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Caso Rabat: Justicia entrega 308 decretos al Senado para revisar rebajas de condenas entre 2022 y 2026

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POR Leyla Contreras Espinoza |

El Ministerio de Justicia remitió cuatro archivadores con antecedentes sobre rebajas de condenas a la Comisión de Constitución del Senado. La documentación permitirá examinar las decisiones adoptadas durante los últimos años, mientras Fiscalía mantiene una investigación por eventual prevaricación y la oposición prepara una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

El Ministerio de Justicia entregó este miércoles 308 decretos de rebaja de condenas a la Comisión de Constitución del Senado, luego de varias semanas de requerimientos parlamentarios para acceder a los antecedentes.

Los documentos, correspondientes al período 2022-2026, fueron remitidos en cuatro archivadores y permitirán a los legisladores revisar las decisiones adoptadas sobre rebajas de penas, en medio de los cuestionamientos al procedimiento y a la actuación del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La entrega se produce después de que la controversia se concentrara inicialmente en 56 decretos vinculados a condenados por delitos sexuales contra menores, cuyos antecedentes fueron solicitados por parlamentarios para examinar los criterios utilizados en su tramitación.

El envío de los 308 documentos amplía los antecedentes disponibles para el análisis legislativo, aunque todavía debe precisarse cuántos corresponden a los casos inicialmente cuestionados y qué autoridades participaron en su aprobación.

Senado podrá revisar antecedentes de rebajas de condenas

La Comisión de Constitución había solicitado al Ministerio de Justicia la documentación necesaria para avanzar en la discusión de los proyectos que buscan modificar el sistema de rebajas de condenas.

Durante las últimas sesiones, parlamentarios de distintos sectores cuestionaron la demora en la entrega de los antecedentes, al considerar que su revisión era necesaria para evaluar eventuales cambios a la legislación vigente.

Entre quienes plantearon reparos se encuentran el presidente de la comisión, Vlado Mirosevic, y las senadoras Paulina Vodanovic y Claudia Pascual.

Desde el Ejecutivo, Rabat había explicado que el ministerio enfrentaba un elevado número de solicitudes de información y que los documentos contenían antecedentes sensibles que debían ser revisados antes de su entrega.

Con los decretos ahora en poder del Senado, los parlamentarios podrán examinar los procedimientos utilizados para conceder las rebajas y los fundamentos de las decisiones.

La documentación corresponde a un período que comprende distintas administraciones, por lo que su revisión también permitirá distinguir las decisiones adoptadas en cada etapa.

Investigación de Fiscalía y acusación constitucional siguen en curso

La entrega se produce mientras la Fiscalía Metropolitana Centro Norte desarrolla una investigación por eventual prevaricación, iniciada tras una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana.

El Ministerio Público había requerido antecedentes al Ministerio de Justicia y otorgado un plazo de siete días hábiles para su remisión.

Sin embargo, la entrega realizada al Senado no permite establecer, por sí sola, si la Fiscalía ya recibió la totalidad de la documentación solicitada.

En paralelo, sectores de la oposición continúan preparando una acusación constitucional contra Fernando Rabat, en la que buscan determinar eventuales responsabilidades del ministro en la tramitación de las rebajas de condenas.

El Gobierno, por su parte, ha respaldado al secretario de Estado y ha sostenido que no existen fundamentos para su destitución.

La controversia también ha impulsado la discusión de modificaciones al sistema vigente. El Ejecutivo presentó una propuesta para cambiar el procedimiento de revisión y aprobación de las rebajas, iniciativa que ha generado cuestionamientos respecto de la distribución de atribuciones entre las instituciones involucradas.

Con la entrega de los 308 decretos, la Comisión de Constitución dispone de nuevos antecedentes para continuar el análisis legislativo. Permanecen pendientes la revisión de su contenido, la determinación de las responsabilidades en cada caso y el avance de las investigaciones en curso.