Ofensiva del gran empresariado contra ley que endurece penas de delitos económicos: expertos debaten pros y contras de la iniciativa
En la Crónica Diaria de Radio Pauta, abogados y exautoridades analizan las luces y sombras de la ley que agrava las penas de los delitos de “cuello y corbata”, luego que la CPC recurriera al Tribunal Constitucional.
Una gran polémica generó la decisión de la Confederación y del Comercio, (CPC) de acudir al Tribunal Constitucional (TC) e ingresar un “téngase presente” respecto al proyecto de ley sobre delitos económicos. Esta normativa busca endurecer las sanciones contra el uso de información privilegiada, colusión y corrupción.
El gremio acusa que la iniciativa atenta contra el orden público económico al “seleccionar” a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto. Se endurecen las penas para los llamados delitos “de cuello y corbata”. La decisión de la Confederación llevó a que un grupo de senadores decidiera ir al TC para defender el texto.
Ofensiva del gran empresariado contra ley que endurece penas de delitos económicos: expertos debaten pros y contras de la iniciativa
Uno de ellos es Matías Walker, quien dijo a Radio Pauta que “era una mala señal que el gremio recurra al Tribunal contra un proyecto que busca garantizar la libre competencia, el respeto a las reglas del juego para enriquecerse de manera legítima. También establece sanciones claras contra la contaminación. El gremio llega muy tarde, después de 4 años de discusión”.
Desde la CPC respondieron que “al momento de la tramitación del proyecto hicimos ver nuestra opinión, pero no se consideró. Creemos que la iniciativa vulnera los derechos fundamentales, crea un sistema penal paralelo y atenta contra el orden público económico”.
Andrés Salazar, director (s) de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, dijo que “este procedimiento está institucionalmente regulado, el control preventivo de leyes está en la Constitución, debe hacerlo el TC, y que la CPC vaya y presente sus temores, creo que están ejerciendo un derecho y es sano”. Agregó que “está bien que el Tribunal ponga el foco en todos los aspectos de la ley que puedan ser problemáticos”.
Varios expertos fueron consultados por Radio Pauta respecto a las implicancias y riesgos que tiene el texto. El abogado José Manuel Bustamante (socio de bsvv.cl), experto en Libre Competencia, y Compliance, sostuvo que “reconociendo la importancia que requiere modernizar la regulación en materia de delitos económicos, lo cierto es que la norma que está hoy en el TC presenta una serie de deficiencias. Tal vez la principal es que contiene una serie de ilícitos, delitos, descritos de una manera bastante general, incluso vaga, configurando lo que se denomina una ley penal en blanco, que vulnera garantías básicas en materia de derecho penal y constitucional”.
Por su parte, el exfiscal Carlos Gajardo, sostuvo que “la sanción de clases de ética que tuvieron distintos delitos de mucha gravedad en nuestro país le hizo un grave daño a la convivencia, por eso, de manera transversal, el Congreso aprobó una ley que sanciona mucho más duramente a aquel que comete delitos económicos”. Agregó que “la decisión de la CPC nos parece un grave error y pone de manifiesto una falta de compromiso, para tener un sistema de justicia que cuestione con igual dureza estos actos que tanto daño provocan”.
El abogado especialista en derecho penal económico, Juan Carlos Manríquez, cree que “el proyecto en general recoge las tendencias más modernas en materia de imputación a la persona jurídica, órganos directivos, establece modelos de compliance, y criminaliza conductas que hasta hace poco no estaban descritas”.
“Para algunos, el sistema penal lo que hace es detener la iniciativa de los privados y, por otro lado, la crítica es que siempre estarían respondiendo no los supuestos grandes empresarios o dueños de capital, sino más bien ejecutivos medios. Creo hay puntos que pueden ser perfectibles, pero el resto quedará entregado a la interpretación limitativa que puedan hacer los tribunales”, finalizó Manríquez.
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