Nueva ley elimina trámites en notarías: qué documentos ya no requieren este paso
La reforma al sistema notarial ya está en vigencia y busca simplificar procesos, digitalizar servicios y reducir costos para los usuarios.
Desde el 2 de abril de 2026 entró en vigencia la Ley N° 21.772, que moderniza el sistema notarial y registral en Chile tras años de discusión legislativa.
La normativa introduce cambios estructurales orientados a simplificar trámites, aumentar la transparencia y facilitar el acceso de las personas a estos servicios.
Menos trámites presenciales y más digitalización
Uno de los principales cambios es que diversos documentos ya no requerirán ser firmados ante notario, lo que permitirá realizarlos de forma más rápida y, en muchos casos, digital.
La ley impulsa el uso de herramientas tecnológicas, como la firma electrónica, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a una notaría.
Este avance busca eliminar gestiones consideradas innecesarias y disminuir las largas filas y tiempos de espera que históricamente han caracterizado estos servicios.
Mayor fiscalización y control de tarifas
La nueva normativa también fortalece el rol del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que ahora podrá fiscalizar la calidad del servicio y recibir reclamos de los usuarios frente a cobros o atención deficiente.
Además, se establecen mayores estándares de transparencia en los precios y en el funcionamiento de notarías, conservadores y archiveros.
Cambios estructurales en el sistema
La reforma no solo impacta a los usuarios, sino también al funcionamiento interno del sistema.
Entre las medidas se incluyen concursos públicos para el nombramiento de notarios, límites de edad para ejercer y mayores exigencias de probidad, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y modernizar el sector.
Un paso hacia la modernización del Estado
Con estos cambios, el Gobierno apunta a avanzar hacia un sistema más eficiente y acorde a las necesidades actuales, donde los trámites sean más simples, accesibles y menos costosos para la ciudadanía.
La implementación de la ley marcará ahora el desafío de su correcta aplicación, en un contexto donde la digitalización y la confianza en los servicios serán clave para su éxito.