La huella del vandalismo tras el 18-O: qué dice el catastro oficial

Después de los días más crudos de violencia en las calles de varias ciudades de Chile, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio efectuó un catastro georreferenciado de los daños y alteraciones de los monumentos dañados. "Lo primero que requeríamos era evaluar la escala del daño, el más grande que hemos tenido en la historia del país en términos de patrimonio", dijo el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, en conversación con Plaza Pauta, refiriéndose a hechos que se extendieron por todo el país, incluidas grandes ciudades y ciudades intermedias.

"El catastro arrojó 1.370 monumentos con algún tipo de daño. Junto a eso, coordinados con los municipios, hicimos un catastro con sus datos, que arrojó del orden de 475 inmuebles muy dañados dentro de zonas de conservación", agregó el subsecretario. En ese desglose hay "141 monumentos históricos dañados, con distintos tipos de alteraciones; el 13% del total de los monumentos nacionales históricos de Chile".

Respecto de los monumentos públicos -como el del general Baquedano en la llamada Zona Cero-, el catastro es de 430 piezas, "concentradas en la Región Metropolitana, Coquimbo y en Valparaíso''. En este total vemos daños más severos, con cien monumentos con esa escala de daño", dijo el subsecretario.

Acciones de protocolo

A través del ministerio y del Consejo de Monumentos Nacionales, y otros servicios asociados al servicio del patrimonio, la primera acción fue abordar "aquellos bienes mayormente expuesto, como el Palacio de Tribunales, el Museo de Arte Precolombino, la Iglesia San Francisco, la más antigua de Santiago, entre otros, ejerciendo acciones directas de apoyo a los administradores con tapados de ventanas, apuntalamiento de puertas y entrega de extintores, además de monitoreo todos los viernes junto a bomberos", dijo Emilio de la Cerda.

En paralelo, se generaron varios nuevos instrumentos, entre ellos uno con lineamientos de cómo reparar las zonas típicas, publicado en el Diario Oficial en enero de 2020, con vigencia hasta diciembre de 2022, que permite a los municipios operar directamente sin esperar los permisos del Consejo de Monumentos para las mejoras y reparaciones.

Un protocolo para el retiro y depósito de bienes patrimoniales que se vean sometidos a un nivel de riesgo es otro de los instrumentos que nacieron como consecuencia de la violencia que emergió a partir de octubre de 2019. "Ese protocolo lo hemos aplicado en capacitaciones con el Cuerpo de Bomberos de Santiago; treinta bomberos que son monitores en estos casos de emergencia", puntualizó.

Una tercera acción fue el desarrollo de lineamientos para los municipios y las intendencias para el retiro de los monumentos público que estén con algún nivel de vulnerabilidad, "ya que pasaba que un municipio, por reacción natural al riesgo que sufría su monumento, procedía a algunas acciones de retiro y a veces el daño es peor cuando no se saben manipular".

Revise la entrevista completa con Emilio de la Cerda en Plaza Pauta