Basura en el Mapocho: comienza a funcionar la mesa regional contra los vertederos ilegales
En una primera fase se multará y sancionará a los dueños de los terrenos donde se ubican los depósitos de basura por hasta 680 millones de pesos, pero además se fiscalizará a quienes dejen desechos y escombros en esos lugares.
Este jueves 29 de junio, tras el desborde del río Mapocho, se constituyó una mesa de trabajo regional para enfrentar la acumulación de basura y escombros en los cauces de los cursos de agua de la Región Metropolitana.
Se trata de una propuesta del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y reunirá a representantes de los ministerios de Obras Públicas y Salud, la delegada presidencial Constanza Martínez, los municipios que comparten riberas de ríos o tienen vertederos ilegales, y funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Según el Gobierno Regional, en las 52 comunas de la Región Metropolitana existen cerca de 54 vertederos ilegales. El ránking lo lideran Pudahuel y Lampa, donde hay ocho depósitos. Los siguen Quilicura, Puente Alto, La Pintana y Maipú.
Por ello, anunciaron que en una primera fase se multará y sancionará a los dueños de los terrenos donde se ubican los depósitos de basura, pero además se fiscalizará a quienes dejen desechos y escombros en esos lugares.
Basura en el Mapocho: comienza a funcionar la mesa regional contra los vertederos ilegales
Orrego explicó que “lo que estamos haciendo todas las autoridades, representantes de ministerios, de policía, la delegación presidencial, el gobierno regional y sobre todo los municipios, es ponernos de acuerdo para dar una lucha frontal contra la mafia de la basura, que tiene hoy día activos 54 vertederos ilegales de residuos sólidos en Santiago”.
“Un río limpio no es aquel que se limpia más, es el que se ensucia menos. Y para eso, junto con mantener limpia la ribera de los ríos, tenemos que ser capaces de, una vez por todas, terminar con esta mafia de la basura que transporta ilegalmente basura en Santiago y que sistemáticamente la deposita en las comunas más pobres y en las riberas de los ríos”, afirmó.
El gobernador planteó que “lo que tenemos que hacer es limpiarle la cara a Santiago, pero haciendo no solamente un trabajo de limpieza de los ríos, sino sobre todo pegándole donde le duele a la mafia de la basura, que es en su negocio. Hay una ley que nos permite hoy día confiscar los camiones que transporten ilegalmente la basura. Y para eso necesitamos la colaboración de los municipios, pero también de Carabineros, también de las concesionarias, que pueden detectar estos camiones que andan sin patente distribuyendo la basura sobre todo en nuestros ríos”.
“No lo podemos hacer todo de la noche a la mañana pero vamos a tener prioridades claras especialmente en aquellos vertederos ilegales que están cerca de los lechos de los ríos y que ante una nueva crecida podrían volver a transformar al Mapocho o al río Maipo en un basural flotante”, recalcó.
Orrego señaló que la mesa de trabajo se reunirá una vez a la semana para “evaluar acciones concretas”.
En tanto, la delegada presidencial Constanza Martínez, comentó que “nos ponemos a disposición de este trabajo pero también entendemos que este es un problema grande, es un problema que tiene una mafia detrás, donde hay negocios asociados a la basura. Por lo tanto, acá también tenemos que ir mejorando penas, buscando también mecanismos que nos ayuden a ya utilizar la legislación que ya tenemos, pero con un sentido de urgencia, con un sentido de Estado”.
En esa línea, el seremi de Salud, Gonzalo Soto, sostuvo que “como autoridad seremos drásticos en las medidas sanitarias que se van a implementar contra los propietarios de estos vertederos. Nos hemos comprometido en intensificar nuestra fiscalización”. Entre las medidas, se contempla una multa de 680 millones de pesos al dueño del vertedero.
Asímismo, dentro de las medidas para el control de los vertederos se informó que, junto con una campaña de educación ambiental, se oficiará a las Direcciones de Obras Municipales, para recordar que de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no se puede recepcionar se una vivienda nueva si no está el certificado de los escombros.