Autoridades económicas le quitan el piso a la propuesta de Hacienda por elusión tributaria

El fiscal Nacional Económico y los presidentes del TDLC y de la CMF creen inconveniente integrar una comisión técnica propuesta.

Un importante traspié sufrió la nueva institucionalidad que el Gobierno está proponiendo en materia de combate a la elusión en la Reforma Tributaria, la que se transformará en la primera norma de ese proyecto en ser votada en particular, lo que se prevé ocurra el 28 de mayo. 

Esto, luego de que los titulares de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) estimaron inconveniente integrar la “Comisión Antielusión” propuesta por el Ejecutivo para identificar casos específicos de uso de medios legales para reducir los impuestos a pagar. En la propuesta de Hacienda, esa instancia (que inicialmente funcionaría por 24 meses) también estaría integrada por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y un abogado o académico con 15 años de experiencia en materias tributarias.

Debido a las dudas generadas en torno a la efectividad de esta propuesta, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citó a una sesión especializada sobre el tema este lunes 27 de mayo.

En la cita, las autoridades económicas aludidas valoraron la decisión del Gobierno de buscar fórmulas para aportar mayor certeza jurídica en el ámbito tributario, instalando esta instancia colegiada de alto nivel cuyas decisiones podrían ser recurribles ante los tribunales Tributarios y Aduaneros. Agregaron que este tipo de instancias administrativas ya existen en la institucionalidad chilena con positivos resultados, como ocurre con el Panel Técnico de Concesiones y el Panel de Expertos de la Ley Eléctrica.

Sin embargo, entregaron una serie de consideraciones de fondo que desaconsejan la integración propuesta, más allá del hecho que ninguno de ellos es experto en temas tributarios y las instituciones que dirigen tienen objetivos específicos establecidos en la ley.

El fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, indicó que integrar una instancia como la propuesta “desvirtuaría en parte el carácter persecutor de la FNE” y su misión de promover y defender la libre competencia en los mercados de todo el territorio. Advirtió también que tras investigar hechos que pudieran constituir ilícitos anticompetitivos, la FNE demanda a quienes corresponda ante el TDLC, por lo que desde una perspectiva institucional “no resulta muy adecuado” que quienes lideran estas dos entidades participen en conjunto de una instancia resolutiva como sería la Comisión Antielusión.

Tras describir las múltiples funciones encomendadas por ley a la entidad que dirige, el presidente del TDLC, Enrique Vergara, planteó que si la comisión tiene una carga de trabajo relevante le sería imposible integrarla, menos aun considerando que en los últimos años las causas sometidas a su conocimiento se han triplicado. “Nos desviaría de nuestra misión”, acotó. También alertó sobre el problema que significaría que al conocer casos de empresas investigadas en materia de colusión, se podría configurar una eventual inhabilidad si esas mismas firmas son denunciadas en temas de libre competencia. “Esto implicaría un problema para la integración del tribunal”, advirtió.

Tanto Ricardo Riesco como Enrique Vergara apuntaron a que si se busca sumar representantes con experiencia en el funcionamiento de los mercados y desarrollo de negocios, se podría recurrir a exfiscales nacionales económicos, exministros del TDLC, ex superintendentes de Valores o de Bancos y exconsejeros del Banco Central, entre otros.

Aunque la propuesta del Gobierno apunta a sumar un comisionado de la CMF y no necesariamente a su presidente, quien lidera ese organismo, Joaquín Cortez, planteó que ese cargo “escapa de nuestro mandato legal” y puntualizó algunos obstáculos para esa participación.

Estimó preocupante el hecho que el comisionado que participe en el Comisión Antielusión “puede verse obligado a tomar una decisión que entre en conflicto con el mandato que la ley impone a la CMF en cuanto al cuidado de la estabilidad financiera y de la seguridad y confianza de inversionistas, depositantes y asegurados”. Añadió que debido a que el perímetro de supervisión de la CMF es muy amplio, es posible que la participación del comisionado le haga tomar conocimiento de operaciones de actores regulados que luego se traduzcan en la obligación de inhabilitarse si la misma entidad es revisada en la CMF, y viceversa.

El sí del SII

También intervino en la sesión el subdirector Jurídico del SII, Miguel Zamora, quien destacó que el director del servicio integrará esa comisión y que además se da rango legal a una práctica administrativa vigente, que es el comité interno que revisa los casos de elusión, formado por el director y los subdirectores Jurídico, de Fiscalización y de Normativa.

Pero el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, rechazó la creación de una instancia que “entrega facultades que están en la ley orgánica del SII a personas que no forman parte de la administración tributaria”.

Al comentar estas intervenciones, las reacciones de los parlamentarios fueron diversas. El diputado Patricio Melero (UDI) enfatizó el respaldo de las autoridades a la nueva figura propuesta, más allá de sus reparos sobre sus integrantes; mientras su par José Miguel Ortiz (DC) dijo que votará en contra de esa comisión, ya que “no ayuda en nada”. El presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), acusó a Hacienda de actuar improvisadamente con esta propuesta al no consultar a los organismos respectivos.

Al cierre de la sesión, el ministro de Hacienda (S), Francisco Moreno, declaró escuetamente que “no hay ninguna improvisación” y anunció que antes de la votación el Ejecutivo se hará cargo de lo expresado en esta jornada, lo que fue interpretado por los parlamentarios en el sentido de una nueva propuesta.