Escaso interés de los municipios en activar la ley de aportes al espacio público

En cinco años, solo siete comunas han utilizado esta herramienta legal que busca mitigar las externalidades que generan los proyectos de inversión.

Valdivia, Rengo, Pichilemu, Santa Cruz, Valparaíso, San Pedro de la Paz y Providencia. Siete municipios, y no más, son los únicos que hasta la fecha cuentan con un plan de inversión en infraestructura y espacio público, instrumento que exige la ley para recibir y usar aportes que mitiguen las externalidades que genera la construcción de proyectos tanto públicos como privados.

Solo siete municipios, y ningún gobierno regional, han hecho uso de este instrumento a casi cinco años de su entrada en vigencia. Esa es la realidad que concluye un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción.

“Tres de los municipios son pequeños y de la Sexta Región, lo que quiere decir que allí hay una práctica virtuosa que, probablemente, emparenta a estos tres municipios en la forma en que lo hicieron y esa experiencia pueden usarla otros municipios pequeños a lo largo de todo el país. En el caso de Providencia, el desarrollo se hizo internamente; en el caso de Valdivia se contrató a una consultoría externa. Y sabemos que en el caso de Valparaíso el trabajo se hizo internamente, pero con la metodología establecida por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano”, dijo Bernardo Echeverría, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la CChC, controlador de Radio PAUTA, en conversación con Plaza Pauta.  

La Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público se promulgó en 2016. En 2017 se modificó la ordenanza final de Urbanismo y Construcción y, en 2018, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano publicó un manual de realización de estos planes de mitigación de impacto.

“La idea de la ley es que uno pueda aportar, ya sea en valor monetario o en obras, a producir beneficios de mitigación a nivel del entorno de cada proyecto; es decir, que cada uno, de alguna manera, se haga cargo de las mayores complicaciones que significa para un barrio el tema de la densificación”, señaló Echeverría. Para asegurar eso, junto con establecer las normas que rigen un plan regulador en una zona determinada, y que permite la densificación, cada municipio debería contar con un plan de mitigaciones. Una exigencia que también se extiende a los gobiernos regionales. “Implica definir un conjunto de obras, que pueden ser ensanches de calles, veredas, áreas verdes, mobiliario urbano, hasta expropiación para el ensanche de una calle”, explicó.

A paso lento

Bernardo Echeverría dijo que “en los casos en que hay un plan intercomunal, la ley establece que el gobierno regional debe hacer su propio plan. Por lo tanto, en esas zonas el aporte que hace el privado va en un 40% al gobierno regional”. Sin embargo, advirtió que no hay avances en esa dimensión. “Hasta ahora no hay ningún gobierno regional que lo haya hecho”.

De acuerdo con los estudios realizados por la ChCC, el experto aseguró que “en la Región Metropolitana veíamos que hay un 53% de los municipios que dicen ya estar trabajando en el tema”, casi el doble de lo registrado en 2020. También en el último período, el 31% de los gobiernos regionales dice estar avanzando. “Pero vemos que hay bastante atraso”, concluyó. 

Revise la entrevista completa con Bernardo Echeverría en Plaza Pauta