La columna de Fernando Tapia: “Los intocables”

En su columna de opinión para Pauta, Fernando Tapia reflexiona sobre la violencia en el fútbol y el ingreso a los estadios de personas con derecho de admisión. ¿Hasta cuándo se puede soportar la desidia de los organizadores?, dice.

Fútbol y violencia. Fútbol y crimen organizado. No hay caso. El fenómeno sigue inalterable pese a la gravedad de los hechos que han marcado el año, con víctimas fatales incluidas.

En el partido de Colo Colo con Limache en el Estadio Nacional volvimos a ser testigos de escenas calcadas a las de hace 25 años. Sujetos enfrentados con cuchillos, apuñalamientos en vivo y en directo, tal como ocurrió el 3 de diciembre de 2000 en el Monumental, con el “Barti” y el “Huinca”, dos integrantes de la Garra Blanca, que protagonizaron una batalla sangrienta transmitida por televisión.

¿Cómo es posible que alguien pueda ingresar con un cuchillo cocinero al estadio? ¿Hasta cuándo se puede soportar la desidia de los organizadores? ¿Cuántos muertos más espera tener Blanco y Negro para tomarse en serio el asunto? El Estado ha fracasado, desde luego. Por algo se vio en la obligación de eliminar el famoso plan Estadio Seguro. Pero a no perderse, la principal obligación de evitar el ingreso de delincuentes a los recintos deportivos recae en los clubes.

Por lo mismo es igualmente grave la nueva denuncia que estos días realizó el Canal 13, apuntando a la responsabilidad de Azul Azul por la violación del derecho de admisión de un sujeto que tenía prohibición de entrar a los estadios, con el agravante de que habría tenido la complicidad de un funcionario del club que, según la denuncia, intercedió para no ser fiscalizado en el ingreso.

La concesionaria se defendió señalando que la persona aludida, es decir el supuesto funcionario, identificado como Maximilano Salas Ilabaca, era un trabajador externo que cumplió funciones de proveedor en la operación del partido citado en el reportaje.

Resulta poco creíble que alguien de tan poca jerarquía en la organización tenga la potestad de influir para que un fulano sancionado evite los controles. Y aunque así fuera, no se extingue el deber del club para hacer cumplir la ley y aplicar eficientemente la prohibición de ingreso.

Peor todavía, y aumentando aún más las sospechas de una red de tráfico de influencias, el sujeto pudo después vulnerar la sanción aplicada por la Conmebol contra los hinchas la Universidad de Chile, y se exhibió sin pudor en el estadio de Alianza Lima, en Perú, portando nada menos que una acreditación de prensa. Hay que sacarse las vendas y romper la barrera del temor y las amenazas.

Es evidente que el crimen organizado penetró hace rato las denominadas barras bravas. Pero ahora también da cuenta del serio riesgo de estar infiltrando las organizaciones deportivas. Los dueños de los clubes, dirigentes y accionistas, tienen la obligación de actuar con firmeza ante este flagelo, de lo contrario son cómplices. No queda otro camino que la tolerancia cero ante el crimen organizado en el fútbol.

Y eso corre también para las instancias sancionatorias. No puede ser que el tribunal de disciplina de la ANFP aplique apenas multas económicas ante hechos gravísimos, como hemos sido testigos en estos días. El buen ejemplo lo dio Cruzados, que tras el clásico con la “U” identificó a cinco personas que lanzaron objetos a la cancha y les aplicó entre 4 y 6 años de prohibición de ingreso a los estadios.

El desafío ahora es hacer cumplir eficientemente el castigo, que promueva un cambio cultural urgente en el comportamiento de los hinchas. El camino es invertir en tecnología y seguridad, actuar con firmeza y romper la barrera del miedo. Basta ya de los intocables en los recintos deportivos.