Gobierno amplía suspensión de rebajas de condena a todos los delitos tras nuevo decreto firmado por Rabat
El Ejecutivo informó que la paralización de los decretos comenzó el 5 de noviembre, la misma fecha en que el ministro de Justicia firmó una reducción de pena a un condenado por homicidio. La Moneda respalda ahora la derogación de la Ley 19.856, mientras el Senado exige conocer los antecedentes de los beneficios otorgados.
El Gobierno anunció este lunes la suspensión de la tramitación de todas las rebajas de condena, sin distinción del delito, en medio de la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la firma de nuevos decretos que conceden beneficios penitenciarios.
La decisión fue informada por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien aseguró que el secretario de Estado resolvió detener la tramitación de estos decretos desde el pasado jueves 5 de noviembre, mientras avanza en el Congreso un proyecto destinado a derogar la normativa que permite reducir las penas.
El anuncio amplía la suspensión comunicada por el Ministerio de Justicia el 23 de octubre, que inicialmente estaba dirigida a las rebajas de condena de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La nueva medida se conoció después de que se revelara que Rabat firmó el 5 de noviembre un decreto que redujo en diez meses la condena de un hombre sentenciado por homicidio, lo que abrió nuevos cuestionamientos sobre la aplicación de estos beneficios.
La suspensión general y las dudas por el decreto del 5 de noviembre
Según reveló BioBioChile, el ministro Rabat firmó un decreto que benefició a Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado a cinco años de presidio por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, Región de Valparaíso.
La resolución, fechada el 5 de noviembre, permitió reducir en diez meses el tiempo de cumplimiento de la condena. El documento también registra la participación de la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto.
Tras conocerse el caso, el Ministerio de Justicia explicó inicialmente que la suspensión anunciada en octubre solo comprendía delitos sexuales contra menores, por lo que correspondía continuar aplicando la Ley 19.856 en las demás situaciones.
Sin embargo, este lunes el Ejecutivo informó que la decisión de detener todas las rebajas de condena se había adoptado el mismo jueves en que se firmó el decreto cuestionado.
La coincidencia de fechas abrió interrogantes sobre el momento exacto en que comenzó a aplicarse la suspensión general, así como sobre el tratamiento de los decretos que ya se encontraban en tramitación.
Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado públicamente los procedimientos administrativos que se utilizarán para implementar la medida mientras la legislación continúe vigente.
El Congreso exige antecedentes mientras avanza la propuesta para derogar la ley
La controversia también se trasladó al Congreso, donde la Comisión de Constitución del Senado solicitó al Ministerio de Justicia entregar los antecedentes de los decretos de rebaja de condena para avanzar en la discusión legislativa.
El presidente de la instancia, Vlado Mirosevic, ha insistido en la necesidad de contar con esta información para evaluar las modificaciones al sistema de beneficios penitenciarios.
A estos requerimientos se sumó la senadora Paulina Vodanovic, quien también solicitó disponer de los documentos antes de continuar con el análisis de las iniciativas legales.
Por su parte, Rabat justificó la demora en la entrega de antecedentes por la cantidad de solicitudes de información que ha recibido su cartera, que, según indicó, alcanzan cerca de 50 requerimientos.
En paralelo, el Ejecutivo manifestó su respaldo a un proyecto presentado por los senadores Arturo Squella, Andrés Longton, Karim Bianchi y Pedro Araya, que busca derogar la Ley 19.856, normativa que contempla la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente de personas privadas de libertad.
La iniciativa deberá continuar su tramitación parlamentaria y, mientras no se apruebe una modificación legal, el mecanismo de reducción de condenas seguirá contemplado en la legislación vigente.
El anuncio ocurre además en medio de los cuestionamientos políticos contra el ministro Rabat, quien enfrenta la preparación de una acusación constitucional por parte de sectores de la oposición.
Por ahora, la suspensión general anunciada por el Gobierno no equivale a la derogación de la ley, por lo que permanece pendiente conocer su alcance administrativo y la situación de las solicitudes de rebaja de condena que ya habían iniciado su tramitación.