Pensiones de alimentos: pagos ordenados crecen a $3,88 billones, pero más de 376 mil inscripciones siguen vigentes
A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Deudores, el Poder Judicial informó que casi el 79% de los montos ordenados proviene de fondos previsionales. Aunque los mecanismos de cobro han permitido aumentar las órdenes de pago desde 2023, el sistema mantiene más de 376 mil inscripciones activas y deudas por $54.833 millones.
A cuatro años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, los tribunales de familia han ordenado pagos por más de $3,88 billones, según el balance presentado este miércoles por el Poder Judicial.
La cifra refleja el alcance de los mecanismos establecidos para recuperar pensiones alimenticias impagas, especialmente aquellos que permiten utilizar recursos bancarios y fondos previsionales de las personas deudoras.
Sin embargo, el informe también evidencia las obligaciones que permanecen pendientes. Al 17 de noviembre de este año, el Registro Nacional de Deudores mantenía 376.644 inscripciones vigentes, mientras que las causas activas acumulaban una deuda de $54.833 millones.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó los resultados de la normativa, aunque advirtió que todavía existen desafíos para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. “Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente”, sostuvo.
Cómo han evolucionado los pagos desde 2023
El sistema de cobro de pensiones alimenticias ha experimentado un aumento sostenido en los montos ordenados por los tribunales desde la implementación de los mecanismos de pago efectivo.
En mayo de 2024, al cumplirse el primer año de aplicación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, el Poder Judicial informó que se habían ordenado pagos por $830.438 millones.
Para noviembre de 2025, la cifra acumulada ya superaba los $2,9 billones, mientras que el balance de noviembre de 2026 la situó en $3.885.443 millones.
El aumento refleja la utilización de las herramientas legales que permiten buscar recursos de las personas deudoras y destinarlos al cumplimiento de sus obligaciones alimenticias.
No obstante, existe una diferencia entre los montos ordenados judicialmente y el dinero efectivamente transferido a las familias.
En el balance de mayo de 2024, el Poder Judicial informó que, de los $830.438 millones ordenados, se habían concretado pagos por $318.387 millones.
El informe de noviembre de 2026 no entrega una cifra consolidada de las transferencias efectivamente realizadas, por lo que no es posible establecer qué proporción de los $3,88 billones ha sido recibida por las familias beneficiarias.
Fondos de AFP concentran casi el 79% de los montos ordenados
La legislación contempla dos mecanismos principales para recuperar las pensiones de alimentos adeudadas.
El primero corresponde al procedimiento especial, que permite investigar y retener recursos disponibles en cuentas bancarias e instrumentos financieros de la persona deudora.
A través de esta vía, los tribunales han ordenado pagos por $822.205 millones, correspondientes a 404.400 representantes legales.
El segundo es el procedimiento extraordinario, que permite recurrir a los fondos de capitalización individual provenientes de cotizaciones obligatorias en las AFP, cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley.
Mediante este mecanismo, los tribunales han decretado órdenes de pago por $3.063.238 millones, correspondientes a 307.734 representantes legales.
Esta última vía concentra aproximadamente el 78,8% del total de los montos ordenados, convirtiéndose en el principal mecanismo de cobro en términos de recursos involucrados.
Cuatro años del Registro Nacional de Deudores
El Registro Nacional de Deudores comenzó a funcionar el 18 de noviembre de 2022, tras la entrada en vigencia de la Ley 21.389, promulgada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
La normativa permite incorporar a personas que adeudan al menos tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas de pensión alimenticia, siempre que exista una obligación fijada o aprobada judicialmente y el tribunal ordene la inscripción.
Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, entró en vigencia la Ley 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, que incorporó los mecanismos de búsqueda y retención de recursos financieros y previsionales.
Desde la creación del Registro, los 141 tribunales con competencia en materia de familia han ordenado 728.700 inscripciones.
De ese total, 352.056 fueron canceladas y otras 376.644 permanecen vigentes.
La cancelación de una inscripción puede producirse por el pago íntegro de la deuda o mediante un acuerdo de pago aprobado judicialmente que cumpla las condiciones legales. Por ello, las cancelaciones no equivalen necesariamente a deudas pagadas en su totalidad.
Las deudas que persisten y los desafíos de la ley
Pese al aumento de las órdenes de pago, las cifras del Poder Judicial muestran que una parte importante de las inscripciones continúa activa.
La jurisdicción de Santiago concentra el mayor número de registros vigentes, con 81.800, seguida por San Miguel, con 62.057. Más atrás aparecen Valparaíso, con 39.806 inscripciones, y Concepción, con 32.650.
En conjunto, las jurisdicciones de Santiago y San Miguel representan aproximadamente el 38% de las inscripciones vigentes a nivel nacional.
Durante la presentación del balance, la presidenta de la Corte Suprema destacó la importancia del cumplimiento oportuno de estas obligaciones para garantizar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes.
Chevesich también advirtió que la implementación de los nuevos mecanismos de cobro ha significado mayores exigencias para los tribunales de familia, sin que se hayan dispuesto recursos suficientes para enfrentar las tareas adicionales.
Según señaló, los funcionarios judiciales han debido asumir estas responsabilidades junto con sus labores habituales, lo que ha generado una mayor carga de trabajo.
A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Deudores, las cifras muestran un incremento en las órdenes judiciales de pago, pero también la persistencia de obligaciones alimenticias pendientes.
El desafío continúa siendo que los mecanismos legales permitan transformar esas órdenes en pagos efectivos y oportunos para las familias que dependen de estos recursos.