La crisis en la Corte de Rancagua revela la “concentración de poder” en los jueces

Un grupo de jueces tiene la llave de los nombramientos, lo que puede favorecer el posible tráfico de influencias. Desde la Asociación Nacional de Magistrados señalan que falta un mecanismo de elección autónomo.

La crisis en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la que tres de sus siete ministros están siendo sumariados por distintas conductas, como el posible tráfico de influencias en el nombramiento de cargos en la Región de O’Higgins, ha dejado en evidencia -según el profesor de derecho de la Universidad Diego Portales Cristián Riego– problemas estructurales en el Poder Judicial que son arrastrados desde hace décadas. Entre ellos, menciona la concentración de poder de los ministros para designar a jueces, a funcionarios internos, a notarios y hasta a fiscales, además de la falta de un sistema profesional y transparente para la elección de cargos.

De acuerdo con la indagatoria interna que realiza la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, quien instruye un sumario desde el 3 de diciembre de 2018, en las pesquisas contra los ministros de la Corte de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez se investigan “conductas diversas que podrían configurar un posible tráfico de influencias” materializado en nombramientos a funcionarios o en intervención en algunos fallos judiciales, señala un comunicado oficial.

A partir de este jueves 4 de abril, Albornoz y Vásquez fueron suspendidos por cuatro meses, sumándose a la medida que ya exitía contra Elgueta, según informó el vocero del Pleno de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.

En el caso de Elgueta, además, es indagado por la Fiscalía Regional de O’Higgins, que lo formalizará el 26 de abril: se investiga que habría influido en dos concursos de funcionarios del Ministerio Público de Rancagua y de haber tenido un patrón similar con cupos del Juzgado de Policía Local y de Gendarmería. También habría favorecido a cercanos en seis fallos, según las indagaciones de la Fiscalía.

Riego aclara que la situación la Corte de Rancagua es extrema, pues refleja conductas individuales puntuales que se suman a los problemas estructurales del Poder Judicial.

Los problemas estructurales

Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados, dice que “es indispensable el cambio estructural en el sistema de nombramientos, alejando a los jueces en funciones de ese sistema, impidiendo la concentración de poderes y dividiendo, básicamente, la función jurisdiccional, que permite dictar fallos, con aquellas que son meramente administrativas”.

La dirigenta añade que, “lamentablemente, con este caso vemos que es indispensable modificar el sistema de nombramientos. Como asociación llevamos 10 años trabajando en esto y no hemos sido escuchados. Sin embargo, desde octubre [de 2018] hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia en una mesa de trabajo en la que fueron convocadas varias instituciones y en la que logramos obtener un documento con lineamientos generales y líneas de consenso”. Un cambio que, explica, debería hacerse “por vía legal y no por auto acordados ni actas”.

El director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, señala que el caso de Rancagua también abre una pregunta sobre el control disciplinario interno y “que parece haber fallado”. Explica: “Por una parte se observan muy pocas sanciones, y las que se aplican tienden a ser una entidad muy baja. Por otra, los sistemas de control dentro del Poder Judicial muchas veces se confunden con el sistema de nombramiento y las promociones a lo largo de la carrera judicial. Y ambos se rigen por lógicas sumamente jerárquicas”.

Y agrega: “Las lógicas de encierro que generan las instituciones muy jerárquicas, y con escasa transparencia, son tierra fértil para este tipo de situaciones. Lo hemos visto en la Iglesia y también en los partidos políticos. Los ciudadanos tenemos un conocimiento muy escaso de lo que ocurre al interior del Poder Judicial”.

Una “alta dirección pública”

Para Cristián Riego, uno de los principales problemas en la estructura interna del Poder Judicial se debe a que la designación de todos los cargos está concentrada en la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones del país. Se trata de un sistema que –plantea– Chile ha mantenido vigente desde el siglo XlX, a diferencia de los países de Europa y América Latina, que lo eliminaron.

“Este sistema es totalmente anómalo y se ha transformado en un tremendo problema, porque proviene de un Poder Judicial muy elemental, que en el pasado era muy poco sofisticado y pequeño, pero que creció enormemente”, señala. Y fundamenta: “Los jueces no están equipados con las herramientas y los procedimientos propios de una designación de funcionarios públicos. Y, en consecuencia, esto se presta para el tráfico de influencias e intercambio de favores. Lo peor es que además este tráfico de influencias se genera a propósito de las designaciones, que están totalmente desestructuradas, y permiten que luego se utilice para otras cosas más graves; por ejemplo, para influir sobre los fallos, como el caso que estamos viendo [en Rancagua]”.

Por ello, el académico de la UDP señala que es necesario sacar a los jueces de la designación de todo tipo de funcionarios y “crear un sistema como el de Alta Dirección Pública u otro, especialmente diseñado, con todo tipo de salvaguardias, controles y mecanismos de trasparencia que hoy no existen en el Poder Judicial”.

Soledad Piñeiro añade que es clave que en una modificación del sistema exista una obtetivización de requisitos y un lineamiento de los perfiles que se necesiten para cada uno de los cargos. “Hoy la ley es absolutamente insuficiente para definir esos requisitos y, sobre todo, el mérito y las capacidades y habilidades que tienen que tener las personas que ejerecen las distintas funciones. La normativa de hoy tiene más de 100 años”.

Riego agrega: “La participación de jueces en designaciones es algo impropio y que potencialmente puede terminar corrompiendo al Poder Judicial por las enormes presiones que se ejercen. Por ejemplo, los notarios, que son el cargo más apetecido”.

Un segundo problema que identifica el académico de la UDP es lo que llama “la excesiva concentración de poder en los jueces de las cortes superiores, pero muy especialmente en las cortes de Apelaciones de provincias por sobre el resto del sistema judicial”. 

Riego señala que en Santiago esta dinámica ocurre con menos intensidad, pues existen dos cortes de Apelaciones. “Pero en una como Rancagua, donde todos los funcionarios que están bajo la Corte -como los jueces, los administrativos no abogados y los notarios, entre otros-, tienen una dependencia absoluta, porque los designa y eventualmente puede promoverlos, calificarlos, conocer las acusaciones y las infracciones disciplinarias. Entonces, para un juez subalterno e, incluso, para un fiscal que quiere ser fiscal regional, los ministros de las cortes de Apelaciones se transforman en verdaderos personajes todopoderosos. Y eso es un problema estructural que genera este tipo de situaciones”.