Gobierno y sector privado acuerdan medidas para acelerar obras de infraestructura y reducir tiempos de permisos
Durante el Segundo Congreso Nacional de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, autoridades y representantes del sector privado asumieron compromisos para agilizar proyectos. Entre las medidas destacan reducir en 30% los tiempos de tramitación ambiental, ampliar las concesiones y avanzar en una planificación de largo plazo.
La necesidad de acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y generar nuevas oportunidades de empleo concentró el debate del Segundo Congreso Nacional de Infraestructura, organizado este jueves por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
El encuentro reunió a autoridades de Gobierno, representantes del sector financiero, inversionistas y organismos vinculados a las obras públicas, quienes asumieron una serie de compromisos para enfrentar los obstáculos que dificultan la materialización de proyectos.
Entre los principales anuncios destacó el compromiso del director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, de reducir en 30% los tiempos de tramitación de permisos ambientales.
A ello se sumaron medidas para ampliar la cartera de concesiones, facilitar el financiamiento de proyectos regionales y fortalecer la planificación de infraestructura más allá de los períodos de gobierno.
CChC apunta a concretar US$10.000 millones en concesiones adjudicadas
Durante la apertura del encuentro, el presidente de la CChC, Raimundo Rencoret, advirtió sobre la necesidad de transformar los proyectos existentes en inversiones efectivas, especialmente en un escenario de mayor desempleo y restricciones fiscales. “Chile ya cuenta con diagnósticos exhaustivos, hojas de ruta detalladas […] y una cartera cuantificada de proyectos que el país requiere con urgencia”, afirmó.
El dirigente gremial recordó que el informe Macroeconomía y Construcción (MACh 70) proyecta un crecimiento de 5,8% de la inversión en construcción para 2027.
Aunque reconoció que la estimación puede parecer optimista, sostuvo que es alcanzable si se cumplen determinadas condiciones.
Entre ellas mencionó avanzar en modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), fortalecer la colaboración público-privada, asegurar la ejecución del presupuesto fiscal y poner en marcha concesiones ya adjudicadas por cerca de US$10.000 millones.
Rencoret también vinculó la ejecución de estas inversiones con la recuperación del mercado laboral. “Si la inversión se frena, se paraliza el empleo y se posterga la calidad de vida de millones de personas”, sostuvo.
De Grange fija como objetivo ejecutar el 100% del presupuesto
El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, abordó los desafíos de ejecución de proyectos y señaló que una de las metas de su cartera es alcanzar el 100% de ejecución presupuestaria.
Según explicó, el objetivo no consiste únicamente en disponer de mayores recursos, sino en asegurar que estos se traduzcan en obras concretas. El desafío es “convertir cada peso en infraestructura útil, empleo y productividad”, afirmó.
De Grange destacó que la inversión pública en conectividad tiene efectos directos sobre el acceso a servicios y el desarrollo económico de las regiones.
En esa línea, sostuvo que la ejecución de proyectos permite mejorar los desplazamientos hacia establecimientos educacionales y centros de salud, además de contribuir a la generación de empleo.
Los compromisos para agilizar permisos y ampliar las concesiones
Al término del encuentro, los participantes establecieron una serie de compromisos desde sus respectivos ámbitos de acción.
Por parte del Ministerio de Obras Públicas, se planteó avanzar hacia un sistema de planificación de infraestructura de largo plazo antes del término del actual gobierno.
La cartera también comprometió ampliar y diversificar los proyectos de concesiones, promover iniciativas de menor tamaño para facilitar la participación de empresas locales e impulsar un mecanismo de resolución de controversias en obras públicas ejecutadas directamente por el Estado.
En materia ambiental, el director del SEA, Arturo Farías, comprometió una disminución de 30% en los tiempos de tramitación de permisos.
En tanto, representantes del sector financiero acordaron avanzar en alternativas de financiamiento para proyectos de infraestructura de menor escala y destinar recursos a iniciativas regionales.
Por su parte, Desarrollo País planteó fortalecer su función de articulación de proyectos y desarrollar nuevos modelos de asociación público-privada.
BID destaca experiencia chilena en concesiones
El encuentro contó con la participación de Gastón Astesiano, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien abordó la evolución de las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe.
Durante su exposición, señaló que, aunque este mecanismo de inversión ha crecido y se ha diversificado en la región, la preparación de proyectos continúa siendo uno de los principales aspectos por mejorar.
Respecto de Chile, destacó que el sistema de concesiones ha permitido inversiones superiores a US$36.000 millones entre 1993 y 2026.
Entre las fortalezas del modelo chileno mencionó la existencia de un panel técnico para resolver controversias, los mecanismos de distribución de riesgos y las licitaciones abiertas a participantes internacionales.
El congreso concluyó con un llamado a dar continuidad a los compromisos asumidos y avanzar en su implementación.
El vicepresidente nacional de la CChC, Cristóbal Paúl, destacó la necesidad de que los acuerdos se traduzcan en medidas concretas. “Rompamos la inercia, aceleremos el paso y construyamos el Chile que necesitamos”, señaló.