Economía

Las tareas pendientes que quedan tras la aprobación del Presupuesto 2020

La sostenibilidad del gasto en el largo plazo, el acceso a mayores bienes públicos y la modernización del Estado son algunas discusiones que quedan latentes.

Agencia Uno

Por Rosario Zanetta B.

Miércoles 27 de noviembre de 2019

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La noche de este 26 de noviembre, y en el límite del plazo permitido de 60 días, el Senado aprobó con 30 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones el Presupuesto para el año 2020. En lo medular, se acordó un aumento del gasto público de 4,5% en lugar del 3% previsto antes del estallido social, según estableció el exministro de Hacienda Felipe Larraín. El nuevo Presupuesto contempla también el uso de US$ 1.400 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social, además de un mayor endeudamiento para hacer frente a las demandas sociales por unos US$ 9.000 millones. El acuerdo se logró en parte porque el Ejecutivo acordó el ingreso de una ley corta para tramitar el aumento de las pensiones del Pilar Básico Solidario. Los incrementos escalonados planteados por el Gobierno según tramos de edad se mantendrán, sin embargo, se adelantan las fechas en que esos pagos se harían efectivos. 

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Balance presupuestario: lo que queda tras 60 días de debate

La arremetida por pensiones con fórmula al margen de la Constitución probó ser útil frente a un Gobierno debilitado, pero que logró cerrar el debate con acuerdos y más gasto.

Macarena Lobos, ex subsecretaria de Hacienda, subraya el carácter extraordinario de la discusión de este Presupuesto, en el sentido de que se debió realizar en medio de la crisis social y con un cambio del ministro de Hacienda durante la negociación. "Efectivamente yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo de flexibilizar sus posturas en temas importantes, para dar respuesta en parte a la agenda social. Sabemos que queda mucho todavía, pero yo reconozco ese esfuerzo que se ha realizado en el Presupuesto 2020", sostiene. Una de las preocupaciones que manifiesta Lobos es precisamente la tramitación de la ley corta de pensiones y el compromiso del Ejecutivo de anticipar los pagos. "Para viabilibizar el apoyo ayer en la comisión mixta, el Ejecutivo comprometió el adelantamiento al pago de este incremento a diciembre de 2019. Lo cual yo creo que va a tener que ser un pago retroactivo, porque si ni siquiera se ha ingresado la ley no veo cómo se pueda implementar el pago. Además, las leyes cortas no necesariamente lo son", apunta Lobos. 

Preocupación por la sostenibilidad

Natalia González, subdirectora de asuntos jurídicos y legislativos del Instituto Libertad y Desarrollo, coincide con que ese adelantamiento en los pagos fue clave para llegar al acuerdo. Sin embargo, su preocupación está puesta en el aumento del gasto desde el 3% previsto originalmente al 4,5%. "Es un incremento bastante importante y hoy día la gran duda, más allá de los recursos para financiar estos incrementos, es la sostenibilidad en el largo plazo de nuestra regla fiscal. En principio pareciera ser que lo que va a ocurrir es que se van a mover los compromisos que se habían adquirido el año pasado, para ir reduciendo el déficit, pero vamos a ver si no solamente se mueven, sino que si van a ser cumplibles, porque la presión de gasto no es solamente en estas materias", cuestiona González. 

La preocupación por la sostenibilidad en el largo plazo es algo que Lobos comparte. "Yo creo que hay que dimensionar cómo se financia en lo inmediato y como decía Natalia, la sostenibilidad yo creo que es muy importante", sostiene Lobos. "Eso nos abre a un debate mucho más amplio que tiene que ver con el tema tributario", plantea. En esa línea, la abogada sostiene que si bien el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llegó a un acuerdo en esa materia –que entre otras cosas crea un nuevo tramo impositivo y grava el patrimonio inmobiliario sobre cierto monto–, se necesitarán más medidas que generen recursos. "Sin duda es totalmente insuficiente para el nivel de demanda de bienes públicos que necesitamos", señala, y plantea que discutir las exenciones y otros temas podría ser una alternativa. "Porque en definitiva, para poder garantizar la sostenibilidad en el tiempo hoy día podemos recurrir al endeudamiento, podemos ver cómo va a ser la convergencia del balance, pero eso no te garantiza la sostenibilidad, que es clave para que tú tengas ingresos permanentes para sostener gastos permanentes, que son incrementales, por cierto", comenta Lobos.

 

Más y mejores bienes públicos

Es a propósito del aumento de la carga tributaria que Natalia González plantea la pregunta de lo que los ciudadanos reciben a cambio de pagar cada vez mayores impuestos. "Nosotros pagamos impuestos, pero no recibimos necesariamente bienes públicos de calidad. Lo que uno observa en otras naciones más desarrolladas es que efectivamente la carga tributaria es más elevada que en Chile, pero lo que también obsevamos en general en esos países es que los bienes públicos que recibe la ciudadanía de vuelta también son de mayor calidad", sostiene González. "Recaudamos, ¿pero para qué? ¿Recaudamos pero para pagar mayores salarios a los funcionarios públicos?", se pregunta la abogada en alusión a la próxima discusión del reajuste para los sueldos del sector público.

Modernización del Estado

Lobos también coincide con la necesidad de hacer más eficiente el gasto y aplaude las declaraciones del ministro Briones en el sentido de hacer valer las evaluaciones de los programas que impulsa el Gobierno y que no están siendo efectivos. En esa línea, Lobos hace hincapié en la necesidad de avanzar en un tema que a su juicio normalmente queda abandonado y rezagado: la modernización del Estado. "Ese es un tema que es clave para estos efectos", asegura Lobos, y agrega que es un debate que habrá que enfrentar. 

Respecto de las evaluaciones de los programas de Gobierno, González asegura que hoy en día existe cierta institucionalidad dedicada a la revisión de los programas, como lo son la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales analizan ex ante y ex post el gasto en estas iniciativas. "Pero la verdad es que cuando uno mira esas evaluaciones mucho de los programas están mal evaluados y siguen siendo financiados", apunta González, quien destaca como ejemplos los casos de algunos programas de la Conadi y el uso de recusos en Cultura. "Creo que modernizar la forma como se gastan los recursos del Estado es un punto. Otro punto es el tema del empleo público. Lo hemos propuesto los centros de estudios. Cómo llevar no solamente gente más meritoria dentro del Estado, sino cómo hacer para que haya más movilidad, no haya 'apernamiento' dentro del Estado, exista la posibilidad de crecimiento profesional dentro del Estado. Cómo hacer más inteligente los servicios del Estado", concluye la abogada. 

Vea la conversación completa en PAUTA Bloomberg acá:

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