Acuerdo con OpenAI llega a Contraloría: parlamentarios piden aclarar legalidad, costos y protección de datos
El diputado Jaime Araya solicitó a Contraloría revisar las atribuciones del Ministerio de Ciencia para suscribir el memorándum con OpenAI, mientras parlamentarios del Frente Amplio exigieron transparentar sus condiciones. El Gobierno asegura que el convenio no compromete recursos públicos ni contempla la entrega de datos personales, aunque los detalles de futuros proyectos deberán definirse por separado.
El acuerdo firmado entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI sumó nuevos cuestionamientos desde el Congreso, luego de que parlamentarios solicitaran la intervención de la Contraloría General de la República para revisar su legalidad, eventuales compromisos financieros y mecanismos de protección de datos personales.
El memorándum, suscrito el lunes 16 de noviembre en San Francisco por la ministra Ximena Lincolao y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, busca promover la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la administración pública, capacitar funcionarios y apoyar emprendimientos tecnológicos.
Aunque el Ejecutivo sostiene que se trata de un acuerdo de cooperación sin obligaciones de contratación, los requerimientos parlamentarios apuntan a esclarecer las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse futuros proyectos con la compañía estadounidense.
Contraloría deberá revisar requerimiento sobre legalidad del acuerdo
El diputado independiente-PPD Jaime Araya ingresó un requerimiento ante Contraloría para determinar si el Ministerio de Ciencia cuenta con las atribuciones legales para suscribir el memorándum y si este cumple con las normas que regulan la actuación de los organismos públicos.
La presentación solicita conocer el texto íntegro de los acuerdos firmados con OpenAI y ElevenLabs, los informes jurídicos y técnicos que respaldaron su suscripción y los eventuales compromisos financieros asumidos por el Estado.
También pide revisar si futuras contrataciones deberán ajustarse a la legislación de compras públicas y si se respetaron las competencias de la Secretaría de Gobierno Digital, dependiente del Ministerio de Hacienda. “Es la Contraloría el organismo que tiene que determinar si esta acción se enmarca dentro de las facultades que tiene la ministra, si el objeto es lícito y si además la forma de acceso que involucra naturalmente recursos públicos es la correcta”, señaló Araya, según consignó BioBioChile.
El parlamentario también solicitó transparentar los gastos asociados al viaje de la ministra a Estados Unidos, incluidos pasajes, viáticos, alojamiento y eventuales aportes de entidades privadas.
Confidencialidad y posibles contratos futuros
Entre los antecedentes conocidos del memorándum figuran disposiciones sobre confidencialidad, coordinación institucional y eventuales servicios pagados.
El documento contempla la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI, que inicialmente sostendría reuniones mensuales para evaluar prioridades, capacitaciones, riesgos y posibles aplicaciones de inteligencia artificial en servicios públicos.
Además, establece que las comunicaciones públicas relacionadas con el convenio deberán contar con aprobación previa por escrito de la otra parte, salvo las divulgaciones exigidas por ley.
También considera mecanismos de protección para la información no pública intercambiada durante la colaboración.
Sin embargo, el memorándum no constituye una adjudicación, no establece exclusividad ni obliga al Estado a contratar servicios de OpenAI.
Las eventuales iniciativas que requieran financiamiento deberán ser evaluadas posteriormente, con condiciones específicas de contratación, seguridad y privacidad.
Parlamentarios solicitan antecedentes sobre selección de OpenAI y recursos públicos
A los requerimientos se sumaron gestiones de parlamentarios del Frente Amplio.
La diputada Gael Yeomans solicitó transparentar el procedimiento utilizado para seleccionar a OpenAI, los fundamentos técnicos y jurídicos del acuerdo y las razones por las cuales no se recurrió a un mecanismo competitivo.
También cuestionó la eventual participación de un proveedor tecnológico en la identificación de necesidades del Estado antes de futuras contrataciones.
En paralelo, el senador Diego Ibáñez ofició al Ministerio de Ciencia y a Contraloría para solicitar antecedentes sobre las obligaciones asumidas, los eventuales recursos comprometidos y las garantías para el tratamiento de información pública y datos personales.
Otro de los puntos planteados por Yeomans fue aclarar si existe alguna relación entre la iniciativa y los $412 millones contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 para un programa de acceso a capacidad de cómputo para inteligencia artificial.
Hasta ahora, no existen antecedentes que permitan establecer que esos recursos estén comprometidos con OpenAI.
Gobierno descarta entrega de datos personales y compromisos de compra
Frente a los cuestionamientos, el Ministerio de Ciencia aseguró que el memorándum no autoriza el acceso de OpenAI a sistemas del Estado ni a bases de datos personales de la ciudadanía.
La cartera explicó que la capacitación de funcionarios, considerada una de las prioridades de la iniciativa, utilizará datos abiertos y sintéticos, es decir, información creada para simular situaciones reales sin incorporar antecedentes personales.
Asimismo, precisó que el acuerdo no transfiere recursos ni obliga a contratar servicios, por lo que su firma no requiere un proceso de licitación.
Respecto de eventuales proyectos posteriores, el Ministerio señaló que cada iniciativa deberá evaluarse individualmente y establecer sus condiciones de contratación, seguridad y privacidad antes de implementarse.
Los cuestionamientos también coinciden con la discusión sobre la postergación de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, situación que parlamentarios opositores han vinculado con la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión.
Por ahora, no se ha informado un pronunciamiento de Contraloría sobre la legalidad del memorándum. Los aspectos pendientes incluyen las condiciones de futuras contrataciones, los organismos públicos que podrían participar y los mecanismos de fiscalización aplicables a cada proyecto.