Ley doble Evaluación Docente: ¿En qué consiste y de qué trata?
Esta reforma busca alinear las prácticas evaluativas, beneficiando a unos 116 mil educadores y fortaleciendo la calidad educativa en el país.
El Congreso Nacional de Chile ha aprobado una significativa reforma en el sector educativo, eliminando la doble Evaluación Docente para docentes de establecimientos municipales y de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Esta decisión, respaldada por 114 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene como objetivo fortalecer la labor pedagógica en el país.
¿En qué consiste la Ley Doble Evaluación Docente?
Hasta la fecha, los profesores de instituciones públicas enfrentaban dos sistemas de evaluación: la Evaluación Docente y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Con la nueva ley doble Evaluación Docente, esta dualidad se elimina, alineando la evaluación de estos docentes con sus pares del sector particular subvencionado. Esta reforma promete un proceso más eficiente, transparente y homogéneo, beneficiando a aproximadamente 116 mil educadores.
¿De qué trata la reforma en detalle la Ley doble Evaluación Docente?
Además de la consolidación de un único sistema de evaluación, la ley establece un mecanismo de formación continua para docentes avanzados y adapta los instrumentos de evaluación a las especificidades de los niveles y modalidades en que laboran. También, aquellos educadores que antes optaban por no evaluarse, ahora deberán hacerlo obligatoriamente entre 2025 y 2027.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, subrayó la importancia de esta reforma, indicando que busca un avance sustancial para los maestros y la educación chilena en general. Resaltó que es esencial para que los docentes no solo se evalúen, sino que también progresen en su carrera profesional.
La nueva normativa también incluye medidas que favorecen la inducción de docentes principiantes, fortalece las redes de trabajo colaborativo y, en un acto de justicia, incorpora a profesores que habían quedado desfavorecidos en 2015. Además, se cambian las prioridades en casos de despidos y se asegura la titularidad docente para aquellos que han ocupado roles directivos.