Balance presupuestario: lo que queda tras 60 días de debate

La arremetida por pensiones con fórmula al margen de la Constitución probó ser útil frente a un Gobierno debilitado, pero que logró cerrar el debate con acuerdos y más gasto.

En medio de las circunstancias excepcionales que vive Chile, la discusión del Presupuesto 2020 estaba destinada a ser distinta a la de otros años. Esa diferencia se refleja en dos hechos: el alza del gasto fiscal comprometido iniciamente y que se haya llegado tan cerca, a dos horas y media de que se cumpliera el plazo de 60 días que establece la Constitución para despachar ese proyecto de ley.

Más allá del logro de cerrar el Erario con importante acuerdos y de los compromisos asumidos, el debate deja varios temas técnicos y políticos que analizar. Por de pronto, el mercado espera información oficial sobre el nuevo escenario fiscal.

Gasto sube 1,5 puntos

Cuando se presentó, el 26 de septiembre (cuatro días antes que se cumpliera el plazo constitucional), que el gasto creciera 3% para 2020 no fue una sopresa para el mercado; más bien era una cifra esperada. Por eso varios economistas calificaron el Erario como “austero”, aunque desde el Gobierno (partiendo por el Presidente Sebastián Piñera) el adjetivo usado fue “reactivador”. Esto, admitiendo una mayor debilidad de la economía.

Pero tras la aprobación, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que el gasto creció 1,5 puntos porcentuales hasta llegar a un alza de 4,5% anual, fruto de los ajustes que se hicieron para acomodar la agenda social anunciada en medio de la crisis. 

Desde la oposición consideran “un logro” que ahora las partidas que más crecen, según sus cálculos, son aquellas directamente relacionadas con las demandas sociales y las tareas ligadas a la inversión pública que apoya el crecimiento y las pymes: Trabajo y Previsión Social (7,8%), Salud (6,6%), Obras Públicas (6,5%), Ciencia y Tecnología (6,2%) y Economía (5,3%).

El “gallito” de las pensiones

Fue el principal nudo de la tramitación. Como subir las pensiones viene siendo prioritario hace años, en medio de la crisis el Gobierno anunció que se elevarían 20% los beneficios del Pilar Solidario en el marco del Presupuesto.

Pero, sopresivamente, diputados del oficialismo liderados por Ximena Ossandón (RN) propusieron y lograron el respaldo casi unánime de la Sala para elevar ese monto a 50%, aun cuando ello vulneró la facultad exclusiva del Presidente para proponer iniciativas que impliquen gasto y también elevar pensiones.

En el Senado, el Gobierno se allanó a esa cifra pero con tres años de gradualidad asociados a la edad de los beneficiarios, donde quienes tienen 80 años recibirían el aumento en enero de 2020. Finalmente, en la Comisión Mixta para dirimir las diferencias entre diputados y senadores se mantuvo la gradualidad, pero el primer pago se adelantó a diciembre de 2019. Aquello se ejecutará mediante una “ley corta” que se enviará pronto y no en el marco del Erario.

El expediente de aprobar indicaciones inconstitucionales se ha usado en otras ocasiones para presionar por una negociación política, que en este caso resultó fructífera. Se trata de un precedente complejo para un gobierno cuya adhesión popular se ha desplomado.

Recursos repuestos

Otra forma en que los parlamentarios presionan políticamente por diferentes prioridades de gasto es reduciendo los aportes que propone el Ejecutivo. Esto ocurrió en diversas partidas y la mayor parte de los 19 temas que tuvieron que dirimirse en la Comisión Mixta entre ambas cámaras se originaron en estos asuntos.

Uno de los que generó mayor controversia fue la eliminación en la Cámara de la facultad del Ejecutivo de endeudarse por hasta US$ 9.000 millones, lo que finalmente fue repuesto. También fue debatida la reducción de $361 millones a $1 en los gastos reservados de Carabineros, como una crítica al actuar del organismo en materia de derechos humanos. El Ejecutivo repuso el piso mínimo advirtiendo que estaba obligado a ello por la ley orgánica de la institución y que la única forma de eliminar ese ítem era modificando esa normativa.

En Salud, se mantuvo la asignación aprobada por la Cámara de $282 mil millones para el convenio de provisión de prestaciones médicas (compra de “días cama” al sector privado), pero en salud primaria se optó por lo resuelto en el Senado, que elevó el aporte per cápita en $28 mil millones.

Entre otras materias, en Economía se rebajaron de UF 600 mil anuales a UF 300 mil anuales los recursos para préstamos a fondos y sociedades de inversión, y en Medio Ambiente se repusieron los dineros destinados a financiar estudios ($993 millones) y a programas de fiscalización ($870 millones).

{{noticia: 56614}}

Los pendientes en educación

Además de pensiones, otro tema que fue foco de debate fue el de Educación. Entre los acuerdos logrados estuvo el de abrir un espacio para que quienes financiaron su educación superior con el Crédito con Aval del Estado (CAE) puedan renegociar créditos morosos con una tasa anual de 2%, con montos contingentes a los ingresos que reciba el deudor y condonando intereses y multas.

Pero también quedaron compromisos sobre la mesa. Entre ellos, el de establecer una mesa técnica multisectorial destinada a proponer posibles soluciones de los créditos para financiar estudios superiores regulados por distintas leyes (18.591, 19.287, 20.027, y DFL 4, de Educación, de 1981), que deberá entregar sus conclusiones en junio de 2020, el cual se enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Además, también se acordó un equipo de trabajo que al 30 de junio revise las políticas de financiamiento de mediano plazo para fortalecer la educación pública escolar, lo que implicará una modernización del Fondo de Apoyo de Educación Pública (FAEP). Esto, luego de que senadores como Carlos Montes (PS) y Yasna Provoste (DC) exigieran que los recursos para educación pública a todo nivel no sigan cayendo.