Debuta garantía estatal por quiebra para 2.536 pensionados

Rentas vitalicias de la única aseguradora que ha quebrado en Chile comenzarán a ser pagadas por el Estado. Menos de la mitad de los afectados vería reducida la pensión.

La aseguradora Le Mans es la única compañía de seguros de vida que ha quebrado en el país. Esto ocurrió hace 15 años y en ese momento la compañía tenía 3.164 pólizas de rentas vitalicias. Desde esa fecha, esas pensiones “han sido pagadas ininterrumpidamente y en forma íntegra por el 100% de lo que estaba pactado originalmente con la compañía de seguros”, informó a PAUTA la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el regulador del mercado de valores y seguros. Pero a partir de marzo de 2019 ese escenario cambiará.

El 21 de enero pasado, quienes reciben dichas rentas comenzarona recibir una carta del síndico de quiebras de la desaparecida compañía de seguros Le Mans, Fernando Pérez. Les informó que a partir de marzo las pensiones comenzarán a ser pagadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), la agencia encargada del pago de beneficios sociales y previsionales estatales.

La carta del síndico explica que no se trata sólo de un cambio de la caja pagadora. “Como se informó en comunicaciones previas, si bien la póliza sigue siendo vitalicia, el monto será ajustado por aplicación del límite de la garantía estatal por quiebra”, señala. Se trata de una norma del Decreto Ley 3.500, de 1980 (que creó el sistema de pensiones), que nunca ha sido usada y que busca proteger precisamente a los afectados por situaciones de insolvencia de la AFP que paga su pensión o de la compañía de seguros en caso de las rentas vitalicias.

La duda del conjunto de los afectados es si este ajuste podría afectar los montos de las pensiones que están recibiendo.

El efecto en los pensionados afectados

De acuerdo con el funcionamiento de la garantía estatal por quiebra, quienes perciban montos bajo la pensión mínima (que varía con la edad, pero actualmente van desde $138 mil a $161 mil) serán equiparados a esta. Si bien quienes estén en este caso podrían verse beneficiados, otra cosa ocurre con quienes reciben rentas vitalicias sobre ese monto, ya que la garantía estatal tiene un límite. Se dibuja así: cubre el monto de la pensión mínima más un 75% del exceso sobre eso, con tope mensual de 45 UF (aproximadamente $1,2 millones).

“No es posible en este momento señalar el número exacto de personas que verán reducidas sus pensiones a contar de marzo”, sostuvo la CMF ante preguntas de este medio. Explicó que el monto final que recibirán los pensionados de Le Mans tiene varios componentes: la garantía estatal por quiebra que será determinada por la Superintendencia de Pensiones (SP), que se suma a otros beneficios estatales como el Aporte Previsional Solidario (APS) que será determinado por el IPS.

El grupo inicial de afectados se ha reducido en un 20% con el paso de los años y a diciembre de 2018 sumaban 2.536 adultos mayores, según informó la CMF. El regulador precisó que “según las estimaciones iniciales elaboradas conjuntamente con las entidades señaladas anteriormente, más del 50% de los beneficiarios no verían disminuido el monto total a recibir”. Aunque se trata de un porcentaje bajísimo respecto de las 610.606 rentas vitalicias pagadas por el mercado asegurador en diciembre, el impacto en cada persona es muy relevante al tratarse de sus ingresos de subsistencia.

Cómo se gatilló la garantía

El fraude que llevó a la quiebra a Inverlink Capitales remeció al mercado financiero en 2003: el holding era integrado por AFP Magister, compañía de seguros Le Mans, isapre Vida Plena y clínica Las Lilas. La entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, la antecesora de la CMF) intervino Le Mans, la que en 2004 fue declarada en quiebra. Esta decisión y la gestión del síndico permitieron resguardar los recursos remanentes de Le Mans y mantener los pagos de las pólizas de rentas vitalicias contratadas.

En una primera etapa, las pensiones fueron pagadas por la compañía intervenida y luego por el síndico de quiebra. En febrero de 2008, aplicando el mecanismo de traspaso de cartera contemplado en la Ley de Seguros, se licitó el pago de las rentas vitalicias de Le Mans, con el objeto de lograr el 100% de los pagos mensuales por la mayor cantidad de tiempo con los recursos disponibles.

Bajo este criterio, la cartera fue adjudicada a la compañía de seguros Euroamérica, la cual comprometió dichos pagos hasta mayo de 2018. El síndico en su misiva detalla que en marzo de 2011 se recuperaron otros activos que permitieron extender los pagos íntegros de las pólizas hasta febrero de 2019. “Habiéndose agotado los recursos disponibles y el plazo pactado, a contar de marzo entrará a operar la garantía estatal por quiebra”, explicaron desde la CMF.

Los pensionados afectados pueden consultar sobre su situación en la CMF, que tiene un completo resumen del caso y orientación sobre dónde buscar información. Desde el 15 de marzo, podrán consultar presencialmente en las oficinas IPS o en su plataforma en internet el monto de la pensión que recibirán a contar de ese mes.

Evitando nuevos casos

La quiebra de una compañía de seguros de vida, particularmente una que vende rentas vitalicias, es una situación muy compleja en cualquier economía. A la hora de evitar que una situación como esta se repita, no hay ninguna supervisión en el mundo que pueda eliminar la ocurrencia de delitos que se traduzcan en insolvencia. Lo importante es que existan mecanismos robustos que permitan mitigar el daño, sancionar a los responsables y resguardar los intereses de los asegurados.

Desde la CMF destacan que la ley aplicable a la industria de seguros se ha fortalecido en los últimos 15 años, con “instancias y procedimientos normativos y atribuciones al supervisor que permiten monitorear en forma constante el cumplimiento de los niveles mínimos de solvencia de las compañías, así como medidas y mecanismos de resolución en caso que se presenten problemas o riesgo de insolvencia”.

Agregan que, complementariamente, están en un proceso permanente de perfeccionamiento de su marco normativo que busca reforzar los procesos de fiscalización y robustecer el estándar de las compañías en materia de gobiernos corporativos, en cuanto a las responsabilidades de gestión y administración. También se apunta a fortalecer el rol de los auditores externos, que al evaluar la realidad financiera de la compañía con una visión independiente contribuyen a mitigar eventuales riesgos.

También destacan que la CMF envió al Ministerio de Hacienda una propuesta para el proyecto de ley de Supervisión Basada en Riesgos para compañías de seguros. La iniciativa, que “ingresará prontamente al Congreso, perfecciona el marco legal vigente con una óptica preventiva, otorgando atribuciones adicionales al supervisor frente a situaciones de este tipo, previo a que ocurran”, aseguran.

Mire la presentación de este tema en Primera Pauta: