Economía

"No pasa nada": la amarga queja del contralor por el destino de los sumarios administrativos

Jorge Bermúdez deplora que que hoy pocos casos reciban sanciones. Avanza la figura del denunciante anónimo.

Crédito: Pixabay

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Por Marcela Gómez

Sábado 27 de junio de 2020

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Un conjunto de mejoramientos al proyecto de ley que crea un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos de corrupción planteó el contralor Jorge Bermúdez, quien alertó sobre la urgencia de potenciar medidas para fortalecer la probidad, materia en la que Chile muestra retrocesos.

"En los rankings internacionales ya no somos el primer país de la región en materia de integridad, porque nos gana Uruguay; y ya estamos cerca del tercero, que es Costa Rica", sostuvo este jueves 25 de junio ante el Congreso.

El proyecto plantea crear un canal de denuncias electrónico en la Contraloría General de la República (CGR), que asegurará la reserva de la identidad a quien entregue información sobre faltas a la probidad en el Estado y protección ante eventuales represalias. Ambos resguardos se otorgan a todas las personas que trabajen para el Estado, sin distinguir por tipo de contrato. En el caso de los ciudadanos, las medidas operan cuando se trata de causas penales.

Sin exclusiones

Al intervenir en la sesión de las Comisiones Unidas de Gobierno y Constitución de la Cámara de Diputados, el contralor llamó a revisar en detalle algunas normas del proyecto, incluido en la Agenda Antiabusos del Ejecutivo.

Entre ellas, que excluye de su aplicación a empresas públicas y sociedades anónimas del Estado (como Codelco, Metro y empresas portuarias, entre otras). También quedarían exceptuadas las municipalidades, gobiernos regionales y las corporaciones y fundaciones creadas a nivel local para colaborar en la gestión de los municipios.

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El ministro de Justicia, Hernán Larraín, también presente en la sesión, dijo que hay apertura a incorporar a las empresas publicas y enfatizó que "no es el propósito del proyecto excluir a municipalidades, precisamente porque son uno de los órganos donde más actos de corrupción se comenten". Añadió que igual disposición existe en el caso de las corporaciones.

Reducir la impunidad

Otra área de mejoramiento que planteó Jorge Bermúdez se relaciona con la investigación y sanción cuando se identifican faltas (los delitos van a justicia penal). Esto porque el proyecto establece que, tras conocer la denuncia, la CGR puede investigar el caso o bien ordenar al propio servicio involucrado que realice el sumario.

El contralor mostró cifras que evidencian la baja eficacia de los procesos sancionatorios realizados por los servicios. En los últimos cuatro años, la CGR ha ordenado a servicios públicos y municipios instruir 4.550 sumarios, de los cuales a la fecha solo 523 han concluido. "Cuando hay cambio de autoridades, cuando cambia el intendente, el alcalde, hay muy poco incentivo a seguir adelante [con los sumarios]", sostuvo Bermúdez. Entre los casos concluidos, en menos del 5% se aplicaron sanciones y éstas, en general se trataron de reproches menores.

"Si esto se llevara a valor económico, probablemente no valía la pena hacer los sumarios por  la cantidad de tiempos, trámites y malos ratos", comentó.

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Este estándar, dijo, contrasta con los sumarios realizados por la CGR. En el mismo lapso se instruyeron 2.025 investigaciones, de las cuales 1.137 ya está concluida. Pero esta mayor eficiencia se pierde al considerar que la CGR solo puede proponer sanciones al servicio, no aplicarlas directamente. A la fecha solo se han aplicado sanciones en el 58% de los casos terminados, porque en el resto "las autoridades aún no hacen nada, porque muchas veces se espera, y si viene el cambio de autoridad se espera más todavía", añadió la autoridad contralora.

Peor aun: hay 98 casos en que se aplicó una sanción más baja que la propuesta por CGR y en 84 casos de alcaldes en que se acreditó responsabilidad en actos reñidos con la probidad, "no pasó nada, porque  el concejo municipal, en uso de sus atribuciones, tomó la decisión de no aplicar sanciones".

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En esta materia, el ministro Larraín planteó que el proyecto exige una resolución fundada para que el servicio modifique la propuesta de sanción que hace la CGR. "Pero además se puede  fijar un plazo para que el organismo determine la sanción que se aplicará. Eso evitaría que cuando lleguen estos sumarios, se guarden en cajón de los recuerdos y queden en la impunidad".

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