CChC proyecta que inversión en construcción caería un 5,3% en 2023

Para enfrentar el “complejo escenario” del sector, el gremio propone, entre otras cosas, cambiar el enfoque de la reforma tributaria, avanzar en la agenda de productividad del Gobierno, destrabar las iniciativas de inversión y entregar certeza jurídica a los permisos de obras.

Este viernes 14 de octubre, la Cámara Chilena de la Construcción, CChC (entidad controladora de PAUTA) dio a conocer el estudio Mach 62, que reveló que la inversión en construcción podría experimentar una fuerte contracción en 2023.

Según el gremio constructor, el próximo año, la inversión en el sector retrocedería 5,3% en comparación con este 2022, en que, a su vez, anotaría una caída de 4%. Así, aunque no de manera consecutiva, se suman cinco años con cifras negativas en el rubro considerando el período 2016-2023.

El gerente de Estudios y Políticas Públicas de CChC, Nicolás León, explicó que el fuerte retroceso en 2023 “se explicaría por la significativa postergación de proyectos de infraestructura productiva –y, por ende, del gasto en construcción que traen aparejados–, en especial del sector Minería, tal como ha informado la Corporación de Bienes de Capital (CBC)”. 

De hecho, en 2023 la inversión en infraestructura productiva, cuyo principal componente es la minería, se contraería 38% respecto de este año, mientras que el gasto en construcción retrocedería 37% en 12 meses, lo que no logrará ser compensado por la inversión pública.

“El escenario es preocupante”

Las cifras de inversión confirman un escenario que, según la gerenta general del gremio, Paula Urenda, es “preocupante”. “A la incertidumbre político-regulatoria se suma el alto precio de los materiales, la caída de la demanda inmobiliaria –por las mayores dificultades para acceder a un crédito hipotecario– y los problemas de las empresas para conseguir financiamiento”, argumentó Urenda.

“Esto ocurre en un contexto de gran burocracia, baja productividad y creciente pérdida de certeza jurídica, ya que no hay permisos ni aprobaciones que hoy aseguren que un proyecto se va a poder ejecutar con relativa normalidad”, agregó la ejecutiva.

La situación global, que CChC atribuye a los efectos de la pandemia y “del estallido social”, ha provocado, según el conglomerado, entre otras cosas, la quiebra y reorganización de empresas, pérdidas de empleo, daño a la cadena de proveedores, proyectos abandonados, detenidos o con múltiples problemas para seguir desarrollándose y más presión sobre el déficit habitacional y de infraestructura.

Las seis propuestas del gremio constructor

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, aseguró que “ante una situación como la que estamos viviendo, la colaboración entre el mundo público y privado es fundamental”. En ese sentido, presentó una propuesta que incluye seis medidas que “el Estado debiera implementar con la urgencia que esta situación demanda”.

El primer punto es asegurar el pago oportuno por servicios prestados, disminuir los tiempos de recepción en las Direcciones de Obras Municipales y reponer la certeza jurídica de los permisos. Errázuriz sostuvo que “las empresas están siendo bastante afectadas por la tramitología y la burocracia, especialmente en todos los proyectos que se construyen y se requieren pagos por los servicios prestados. Hay empresas del Estado involucradas en ello […]. La recepción de obras, por otro lado, puede demorarse hasta un año, estando las construcciones terminadas”.

Sobre los permisos, el presidente del gremio apuntó que “los permisos de edificación, las medidas y estudios de impacto ambiental se tienen que respetar durante la ejecución de los proyectos. Eso hoy no pasa, porque los permisos no son a firme”.

La segunda medida que propone CChC es destrabar las iniciativas de inversión en curso que enfrentan dificultades para su desarrollo o entrega final por decisiones de distintos organismos públicos. “Estamos empezando con el Ministerio de Economía un trabajo en los nudos críticos. Hoy tenemos muchos nudos críticos que impactan en la inversión en el país. Tenemos que ser capaces de ver de qué manera los destrabamos”, señaló Antonio Errázuriz.

El tercer punto es aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución, afectados por el fuerte aumento del precio de los materiales, ya que, según el gremio, el costo de los insumos ha subido un 37%. “De otra manera, es imposible resistir para las empresas”, reconoció el presidente de CChC.

En cuarto lugar, el conglomerado propone la creación de una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción -que no califican para Fogape- y mejorar el actual mecanismo de reorganización judicial, para organizaciones que estén en situación de insolvencia económica.

La quinta propuesta de la Cámara Chilena de la Construcción es profundizar la agenda de productividad impulsada por el Gobierno. Según Errázuriz, “esta es una severa debilidad que tenemos como país y como sector […]. La productividad del sector es muy baja […] y afecta mucho lo que se hace con el dinero disponible”. En ese sentido, aseguró que “una buena parte de esa improductividad viene de una regulación excesiva, de ventanillas múltiples, de proyectos con incerteza jurídica […]. Esta es una tarea que no la podemos enfrentar solos, necesitamos al Estado”.

Finalmente, el gremio propone un cambio en el enfoque de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, que ponga el énfasis en fomentar la inversión y aumentar la productividad. “Nosotros estamos de acuerdo con que el Estado necesita disponer de los fondos para financiar programas sociales, pero la forma de recaudar los fondos es más a través de la inversión que de la reforma que se está planteando”, dijo el líder de CChC.

Antonio Errázuriz profundizó que “creemos que es compleja la reforma tributaria tal cual la ha presentado el Gobierno, y se necesitan algunos ajustes de manera que se propicie y se incentive el mejorar la inversión en el país”. Paula Urenda, por su parte, advirtió que es muy probable que la reforma afecte al 90% de los empleos del sector construcción.