Ministro Pardow y cierre de termoeléctricas: “Incluso la meta del 2040 es difícil de cumplir”
En Radio Pauta, el titular de Energía defendió el plan del Gobierno para adelantar el cierre de las centrales a carbón al 2035 y negó que la nueva norma de emisiones haga inviable su operación. Anunció además una ley para acelerar inversiones clave.
En Mercado Central de Radio Pauta, el ministro de Energía, Diego Pardow, respondió a las críticas del sector privado por la actualización de la norma de emisiones y defendió el anuncio del Presidente Gabriel Boric de adelantar el cierre de las termoeléctricas a carbón desde 2040 a 2035.
El ministro Pardow afirmó que “no es efectivo” que las nuevas exigencias hagan inviable la operación de estas plantas, como sostienen empresas como Colbún y Guacolda.
La autoridad explicó que el argumento de inviabilidad fue evaluado técnicamente y no logró persuadir al resto de los organismos involucrados. “La norma no prohíbe el funcionamiento, exige inversiones en infraestructura para reducir emisiones”, señaló.
Gobierno impulsa ley para acelerar reconversión energética y garantizar transición “justa y realista”
El ministro explicó que el objetivo del Gobierno es priorizar las inversiones claves, acelerar permisos y reconvertir instalaciones, lo que será parte de un proyecto de ley que ingresará en el segundo semestre.
“Hoy en día nuestro sistema (…) considera que son exactamente iguales un proyecto de reconversión de una central termoeléctrica que un proyecto de generación, que está geográficamente en otra parte (…) Eso no tiene ningún sentido desde un punto de vista de la organización de los esfuerzos”, dijo.
Consultado por la factibilidad del nuevo plazo, Pardow fue claro e indicó que “incluso la meta del 2040 es difícil de cumplir, pero necesitamos ambición para movilizar recursos”.
También adelantó que la ley incluirá incentivos para proyectos renovables y mecanismos de participación comunitaria: “Queremos garantizar que estas inversiones generen empleos y beneficios locales”. Se espera que la iniciativa legal esté lista en un plazo de cuatro meses.