Augusto Iglesias busca puentes con la oposición para viabilizar la reforma de pensiones

El asesor presidencial, que participó en un seminario de Icare sobre el tema, defendió la propuesta de gestión del 4% adicional, pero dijo que hay apertura para recoger nuevas fórmulas en esta materia.

Tras una férrea defensa de los contenidos de la reforma previsional y los principios que la inspiran, el asesor presidencial para pensiones, Augusto Iglesias, entró de lleno a la arena política y planteó un marco para que Gobierno y oposición puedan construir un acuerdo que la viabilice. 

“Hay un espacio de posibilidades para construir un acuerdo en la distancia entre lo que plantea este proyecto y los contenidos de la reforma presentada en 2017”, planteó al intervenir en un foro sobre pensiones organizado por Icare. Con ello, sinceró públicamente una visión que circula hace meses en el mundo técnico involucrado en el proyecto, pero también recogió las posturas diferentes planteadas en el evento por los senadores Andrés Allamand (RN) y Carolina Goic (DC).

No obstante, el economista también advirtió que para llegar a ese escenario, el mundo opositor debe resolver un problema: “Parte importante de la oposición no hace suyo el proyecto de 2017. Ese proyecto fue rechazado e incluso la crítica a sus contenidos se ha acentuado. Si la línea se corrió y tenemos que discutir desde propuestas de cambios más estructurales y radicales, la posibilidad de acuerdo se hace más compleja”, advirtió.

Primer acuerdo a construir

A la hora de listar los nudos del proyecto previsional, estos podrían separarse entre aquellos de principios y los de índole más práctica. En estos últimos, el más relevante es la decisión del Ejecutivo de abrir la opción para que nuevos actores financieros compitan con las AFP por la administracion de la cotización adicional de 4%.

Augusto Iglesias descartó que se trate de un cambio “caro y difícil para los afiliados”, ya que si están en la AFP más barata, podrían tener costos inferiores a la comisión de la AFP más cara incluso pagando una segunda comisión por el 4%. “Lo importante es que haya libertad para los afiliados”, insistió, admitiendo que desde el Gobierno han sido poco efectivos para explicar que esta medida es “un primer intento para que parte de nuestro porfolio de ahorro comience a ser invertido con horizontes de más largo plazo”.

Con todo, confirmó que hay apertura para recoger nuevas fórmulas en esta materia, pero que para sentarse a conversar es clave que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados apruebe la idea de legislar. 

Añadió que también es importante concretar los acuerdos que ya se han evidenciado en torno a elevar la cotización, incentivar jubilaciones más tardías y aumentar el aporte fiscal a las pensiones solidarias.

Principios en negociación

A la hora de abordar cómo acercar posiciones, el senador Andrés Allamand evidenció que no solo se trata de complejidades técnicas, sino de alta significancia política. “Alcanzar acuerdo en una materia con tanta significancia en efectos políticos como pensiones puede significar el éxito o fracaso en futuras contiendas electorales”, sostuvo.

Precisó que por ello defenderán ciertos principios centrales de la centroderecha que se recogen en la iniciativa: propiedad individual de la cotización, libertad para elegir quién administra esos ahorros y promover una mayor competencia en la industria. “Es completamente contraintuitivo que exista un grado tan alto de concentración como el que existe hoy”, opinó. Un punto central, dijo, es que los elementos solidarios se financien vía impuestos y no a través de cotizaciones, ya que esto último es regresivo y se llega al absurdo de que personas de menores rentas transfieran recursos a las de mayores ingresos.

Para la senadora Carolina Goic, el proyecto presentado por la actual administración carece de respaldo suficiente para sacarlo adelante, por lo que pidió avanzar en un financiamiento sustentable en el tiempo, modificar la gestión del 4% (ya que hoy “es un traje a medida de las AFP”) y separar el alza de 10% en las pensiones solidarias, para que llegue ya a las personas.

Afirmó que también es necesario incorporar elementos de solidaridad entre los cotizantes y no sólo de cargo fiscal, “lo que es una forma realista de financiamiento y de hacernos cargo de las actuales y futuras pensiones”. La exprecandidata presidencial insistió en que “no queremos construir un sistema de reparto, pero sí tener algunos componentes de reparto mientras el mayor ahorro del 4% rinde sus frutos, lo que no es lo mismo”.

También presente en el evento, la economista Andrea Repetto planteó que el financiamiento de medidas solidarias “no es más o menos regresivo si se hace con los fondos del Fisco o las cotizaciones de los trabajadores”. Detalló que ya que el sistema tributario es levemente regresivo, emplear esos fondos significa que las personas de menores recursos proporcionalmente ponen un poco más que las de mayores ingresos.

Añadió que la solidaridad financiada con cotizaciones puede ser progresiva, lo que depende del diseño. Ejemplificó con el caso del fondo solidario el seguro de cesantía, al que todos los trabajadores cotizan obligatorimente aunque las reglas de uso se tradujeron en beneficios nulos para los de mayores rentas. “En el proyecto de sala cuna, trabajadores que no tienen hijos tendrán que aportar a financiar ese beneficio a otros trabajadores, independiente de sus rentas”, agregó.

Ligado con lo anterior, la economista insistió en que el financiamiento del proyecto, que demanda US$ 3.500 millones en régimen, no puede depender de holguras fiscales que la Dirección de Presupuesto estima inferiores a los requerimientos del proyecto. Recordó que la reforma del gobierno anterior implicaba un costo fiscal de US$ 2.600 millones en régimen, pero que US$ 1.100 millones provenian de cotizaciones.

Augusto Iglesias se declaró completamente contrario a los sistemas de reparto, ya que son regresivos, porque al recibir más rentas que salarios y existir los topes imponibles, las personas más ricas proporcionalmente pagan menos de sus ingresos que las más pobres y, al vivir más, estarán más tiempo recibiendo los beneficios transferidos. 

Sin embargo, hizo una distinción que puede ser clave para el debate. “Mi crítica al reparto se refiere específicamente a su uso como mecanismo para financiar pensiones, no para asegurar riesgos”, dijo. Explicó que todos los seguros tienen algo de reparto: “Los que no chocamos financiamos a quienes chocan”, ejemplificó. Así, concluyó señalando que “el reparto entendido como mecanismo para proteger riesgos sociales es perfectamente válido. Queda por ver si se puede avanzar en esa dirección”.