Estudio de CLAPES UC estima que delincuencia le cuesta a Chile hasta US$20 mil millones al año en menor actividad económica
Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC, explicó que el aumento del crimen no solo elevó los recursos que hogares y empresas destinan a protegerse, sino que también redujo la actividad económica. Una baja en la tasa de homicidios, sostuvo, podría tener un impacto relevante sobre el PIB.
En Mercado Central de Radio Pauta conversamos con Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC, sobre el impacto que tiene la delincuencia en la economía chilena, tanto por el aumento del gasto en seguridad como por la actividad que deja de realizarse producto del crimen.
Hernández explicó que un primer estudio de CLAPES UC calculó que los recursos destinados a protegerse de la delincuencia alcanzaron un 2,1% del PIB.
El costo de la delincuencia para la economía chilena
Una actualización posterior, que incorporó otros factores, situó el costo cerca del 3%, equivalente a unos US$10 mil millones anuales.
El experto precisó que entre 2000 y 2022 este gasto pasó de 1,4% a 2,1% del PIB y que el incremento provino principalmente del sector privado. A esto se suma un cambio en el tipo de delitos, con hechos más violentos que obligan a hogares y empresas a adoptar mayores medidas de protección.
El impacto de la delincuencia sobre el crecimiento y la inversión
Un segundo estudio de CLAPES UC buscó medir otro efecto: la actividad económica que Chile deja de generar producto de la delincuencia. Hernández puso como ejemplos los restaurantes que cierran más temprano o los colegios que suspenden actividades por narcofunerales.
“Estamos hablando de un costo que fluctúa entre el 4 y el 6% del producto que estamos perdiendo por menos actividad económica. Ahí estamos hablando entre 12 y 20 mil millones de dólares al año”, explicó.
Hernández también advirtió sobre la transformación del fenómeno delictual en Chile. “Nos estamos pareciendo mucho a estos otros países que decíamos, no, si nosotros no somos como ellos”, sostuvo, tras mencionar la presencia de organizaciones criminales, secuestros y delitos que hace dos décadas no eran habituales en el país.
A su juicio, la respuesta institucional enfrenta un desafío de velocidad. “El crimen va más rápido, avanza más rápido que lo que la institucionalidad va avanzando”, afirmó. También mencionó el crecimiento de los delitos informáticos y el mayor gasto empresarial en ciberseguridad.
El impacto de la agenda de seguridad en la inversión y el crecimiento
Respecto de la agenda de seguridad del Gobierno, Hernández señaló que todavía no existen señales suficientes para cambiar las expectativas económicas. “Una vez que se empiecen a dar señales de que la delincuencia va en retirada, posiblemente va a cambiar el ánimo de los inversionistas”, indicó.
Además, estimó que, si las medidas comienzan a implementarse en 2027, sus efectos económicos podrían observarse entre 2028 y 2029. Sobre la megarreforma económica y la agenda de seguridad, resumió: “Se suman, se suman las dos cosas, van las dos de la mano”.