Reforma de pensiones: Consejo Fiscal Autónomo acusa dos riesgos fiscales que aún requieren medidas de mitigación
En la tramitación de la ley fueron identificados 11 en total. Según el análisis del Consejo, la reforma implica un “aumento significativo del gasto público”.
En la tramitación de la reforma previsional, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) identificó 11 riesgos fiscales que podría provocar la reforma. A casi tres meses de su promulgación, de los 11 riesgos fiscales, seis fueron acogidos íntegramente, tres fueron acogidos de manera parcial, uno no fue acogido y otro está en evaluación.
Justamente los dos riesgos que, en opinión del CFA no han sido abordados completamente, son de alta prioridad para el Consejo. Estos son el asociado a las fuentes de financiamiento del mayor gasto fiscal del proyecto, que tiene directa relación con la recaudación esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario; y la cobertura insuficiente del perímetro de las reglas fiscales por la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) fuera del Gobierno Central.
Por ende, a pesar de que la mayoría de los puntos fueron acogidos, subsisten dos riesgos identificados como de alta prioridad por el Consejo que aún requieren medidas de mitigación.
Sobre las fuentes de financiamiento del mayor gasto fiscal, el CFA propuso partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal, y activar su aumento (ya sea en cobertura o monto de los beneficios) en la medida que se cumplan ciertas condiciones, las que operarían como gatillos automáticos.
En el caso del segundo punto sobre la cobertura insuficiente por al creación del FAPP, el CFA propuso la implementación de mecanismos que permitan que la institucionalidad y las reglas fiscales puedan realizar un monitoreo integral de los riesgos fiscales, en particular de la deuda, incluyendo al Gobierno Central y el fondo de protección previsional.
Así, según el análisis del Consejo, al reforma implica un “aumento significativo del gasto público derivado del alza de las cotizaciones, la ampliación de la cobertura y el incremento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU)”. También, contempla mayores recursos con foco en fortalecer las instituciones responsables de la administración y supervisión del sistema previsional, junto con modificaciones en la recaudación tributaria.
Y es que las estimaciones de la propia Dirección de Presupuestos (Dipres) indican que el efecto fiscal neto de la reforma -considerando tanto mayores gastos como menores ingresos- alcanzaría un 0,37% del PIB en 2027 y un 1,04% del PIB en equilibrio de largo plazo.
El CFA enfatizó que “los riesgos no cubiertos o no adecuadamente cubiertos, siguen requiriendo de la adopción de medidas de mitigación, ya sean las propuestas por el CFA, u otras que cumplan con los mismos objetivos”. Para la entidad, es necesario abordarlas de forma prioritaria.
Es por esto que el CFA recalcó la urgencia de mantener un monitoreo continuo de los riesgos fiscales, sobre todo en un escenario de estrechez presupuestaria como es el que pasa Chile.