aunque el mandatario comunicó el jueves 5 de noviembre su decisión de dejar el cargo, su salida aún no se concreta: el Congreso no logró resolver su dimisión y sigue pendiente un juicio político que podría terminar con su destitución.
Una renuncia pendiente y un juicio político que puede definir la salida del poder
La sesión que debía pronunciarse sobre la renuncia quedó sin quórum después de que legisladores del oficialista Partido Colorado abandonaran la sala. Por lo tanto, la dimisión no fue rechazada: su tramitación quedó pendiente y Peña continúa en la Presidencia.
La Constitución paraguaya entrega al Congreso la facultad de aceptar o rechazar la renuncia del mandatario, por lo que el anuncio no basta para hacerla efectiva. En paralelo, Peña enfrenta un juicio político en el Senado, una vía distinta que podría derivar en su remoción.
Qué resolverá el Senado y por qué importa la forma de salir
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos la acusación contra Peña, en medio de los cuestionamientos por la crisis bancaria. La decisión contó con respaldo del Partido Colorado y dejó en manos del Senado el juicio político.
La continuación del procedimiento fue anunciada para este viernes 6 de noviembre. Para destituir al mandatario se necesitan 30 votos de los 45 integrantes de la Cámara Alta. Peña podrá ejercer su defensa antes de que los senadores resuelvan.
Qué implica la destitución y por qué impediría a Peña ser senador vitalicio
La insistencia en este mecanismo tiene una consecuencia relevante: la Constitución concede a los expresidentes elegidos democráticamente la condición de senadores vitalicios, con voz pero sin voto. Sin embargo, excluye a quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Por eso, los sectores que promueven la destitución buscan impedir que Peña acceda a esa figura y a sus protecciones legales tras abandonar la Presidencia.
El juicio político permite al Senado determinar la responsabilidad política de Peña y resolver su destitución si lo declara culpable.
Por su parte, la justicia ordinaria debe establecer las eventuales responsabilidades penales, a partir de los antecedentes que se le remitan.