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Acuerdo entre Chile y OpenAI abre debate por protección de datos: qué contempla y qué falta definir

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POR Leyla Contreras Espinoza |

El memorándum firmado por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, busca impulsar el uso de inteligencia artificial en servicios públicos y la capacitación de funcionarios. Desde la oposición cuestionaron la falta de claridad sobre el tratamiento de datos personales y anunciaron gestiones para conocer los alcances del acuerdo, en medio de la discusión legislativa para postergar la entrada en vigencia de la nueva normativa de protección de datos.

El acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio de Ciencia de Chile y OpenAI para explorar el uso de inteligencia artificial (IA) en la administración pública abrió un debate político sobre la protección de datos personales, la transparencia y las condiciones bajo las cuales se implementarán estas tecnologías en organismos del Estado.

El memorándum de entendimiento fue suscrito este lunes 16 en San Francisco, Estados Unidos, por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, como parte del programa internacional OpenAI for Countries.

La iniciativa busca avanzar en la modernización de los servicios públicos, fortalecer las capacidades tecnológicas de los funcionarios y apoyar el desarrollo de emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial.

Sin embargo, parlamentarios de oposición manifestaron reparos respecto de las condiciones del acuerdo, particularmente sobre el eventual acceso a información personal de los ciudadanos y las garantías para su protección.

Qué contempla el acuerdo entre Chile y OpenAI

El memorándum establece tres ámbitos principales de colaboración: la exploración de herramientas de inteligencia artificial para mejorar procesos administrativos, la capacitación de funcionarios públicos y el apoyo al ecosistema chileno de emprendimiento tecnológico.

En materia de gestión estatal, se contempla identificar posibles aplicaciones de IA que contribuyan a optimizar procedimientos internos y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

También se considera el desarrollo de instancias de formación para trabajadores del sector público, con énfasis en el uso responsable de estas herramientas, la supervisión humana y el resguardo de información sensible.

El tercer eje apunta a fortalecer las capacidades de startups chilenas mediante iniciativas de formación y apoyo técnico.

Para avanzar en estas materias, ambas partes establecerán un equipo de trabajo encargado de definir prioridades, posibles proyectos y mecanismos de evaluación.

El documento no establece compromisos de inversión ni obligaciones de compra de tecnología. Las eventuales contrataciones o iniciativas que requieran financiamiento deberán definirse posteriormente mediante instrumentos específicos.

Asimismo, la firma del memorándum no implica, por sí sola, una autorización para transferir bases de datos personales del Estado a OpenAI.

Protección de datos y transparencia: los cuestionamientos al memorándum

La firma del acuerdo generó críticas desde el Frente Amplio, cuyos representantes solicitaron mayor claridad sobre el tratamiento de información personal y las condiciones de una eventual implementación de herramientas de IA en servicios públicos.

La presidenta de la colectividad, Gael Yeomans, cuestionó las garantías de protección de datos y vinculó el anuncio con la discusión sobre la postergación de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez anunció que solicitará antecedentes al Ministerio de Ciencia y a la Contraloría General de la República, con el objetivo de aclarar los alcances del acuerdo, las razones para establecer una colaboración directa con OpenAI y las eventuales implicancias para la soberanía de los datos.

A los cuestionamientos se sumó la exsubsecretaria de Ciencia Carolina Gainza, quien planteó interrogantes sobre las condiciones regulatorias y la necesidad de contar con resguardos para incorporar inteligencia artificial en instituciones públicas.

Desde el oficialismo, en tanto, parlamentarios respaldaron la iniciativa por sus posibles beneficios para la modernización del Estado y la reducción de procesos burocráticos.

La controversia ocurre mientras continúa la tramitación del proyecto que busca aplazar la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, originalmente prevista para el 1 de diciembre de 2026.

La iniciativa de prórroga ha generado cuestionamientos sobre los efectos de retrasar la aplicación de nuevas obligaciones para el tratamiento de información personal y la puesta en funcionamiento de la institucionalidad encargada de fiscalizar su cumplimiento.

Aunque ambos procesos coinciden en el tiempo, hasta ahora no existen antecedentes públicos que permitan establecer que el memorándum contemple la entrega de bases de datos personales ni que la postergación de la ley esté relacionada con su implementación.

De esta manera, uno de los principales aspectos pendientes será conocer qué organismos públicos participarán en eventuales proyectos piloto, qué información podrán utilizar, dónde se procesarán los datos y qué mecanismos de supervisión se establecerán.

El alcance efectivo de la colaboración dependerá de los proyectos específicos que se acuerden posteriormente y de las condiciones técnicas, presupuestarias y legales que se definan para su ejecución.