Presunta falsificación de firma en el Senado: qué ocurrió con los permisos de Órdenes y Espinoza y qué investiga Fiscalía
El retiro de los permisos constitucionales de dos senadores que acompañan al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia abrió una controversia por sus efectos en la votación del Presupuesto 2027. Mientras Ximena Órdenes desconoció haber autorizado el uso de su firma, Fidel Espinoza descartó una falsificación. La Fiscalía de Valparaíso inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido.
Lo que comenzó como una gestión administrativa en el Senado, en medio de la discusión del Presupuesto 2027, terminó con una investigación penal por una eventual falsificación de firma. La controversia involucra a los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS), cuyos permisos constitucionales fueron retirados mientras ambos se encontraban en Asia acompañando al presidente José Antonio Kast.
El procedimiento fue gestionado por el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité del Socialismo Democrático, y generó cuestionamientos luego de que los parlamentarios señalaran que no habían autorizado la modificación.
Aunque los permisos fueron restablecidos, la fiscalía regional de Valparaíso abrió el miércoles una investigación de oficio para determinar cómo se elaboraron y presentaron los documentos, y si existió un uso no autorizado de la firma de Órdenes.
Cómo comenzó la controversia por los permisos constitucionales
El martes 17 de noviembre, durante la tramitación del Presupuesto 2027, Castro gestionó ante el Senado el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza, quienes integran la comitiva presidencial que visita Asia.
La decisión tenía consecuencias para las votaciones de determinadas disposiciones presupuestarias, debido a que los permisos de ausencia del país inciden en el cálculo de los quórums legislativos.
El conflicto surgió cuando los dos parlamentarios manifestaron que no habían solicitado dejar sin efecto sus autorizaciones.
Según informó Emol, las solicitudes habrían sido enviadas desde correos electrónicos institucionales y contenían las firmas atribuidas a ambos senadores. Sin embargo, no estaba esclarecido cómo se habían obtenido o incorporado esas rúbricas.
El miércoles, durante la sesión del Senado, el parlamentario Pedro Araya (PPD) leyó una carta enviada por Órdenes al secretario general de la corporación, Luis Rojas.
En el documento, la senadora aseguró que no había retirado su permiso ni autorizado a otra persona para actuar en su representación. También señaló que desconocía el contenido, la autoría y la autenticidad del escrito utilizado para efectuar el trámite.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó que el documento había llegado firmado, aunque aparentemente sin la autorización de la parlamentaria. Asimismo, informó que los permisos de ambos senadores habían sido restablecidos.
Por qué el retiro podía afectar la votación del Presupuesto 2027
El episodio adquirió relevancia porque los permisos constitucionales no solo autorizan a los parlamentarios a ausentarse del país, sino que también pueden modificar el número de votos necesarios para aprobar determinadas iniciativas.
De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los parlamentarios que se encuentran fuera del país con permiso constitucional no se consideran en ejercicio para el cálculo de ciertos quórums.
En este caso, el retiro de las autorizaciones podía aumentar la cantidad de votos afirmativos requeridos para aprobar disposiciones del Presupuesto 2027, entre ellas la autorización de endeudamiento público solicitada por el Ejecutivo.
Esto significa que, aunque Órdenes y Espinoza permanecieran físicamente fuera de Chile, el retiro de sus permisos podía alterar el cálculo de los votos necesarios para alcanzar las mayorías exigidas.
Según antecedentes publicados por Radio Bío Bío, surgieron sospechas de que la gestión buscaba dificultar la aprobación del endeudamiento y aumentar la presión sobre el Gobierno durante las negociaciones presupuestarias.
Sin embargo, no se ha acreditado que existiera una maniobra deliberada con ese propósito, por lo que corresponde distinguir los efectos que podía tener el trámite de las eventuales motivaciones de quienes participaron en él.
Las distintas versiones de Órdenes, Espinoza y Castro
Uno de los aspectos centrales de la controversia es que los parlamentarios afectados han entregado explicaciones diferentes sobre lo ocurrido.
Órdenes mantiene su desconocimiento del documento mediante el cual se retiró su permiso constitucional y sostiene que no autorizó el uso de su firma.
Por su parte, Castro ha señalado que se trató de una situación reglamentaria que fue solucionada. Durante la sesión del miércoles afirmó que el asunto había quedado resuelto en conformidad con la parlamentaria.
La posición de Espinoza cambió el foco de la discusión durante la madrugada de este jueves.
A través de sus redes sociales, el senador socialista descartó que su firma hubiera sido falsificada y atribuyó lo ocurrido a una desprolijidad administrativa. “A mí nadie me falsificó la firma. Lo que no quita mi molestia con la bancada por el impasse. Pero es un hecho político”, sostuvo.
Espinoza también cuestionó que se recurriera a la Fiscalía para resolver controversias internas del Congreso, aunque reconoció su molestia por el retiro de su autorización.
De esta manera, mientras Órdenes mantiene sus reparos sobre la autenticidad del documento presentado en su nombre, Espinoza considera que lo ocurrido en su caso corresponde a un problema administrativo y político.
Qué investiga la Fiscalía y cuáles son las dudas sobre las firmas
La investigación de oficio fue abierta por la fiscalía regional de Valparaíso luego de que se conocieran los antecedentes sobre el retiro de los permisos.
La decisión se produjo después de que el senador Rodolfo Carter (independiente-Republicanos) solicitara certificar lo ocurrido y remitir la documentación al Ministerio Público, ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito.
La indagatoria deberá esclarecer quién elaboró los documentos, cómo se incorporaron las firmas y si existía autorización de los parlamentarios para efectuar el trámite.
Uno de los antecedentes que podría resultar relevante fue publicado este jueves por Radio Bío Bío. Según fuentes consultadas por ese medio, una de las rúbricas cuestionadas no correspondería a una firma electrónica, sino a una firma manuscrita que habría sido recortada de otro documento e incorporada al escrito.
Las mismas fuentes señalaron que se trataría de un procedimiento utilizado habitualmente en la tramitación de documentos.
No obstante, la utilización de una firma previamente incorporada en otro escrito no permite establecer, por sí sola, que su titular haya autorizado una nueva gestión.
La investigación deberá determinar si existió consentimiento, quiénes participaron en la elaboración y presentación de las solicitudes y si los hechos constituyen algún delito.
Entre las posibles figuras penales mencionadas en la discusión pública se encuentra la falsificación de instrumento público, aunque cualquier calificación jurídica dependerá de los antecedentes que reúna el Ministerio Público.
Por ahora, el restablecimiento de los permisos resolvió sus efectos administrativos, pero no las interrogantes sobre el origen y la autorización de los documentos.
El caso mantiene abierta una discusión sobre los procedimientos utilizados para tramitar autorizaciones parlamentarias, el resguardo de las firmas y las responsabilidades que podrían surgir cuando se presentan documentos sin el consentimiento de sus titulares.