Economía

Los problemas detectados por la FNE en las compras públicas

El organismo que defiende la libre competencia advierte sobre ineficiencias, riesgos y un débil control en un mercado que mueve US$ 10 mil millones anuales,

Acopio de cajas de alimentos adquiridas por el Gobierno para distribuir en la emergencia. Crédito: Agencia Uno

Acopio de cajas de alimentos adquiridas por el Gobierno para distribuir en la emergencia. Crédito: Agencia Uno

Por Marcela Gómez

Miércoles 26 de agosto de 2020

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No es una sorpresa. Tanto la Comisión Engel, el Observatorio Fiscal y el propio ChileCompra han planteado la necesidad de ajustes significativos al sistema de compras públicas, que anualmente implica desembolsos en torno a US$ 10 mil millones. Ahora la Fiscalía Nacional Económica(FNE), en su informe preliminar sobre compras públicas, revela múltiples deficiencias y situaciones que atentan contra la libre competencia.

"El sistema de compras públicas de Chile ha cumplido su ciclo y se necesita una reforma que lo modernice para que el Estado pueda elegir y enfrentar mercados competitivos, obteniendo así ahorros muy sustantivos", planteó el fiscal Ricardo Riesco al entregar los resultados de la investigación. Tras recibir comentarios del público, el estudio será enviado como recomendación al Ministerio de Hacienda.

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La FNE analizó una muestra representativa de cómo los diversos organismos públicos compran lo que necesitan para cumplir sus objetivos, bajo las distintas modalidades.  El resultado: un gran volumen de actos administrativos (solo en licitaciones son unas 500 mil anuales) con mecanismos de control inexistentes o sobrepasados, que implican costos más altos, ineficiencias y riesgos de corrupción, para no hablar de los peligros en materia de libre competencia.

Problemas en las compras

Las distintas reparticiones del Estado compran mediante licitaciones públicas, eligiendo proveedores en los llamados "convenios marco" (que agrupan a empresas preseleccionadas del mismo rubro) o excepcionalmente mediante trato directo, para lo cual deben cumplirse ciertas condiciones.

Y aunque un uso más masivo de las licitaciones indicaría mayor competencia, la investigación detalla que en el 40% de licitaciones hubo dos o menos competidores. Esto responde a una planificación deficiente de las compras y  limitaciones a la competencia que se establecen en las bases. Por ejemplo, se licita la adquisición de lápices, pero se exige una marca determinada, país de origen o cierta calidad pero sin definirla, lo que queda al arbitrio del comprador.

En el caso de los convenio marco, que buscan agilizar los procesos de compra, la FNE estima que "no han funcionado de manera competitiva". De hecho, 78% de las empresas postulantes a integrar un convenio marco son seleccionadas, lo que implica que no es necesario ofrecer precios bajos para ser parte. El organismo estima que un diseño que priorice la libre competencia para este tipo de convenios podría haber ahorrado entre US$ 240 millones y US$ 805 millones anuales al Estado.

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El trato directo, que por definición no es un mecanismo competitivo, tiene aun más problemas. En el 58% de los casos analizados, los organismos públicos incumplieron el estándar que permite justificar su uso, acudiendo a esta fórmula por mala planificación o por favoritismo. El fiscal Riesco sostuvo que  restringir el uso de esta modalidad de compra "generaría ahorros y seguramente, además, menores riesgos de otros ilícitos".

Control precario

La FNE sugiere diversos ajustes para mejorar los mecanismos de compra, pero también para fortalecer la institucionalidad. Esto porque el sistema de control y monitoreo de los procesos de compra realizados por las entidades públicas afectas a la Ley N°19.886 aparece sobrepasado.

Tras detectar diversos incumplimientos respecto de las obligaciones legales, normativas y establecidas en dictámenes de la Contraloría respecto de las compras públicas, la FNE no encontró registros públicos de sanciones a funcionarios públicos que las infringieron. O no existen sanciones, o no son públicas o la fiscalización es insuficiente. 

Sobre este tema, Ricardo Riesco propone dotar a ChileCompra de facultades regulatorias. Al carecer de ellas, en la actualidad "todas las instrucciones que emite son más bien de carácter voluntario para los organismos públicos". También plantea diversas opciones para robustecer el sistema de fiscalización, que junto a la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento "son esenciales para que se cumpla en forma efectiva cualquier regla que se emita".

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Un tema no menor y de futuro: la urgente modernización de la plataforma de compras públicas, que no fue diseñado con una lógica digital sino más bien de papel, con contratos que se escanean y se suben, por ejemplo. Es clave, dice el texto, avanzar en que toda la documentación esté en formatos interpretables por computadores para evitar inconsistencias, simplificar procesos, además de reducir los tiempos y costos.

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