Hora de pagar la cuenta: el dolor de cabeza que se viene para Hacienda

Antes de la crisis la meta era crecer y contener la deuda para recuperar la clasificación de riesgo. Los objetivos han cambiado y el cálculo es cumplirlos al menor costo posible.

No es un tema urgente hoy. Pero una vez despachado el Presupuesto 2020 y cuando ya exista más claridad sobre los costos y financiamiento del conjunto de medidas sociales para responder a la crisis, será la hora de cuadrar las cuentas fiscales. Y ahí el resultado, según anticipan expertos, será concluyente: se revertirá la trayectoria de consolidación fiscal para entrar en una espiral alcista.

Aunque es imposible hablar aún de cifras confiables, en privado algunos economistas hablan de 10 puntos porcentuales en los próximos cinco o seis años, lo que implicaría pasar de una deuda previo al estallido estimada en 28% del PIB a 38% del PIB en 2025.

Por de pronto, el Consejo Fiscal Autónomo ya solicitó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, actualizar las estimaciones de balance estructural y evolución de la deuda de mediano plazo, considerando la reciente rebaja en las estimaciones de crecimiento, los costos de la agenda social y el ajuste en la proyección de PIB tendencial a 2,8%. También se espera un nuevo decreto sobre el compromiso fiscal en lo que resta de Gobierno.

Esperando la cuenta

La agenda social impulsada por el Gobierno para hacer frente al estallido social implica mayor gasto público permanente hacia adelante. “Habrá que sincerar el desvío de la meta fiscal que se ha materializado y, por lo tanto, las trayectorias potenciales hacia adelante, junto con el balance estructural de este año y acciones de política como reasignaciones y nuevos tributos que puedan garantizar sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”, plantea el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Juan Pablo Medina.

Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD), afirma que su estimación es que la deuda bruta se acercará al 30% del PIB en 2020, para seguir aumentando lentamente los años siguientes hasta estabilizarse en torno a 31%. Detalla que esto depende del manejo que se haga del financiamiento entre activos (liquidación de recursos del fondo soberano) y pasivos (incremento de la deuda), junto con conseguir ingresos permanentes para los gastos permanentes. “En caso de no obtenerlos, claramente la deuda aumentaría más aceleradamente en todo el horizonte”, advierte.

Añade que otro factor en juego es el desempeño de la economía, “ya que si la actividad cae más de lo considerado y esto se mantiene así por un tiempo más prolongado, los ingresos estimados serán menores a los esperados, por lo que el déficit aumentaría y, consecuentemente, la deuda pública”.

Una estrategia creíble

¿Cómo manejar este giro para generar el menor impacto en la reputación soberana y la confianza de los mercados globales? Según Juan Pablo Medina, quien integró el Consejo Fiscal Asesor entre 2015 y 2018, dado que Chile tiene hoy un bajo nivel de deuda “hay margen para actuar con flexibilidad fiscal”. Esto, a su juicio, podría implicar aumentar la deuda por un período acotado y establecer una transición mientras el financiamiento aún no esté disponible.

Pero advierte que hoy el espacio fiscal es menor que hace una década y que si bien Chile tiene tasas de interés bajas, no se mantendrán en ese nivel. “Todo esto no quita que los gastos en pensiones y salud, por citar solo dos que han sido centrales, requieren financiamiento estable a mediano plazo. No se puede depender de mayor endeudamiento para financiar gastos permanentes”, precisa.

A su juicio, hay un problema reputacional cuando un gobierno requiere mayor flexibilidad fiscal. Ello implica “que los próximos gobiernos sean súper responsables”, lo que es complejo, ya que “siempre se enfrentarán demandas de corto plazo y es difícil reducir gasto, cortar programas y subir impuestos”.

Por eso, plantea que si se camina hacia un mayor endeudamiento, “la gran pregunta es cómo hacemos para que no sea una bola de nieve que crezca sin que la pare nadie y que dificulte en exceso el manejo fiscal de las próximas décadas”. Estima que se debe tener claridad sobre cuál será el ancla fiscal de mediano plazo, lo que se volverá más importante a medida que la deuda del gobierno vaya creciendo.

Convencer a las clasificadoras

Tras las sucesivas rebajas en la clasificación de riesgo por parte de Standards & Poor’s y Fitch en 2017, seguidas por Moody’s en 2018, el Gobierno buscaba recuperar las notas soberanas poniendo sobre la mesa un mayor crecimiento y el compromiso de estabilizar la deuda. Aunque en el mercado prefieren no hablar de la probabilidad de nuevos recortes a la espera de las cifras fiscales oficiales, hay coincidencia en que un alza está descartada.

“Las clasificadoras deberían entender que [ahora] la mayor deuda tendrá un componente de urgencia significativo y, por lo demás, no será tan alta, considerando que su nivel actual es relativamente bajo. Lo que era complicado era tener una deuda que crecía muy rápido sin que hubiera buenas razones para ello”, afirma el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

Su receta es tratar de establecer un programa fiscal claro y creíble a cinco o 10 años, una vez que se definan las necesidades de gasto y las posibilidades de ingresos, “e idealmente, una reestructuración del Estado”, apunta. “Esto hay que ‘vendérselo’ a las clasificadoras para que no bajen la nota”, afirma.

A su juicio, lo fundamental es que la deuda “deje de crecer como porcentaje del PIB en un plazo relativamente cercano y se estabilice en un nivel no muy alto: 45% del PIB, por decir algo. A partir de ahí será necesario ser austeros para tratar de bajar la deuda, pero estamos hablando de 2025 en adelante”. Advierte que el riesgo mayor “es el de populismo desenfrenado y ahí la clasificación va a caer como piano”.