José Antonio Gómez cuestiona sistema de rebajas de condena: “Está funcionando muy mal”
El exministro de Justicia advirtió errores graves en la evaluación de los antecedentes de los condenados y criticó la reforma presentada por el Gobierno. En Radio Pauta, alertó sobre los riesgos de entregar mayores atribuciones a Gendarmería y abordó la eventual acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
El exministro de Justicia José Antonio Gómez cuestionó el funcionamiento del sistema de rebajas de condena en Chile y advirtió que la reforma impulsada por el Gobierno podría generar nuevas dificultades en la evaluación y entrega de estos beneficios.
En conversación con Pauta de Análisis, de Radio Pauta, el exsecretario de Estado sostuvo que existen deficiencias en la revisión de los antecedentes de los internos y planteó que las instituciones encargadas de autorizar las rebajas deben asumir una responsabilidad directa sobre sus decisiones.
“El sistema está funcionando muy mal”, afirmó Gómez, al referirse al caso de un condenado por delitos sexuales que obtuvo una rebaja de pena pese a la existencia de informes que advertían sobre su riesgo de reincidencia, según los antecedentes expuestos durante la entrevista. “Si tú te fijas, hay un mal análisis y hay un error gravísimo. Por eso que la responsabilidad de este proceso tiene que estar en órganos que tengan responsabilidad y en órganos que estén obligados a firmar y a decir: ‘Yo dejo libre a ese individuo’”, señaló.
Críticas a la reforma del Gobierno y al nuevo rol de Gendarmería
Gómez también cuestionó el proyecto del Ejecutivo para modificar el procedimiento de rebajas de condena, particularmente la propuesta de retirar al Ministerio de Justicia de la decisión final y trasladar esa responsabilidad al Poder Judicial. “El proyecto presentado por el Ejecutivo es muy malo, es peor que el que hoy día está discutiéndose, porque genera varias dificultades”, sostuvo.
A juicio del exministro, la responsabilidad sobre las políticas penitenciarias, la rehabilitación y la reinserción social debe permanecer en el Ejecutivo.
Otro de sus cuestionamientos apunta a las nuevas atribuciones que tendría Gendarmería en la comisión encargada de evaluar las rebajas de condena.
Según explicó, la institución ya interviene en la elaboración de las listas de postulantes y en la evaluación de su conducta. La reforma, además, permitiría al director de Gendarmería designar a tres funcionarios con participación en las decisiones de la comisión.
“Tú tienes a Gendarmería con un poder incontrarrestable”, advirtió Gómez, al plantear que esta concentración de atribuciones podría abrir espacios para eventuales irregularidades.
“Por supuesto que se pueden producir hechos de corrupción y eso es grave y malo para el sistema”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que una reforma efectiva debe contemplar modificaciones al reglamento de conducta, a las normas sobre beneficios penitenciarios y a los mecanismos de evaluación de la rehabilitación, incluyendo antecedentes psicológicos, psiquiátricos y de reinserción social.
Acusación constitucional contra Rabat: “Eso no es un acto ilegal”
Durante la entrevista, Gómez también abordó la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de los cuestionamientos por la firma de decretos de rebaja de condena.
El exministro evitó pronunciarse sobre la procedencia de la acusación y sostuvo que corresponde al Congreso determinar si existen antecedentes suficientes para impulsarla. “Lo que yo creo es que el ministro tenía dos posibilidades de acuerdo a la ley: firmar los decretos o rechazar los decretos. Eso no es un acto, en mi opinión, ilegal”, afirmó.
Sin embargo, precisó que la discusión parlamentaria debe establecer si el secretario de Estado incumplió alguna obligación legal al tramitar los beneficios, particularmente respecto de las restricciones aplicables a determinados delitos sexuales contra menores.
Gómez recordó que durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia rechazó numerosas solicitudes de rebaja de condena porque, según su evaluación, los antecedentes no acreditaban el cumplimiento de los requisitos legales.
“En mi caso yo me negué a firmar muchos decretos, pero finalmente recibí la orden del Poder Judicial y firmé algunos”, relató.
Finalmente, insistió en que la discusión debe concentrarse en mejorar los mecanismos de evaluación y establecer responsabilidades claras para quienes intervienen en las decisiones sobre rebajas de condena.