¿Qué necesita Chile para regular el juego online?
La regulación de los casinos y casas de apuestas online en Chile se ha convertido en 2026 en una cuestión de urgencia, que ha venido acompañada de reformas fiscales y de sonadas decisiones judiciales.
Un mercado de iGaming regulado no consiste solamente en decidir qué plataformas pueden operar legalmente: es necesario construir toda una infraestructura tecnológica que permita identificar a los jugadores, controlar las transacciones en línea, detectar irregularidades y detectar comportamientos de riesgo.
En Chile, el 70% de la recaudación proveniente de los juegos de azar regulados procede de casinos físicos. Sin embargo, el mercado online no autorizado supuso en 2025 unos ingresos estimados correspondientes al 0,13 del PIB del país. Estaríamos hablando de unas cantidades de más de $430 millones, cuyo seguimiento presenta dificultades en términos de recaudación fiscal, persecución legal y control de dominios.
En busca de una nueva normativa
El mercado no autorizado también afecta a los usuarios, que se ven desprotegidos frente a posibles prácticas abusivas de las plataformas. Por eso, en 2026 ha cobrado especial relevancia el proyecto de ley 14.838-03, que regula el desarrollo de plataformas de apuesta en línea y que comenzó su andadura en 2022.
Según la agenda legislativa del Senado, el 27 de octubre de 2026 dio comienzo la discusión particular del proyecto de ley en la Comisión de Economía, y se espera que la nueva regulación esté ya operativa en 2027.
Esta regulación es muy esperada por usuarios y operadores, ya que permitiría legalizar un aspecto de los juegos de azar que, actualmente, es considerado ilegal por la Superintendencia de Casinos de Juego (SJC). Así lo indica en la sección de Preguntas Frecuentes de su web, sin que haya lugar a dudas: “En nuestro país la explotación comercial de plataformas de apuestas en línea es ilegal”.
La iniciativa del Ejecutivo contempla un mercado regulado que estaría sujeto a autorización administrativa, con sistemas certificados, requisitos societarios y unas potentes obligaciones de cara a proteger al jugador. Además, la nueva normativa permitiría reforzar la fiscalización y prevenir el lavado de activos.
La lucha contra las plataformas no autorizadas
Hasta que se haga efectiva la nueva regulación, el Gobierno, a través de organismos como la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) o el Servicio de Impuestos Internos (SII) intentan controlar, en la medida de lo posible, la proliferación de estos operadores irregulares.
Así, tras una resolución judicial que obligaba a las principales compañías de telecomunicaciones chilenas a bloquear un buen número de plataformas no autorizadas, SUBTEL ordenó restringir el acceso a 42 dominios, a los que se sumarían pocos días después 37 más. El SII, por su parte, ha establecido un registro de plataformas extranjeras para pagar el IVA del 19%, al que se inscribieron, de forma voluntaria, 25 operadores.
Sin embargo, ambos organismos reconocen que las medidas son insuficientes: El registro del SII no implica que las plataformas registradas hayan obtenido una licencia para operar juegos de azar online en Chile. En cuanto a las restricciones de dominio, Subtel ha manifestado su dificultad a la hora de identificar y bloquear los sitios espejo.
Por el momento, una buena forma de descubrir dónde encontrar un casino online en Chile que sea fiable y que no vaya a suponer un riesgo para el jugador la tenemos en algunas plataformas comparativas como Casino.org, en las que también es posible consultar promociones, métodos de pago y las principales características de las principales plataformas del país.
Regulación en otros países: ejemplos de buenas prácticas
Si quiere desarrollar con éxito su propia normativa de juego online, Chile haría bien en mirar a otros países que llevan años aplicando sistemas de control del juego online, valorando lo mejor de cada modelo y adaptando esa experiencia foránea a su propia realidad legislativa y comercial. Países como España o Malta, por ejemplo, ofrecen buenos modelos de referencia.
Regulación del juego en España: la DGOJ
Al tratarse de un país hispanohablante, España es, posiblemente, el modelo a seguir más interesante. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es el organismo regulador de todos los juegos de azar en el país. Encuadrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la DGOJ exige una homologación de los sistemas técnicos de los operadores.
El proceso contempla una evaluación previa a la concesión de licencias, una certificación posterior y, además, controles periódicos mediante inspecciones frecuentes. Los operadores también deben comunicar los cambios realizados en sus sistemas cada trimestre, así como someterse a auditorías técnicas cada dos años.
Los operadores españoles reflejan su vinculación con la DGOJ mediante una serie de sellos acreditativos en sus páginas de inicio, que sirven de garantía a los usuarios: si ven uno de estos sellos, saben que están ante un casino online regulado y con licencias en vigor.
La MGA, un regulador legendario
La Malta Gaming Authority (MGA) es una organización reguladora que lleva años siendo una referencia en el sector, y cuya autoridad se extiende mucho más allá de su país de origen. Muchos operadores de todo el mundo ostentan una licencia de la MGA como símbolo de legalidad y seguridad.
Sin embargo, un estudio sobre autoexclusión publicado por la entidad en febrero de 2026 demostró que las licencias y las herramientas de protección no garantizan que las plataformas estén exentas de cometer otras faltas.
La MGA realizó en 2025 un estudio sobre autoexclusión entre 20 de sus licenciatarios, con un total de 58 direcciones web activas. El informe, publicado en febrero de 2026, detectó desde retrasos en la actividad de exclusiones hasta problemas para identificar cuentas duplicadas, entre otros errores. Tras la publicación, la MGA solicitó planes correctivos a los operadores.
Esta lección debería tenerla en cuenta el futuro organismo regulador chileno: no es suficiente con establecer normas acerca de autoexclusión, alertas de actividad o juego seguro; estos sistemas deben de ser verificables y efectivos.