Acusación constitucional contra Rabat: oposición alista libelo entre reparos jurídicos y dudas por los votos
La oposición espera presentar esta semana la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con el viernes 13 de noviembre como una de las fechas posibles. El documento enfrenta cuestionamientos de abogados cercanos al sector, mientras el Partido de la Gente mantiene sin definir su respaldo.
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entró en su etapa final de preparación, en medio de diferencias jurídicas dentro de la oposición y dudas sobre los votos necesarios para aprobarla en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Aunque las bancadas opositoras aseguran que el libelo se encuentra prácticamente terminado, todavía no existe una fecha definitiva para su ingreso. Mientras algunos sectores apuntan a este jueves, otros mantienen el viernes 13 como plazo tentativo.
El documento busca establecer eventuales responsabilidades constitucionales del secretario de Estado por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y violaciones de derechos humanos.
Abogados de la oposición plantean reparos a los fundamentos del libelo
Uno de los principales puntos de discusión ha sido la elaboración jurídica de la acusación, que quedó principalmente en manos de los equipos asesores de las bancadas opositoras.
Entre quienes participan en su preparación se encuentran Nicolás Facuse, exsubsecretario de la Segpres durante el gobierno anterior, y Elizabeth Matthei, integrante del equipo jurídico de los diputados socialistas.
El trabajo se ha desarrollado con la participación y revisión de distintos abogados vinculados a la oposición, aunque sin que un constitucionalista de amplia trayectoria asuma públicamente la conducción del proceso.
En paralelo, especialistas cercanos al sector han planteado dudas respecto de los fundamentos jurídicos que permitirían atribuir una infracción constitucional al ministro.
Entre ellos, el exministro de Justicia Luis Cordero ha advertido sobre la necesidad de contar con antecedentes suficientes para determinar si las actuaciones del ministerio constituyen una ilegalidad.
El constitucionalista Gabriel Osorio también ha planteado interrogantes sobre la obligación de escuchar a las víctimas antes de conceder rebajas de condenas, mientras Tomás Jordán ha cuestionado que la discusión política avance sin que estén completamente establecidos los fundamentos jurídicos.
Otro de los aspectos en debate es la naturaleza penal o administrativa de las rebajas de condenas, una distinción relevante para determinar cómo deben aplicarse las modificaciones legales y las restricciones a determinados beneficios.
Los reparos se producen mientras la oposición intenta consolidar los argumentos de una acusación que, según las últimas versiones, contemplaría tres capítulos relacionados con las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, los beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos y eventuales infracciones al principio de probidad administrativa.
Los votos pendientes y el papel del Partido de la Gente
Además de las diferencias jurídicas, la oposición enfrenta incertidumbre respecto de los respaldos parlamentarios.
El Partido de la Gente (PDG) aparece como uno de los sectores que podría inclinar la votación, aunque hasta ahora no ha comprometido el respaldo de su bancada a la acusación.
Si los 155 diputados participan en la votación, se requerirían 78 votos para aprobarla en la Cámara.
Aunque algunos parlamentarios del PDG han respaldado iniciativas que solicitan la salida de Rabat del gabinete, la bancada ha señalado que esperará conocer el contenido definitivo del libelo antes de adoptar una posición.
En este escenario, según informó Emol, la oposición habría optado por no desarrollar negociaciones individuales para asegurar los votos, apostando a que cada parlamentario asuma públicamente su decisión frente a la acusación.
La estrategia supone el riesgo de que el documento sea rechazado si no consigue los respaldos necesarios, especialmente entre los parlamentarios que todavía no han definido su posición.
Presentación podría concretarse este jueves o viernes
La fecha de ingreso del libelo continúa siendo uno de los principales puntos pendientes.
Según información que ha trascendido, la acusación constitucional podría ser presentada durante este jueves 12 de noviembre y, de no concretarse su ingreso en esta jornada, se espera que el libelo sea ingresado a más tardar mañana viernes.
El proceso también ha estado marcado por la revisión de antecedentes entregados por el Ministerio de Justicia, que el miércoles remitió al Senado 308 decretos de rebajas de condenas correspondientes al período 2022-2026.
Desde la oposición han señalado que la presentación de la acusación no estaba condicionada a la recepción de esos documentos, aunque su contenido podría complementar los fundamentos del libelo.
Por ahora, las bancadas mantienen las coordinaciones para definir el ingreso de la acusación, mientras persisten las diferencias jurídicas y la incertidumbre sobre los votos que permitirían avanzar con su tramitación.