Crónica

La defensa del Gobierno a su polémica carta a la Comisión Interamericana de DDHH

El ministro Hernán Larraín dijo que el diálogo "que queremos tener es dónde empieza el sistema interamericano de derechos humanos o dónde terminan las instancias internas".

Por Ana María Sanhueza

Jueves 25 de abril de 2019

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Apenas comenzó a hablar ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció que la manera en que se dio a conocer la carta del 11 de abril en la que Chile -junto con Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia- manifestó inquietudes sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, pudo haber tenido un "mejor manejo y control". 

Esto, luego de que el contenido de la misiva que entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) generó una serie de críticas tanto en la oposición como en abogados que han tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte INDH), pero también entre quienes han acudido a esta instancia en calidad de afectados, como fue el caso de la jueza Karen Atala, quien en 2004 perdió la tuición de sus hijas ante la Corte Suprema por su orientación sexual: "En esto veo una estrategia de estos países para alejarse del SIDH [Sistema Internacional de Derechos Humanos] y crear un sistema nuevo. Al parecer las sentencias sobre el reconocimiento de la Diversidad Sexual, Identidad de Género, Ds. Sexuales y Reproductivos, de pueblos originarios les empezaran a molestar", escribió en su cuenta de Twitter.

Críticas a las que se sumaron los senadores PS José Miguel Insulza e Isabel Allende, además del excanciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, entre otros.

Larraín fue citado la tarde del 25 de abril, junto con la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, a una sesión extraordinaria que presidió el diputado Jaime Naranjo (PS). Las autoridades enfrentaron la aprensiones de la diputada Carmen Hertz (PC), quien discrepó de los planteamientos del Gobierno y recordó que los derechos humanos tienen un principio de universalidad. 

La misiva, además, se divulgó en la víspera de que el Pleno de la Corte Suprema informe el veredicto sobre si se anula o no el fallo de 2014 del caso "Norín Catrimán y otros". La solicitud provino de una sentencia de la Corte IDH, que consideró que se vulneraron los derechos humanos y el debido proceso de ocho mapuches y una activista que fueron condenados por la ley antiterrorista.

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El pleno de la máxima corte decidió dejar en acuerdo la resolución, que busca zanjar la implementación de un fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. en el país.

Aunque Larraín en ningún momento se refirió a esta causa, recordó que puede haber casos en que la Corte IDH tome decisiones sobre causas en las que hay cosa juzgada. Se trata de una causa que ha generado un debate jurídico, pues es primera vez que la Corte Suprema enfrenta a una situación así.

Más tarde, la Sala de la Cámara aprobó por 44 votos a favor y 32 en contra un proyecto de resolución que le solicita al Presidente Sebastián Piñera reconsiderar los puntos expresados en la carta a la Comisión IDH.

El caso de la PSU

Respondiendo a las críticas, el ministro dijo que el Gobierno está lejos de desconocer el sistema interamericano de derechos humanos. Enfatizó en que el motivo de la carta era abrir una conversación sobre distintos aspectos, que van desde el tipo de casos que son presentados a la Comisión IDH, hasta las condenas que ha emitido la Corte Interamericana en contra de los Estados firmantes, en particular de Chile y en las dificultades que, dijo, existen en cumplir con todos los requerimientos de este tribunal.

"El propósito [de la misiva] no fue otro sino hacer sugerencias para mejorar la eficacia [del sistema interamericano de derechos humanos]", dijo. Y añadió que los Estados firmantes presentaron la carta como "una forma de iniciar un diálogo fecundo entre órganos del sistema y los Estados en relación con los desafíos que el sistema tiene de cara al siglo XXI" .

Agregó: "No queremos que se pasen a llevar nuestros procesos democráticos internos, pero tampoco que a propósito de eso se abusen de los derechos humanos garantizados en nuestro país, como las convenciones [de derechos humanos] que hemos suscrito. Queremos ver qué le corresponde a cada cual y no entrar en formas de paternalismo ni aproximaciones autoritarias".

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Compuesto por siete jueces nombrados por la OEA, el tribunal, que obligó a anular el fallo del caso Catrimán, recibe las causas más graves y su tramitación puede durar hasta 10 años.

Así, Larraín detalló los cuatro planteamientos de la misiva: reforzar el carácter complementario de la jurisdicción regional de derechos humanos a través del principio de subsidiariedad; reconocer el margen de autonomía de los Estados en el proceso de implementación de la Convención Americana de DD.HH.; abordar los atrasos que tienen los casos en la CIDH debido al aumento de causas que llegan hasta esta instancia y, por último, la proporcionalidad y la viabilidad de la implementación de las reparaciones ordenadas a los Estados tanto por la Comisión IDH como por la Corte IDH.

Con cifras, mostró el aumento de casos que, con el tiempo, han ido llegando a la Comisión, lo que ha hecho que la tramitación sea con lentitud, pues hay causas que pueden durar entre 10 y 20 años. Por ejemplo, dijo que a diciembre de 2017 la Corte IDH dictó 227 sentencias y que, de ellas, 193 sentencias no se han cumplido en su totalidad. Las condenas implican distintas medidas de reparación como indemnizaciones a las víctimas, modificaciones legales internas y, entre otras, anulación de sentencias locales, como el caso Norín Catrimán.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo, en la sesión especial para discutir la carta enviada por el Gobierno de Chile (y otros países) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Créditos: Agencia Uno

La demora se debe, además, por la forma en cómo funciona el sistema interncional, pues el filtro inicial de un proceso, antes de llegar a la Corte, es presentar la denuncia primero ante la Comisión Interamericana, que analiza la petición y tiene un rol de adminisibilidad. Así, solo los casos más graves llegan a la Corte Interamericana.

También, el ministro dijo que se debía un diálogo respecto de qué tipo de casos son los que se llevan a la Comisión. Puso como ejemplo la presentación en 2012 de una estudiante que consideraba que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) la discriminó, pues el liceo técnico donde estudió no la preparó para enfrentar el examen.

"En Chile, la PSU también ha sido objeto de debate. De hecho, ya hay una comisión de expertos trabajando para corregir y reformar esta PSU. Entoces, ¿quién resuelve este tema? Ese el debate que queremos tener: dónde empieza el sistema interamericano de derechos humanos o dónde terminan las instancias internas. Es un fenómeno expresado en la declaración: el legítimo espacio de autonomía de los respectivoss Estados".

Concedió que muchos temas deben ser resueltos por el Congreso.

La estrategia internacional

La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, dijo en Pauta Final que La Moneda busca dialogar para mejorar aspectos que son relevantes para el país. La autoridad comentó que muchas de "las sentencias de la Comisión IDH no pueden ser implementadas" y, por tanto, "nos deja en aprietos".

Valdivia descartó que esta situación lleve a un "debilitamiento" en materia de derechos humanos, dado que en la carta se reafirma del compromiso del Gobierno con la "protección de los derechos humanos".

Agregó que no por tratarse de un organismo multilateral "no puede haber un diálogo legítimo".

Escuche la entrevista completa con Carolina Valdivia:

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