Economía

El complejo cambio al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas

Alusiones del comandante en Jefe del Ejército a "defender las pensiones con dientes y muelas" se dan en medio de anuncios de cambios a un sistema costoso y donde recientemente se detectó un conjunto de irregularidades.

Agencia Uno

Por Marcela Gómez

Sábado 24 de noviembre de 2018

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Aunque los casos de efectivos del Ejército involucrados en venta de armas a delincuentes han sido lo que generó mayor alarma, la filtración del discurso del comandante en Jefe de la institución, general Ricardo Martínez, también contenía otro tema complejo: tras admitir que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas “es insostenible” en la actual realidad del país, el alto oficial afirmó que las pensiones de los uniformados “hay que cuidarlas con dientes y muelas”.

Aludiendo a los cambios que prepara el Gobierno, sostuvo que “si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo”. En una entrevista el general explicó que el Ejército que con “defender las pensiones” se refería a que los militares “realizan un servicio 24/7 sin que les paguen horas extra, con traslados a distintos lugares”. Por eso, dijo, es importante que al concluir su carrera “se vean, en cierta manera, reconocidos por el Estado a través de esas pensiones”.

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El general Martínez dijo que había intentado que no se realicen los juicios de cuentas por los gastos improcedentes en el Ejército detectados por la Contraloría. Pero en la reunión entre ambos el tema no se trató y ahora Bermúdez planifica 2019 con más énfasis en Defensa.

¿Cuál es la esencia de las pensiones de las Fuerzas Armadas? En simple, mantener el carácter de reparto que tiene ese sistema, donde el peso del financiamiento recae en el Estado y se aseguran tasas de reemplazo equivalentes al 75% del último salario al jubilar con 20 años de servicio (mínimo a partir del cual pueden pasar a retiro) y de 100% a partir de los 30 años de servicio. Esto, a diferencia del sistema de AFP para el resto de la población basado en el ahorro individual y con pensiones proporcionales a los montos acumulados y no a los últimos salarios. La excepción del mundo civil ocurre en el caso de los grupos más vulnerables, que pueden percibir montos mínimos garantizados por el Estado.

Otra diferencia entre ambos regímenes es que los uniformados cotizan por el 6% de su remuneración y los civiles, por el 10%, tasa que la reforma previsional que presentó el Gobierno incrementa gradualmente a 14%.

Cambios en análisis

En agosto 2017, al presentar su reforma previsional, la expresidenta Michelle Bachelet instruyó a los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Trabajo estudiar el régimen de jubilación de las Fuerzas Armadas y elaborar "en conjunto una propuesta en un plazo de 45 días”. Esto, tras señalar que “existen distorsiones en las pensiones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad que deben ser corregidas mediante un cambio legal”.

De este modo, aludía a un conjunto de situaciones irregulares que se fueron sumando y que habían causado gran debate público, entre ellas las pensiones millonarias que recibían exfuncionarios de Gendarmería y también directivos de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena, la entidad que aprueba y paga las pensiones de las Fuerzas Armadas); y las malas prácticas para abultar pensiones pagadas por la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca). Se sumaron las serias anomalías detectadas en las pensiones por incapacidad y los casos de dobles jubilaciones que, según una investigación de PAUTA, inflan los montos a recibir al momento del retiro.

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El trabajo técnico solicitado por la expresidenta Bachelet concluyó en enero de 2018 con un informe que no es de dominio público, aunque sí está en poder de las carteras involucradas y ha sido considerado por el Ministerio de Defensa en el análisis de futuros cambios.

La cartera trabaja en una modernización de la carrera militar para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Hoy la carrera dura un máximo de 38 años de servicio, y se apunta a extenderla entre tres a cinco años con el doble propósito de retener a personal altamente entrenado y contener el gasto fiscal en pensiones para uniformados que están en plena actividad. Ello implicaría también elevar los años de servicio requeridos para obtener una pensión igual al último sueldo.

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Los cambios, en todo caso, sólo afectarían al personal que está ingresando a la carrera militar y no a quienes hoy están en servicio.

Déficit proyectado

Además de corregir distorsiones y terminar con las irregularidades, otro desafío en materia previsional es contener el gasto público involucrado. En el pilar solidario de pensiones, que beneficia 1,4 millones de personas pertenecientes al 60% más vulnerable de la población, el Fisco desembolsa en torno a 0,8% del PIB anual. En las pensiones de los uniformados el gasto hoy es levemente inferior, pero en este caso se trata de beneficios para un grupo más reducido, en torno a 276 mil personas considerando los pensionados y sus cargas.

El costo fiscal es el componente clave del funcionamiento del régimen previsional de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el caso de las pensiones de Capredena, el 85% del gasto lo aporta el Estado, monto que en el presupuesto del año en curso llega a US$ 1.580 millones. El resto se financia con las cotizaciones de los uniformados.

Las proyecciones indican que hacia adelante este sistema enfrentará problemas de financiamiento, porque la carga para el Estado será mayor y los aportes de las cotizaciones comparativamente bajarán. Así lo revela un estudio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de diciembre de 2012 sobre el funcionamiento del régimen previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, además de proyectar los escenarios fiscales que enfrentará para el periodo 2012-2050.

Los resultados describen la fuerte presión fiscal que representan estos sistemas de pensiones “en los cuales las cotizaciones previsionales financian en torno al 10% del gasto y cuyo déficit en 2011 fue cercano a 1% del PIB (suma de ambos sistemas)”. En cuanto a las proyecciones, Dipres advierte que el sistema administrado por Dipreca “presenta una situación más crítica debido al efecto que tendrán en el futuro los fuertes aumentos de dotación” de Carabineros, que creció un 40% entre 2005 y 2015.

“De este modo, se estima que entre los años 2011-2050 el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentará en Dipreca a tasas promedio del 6% anual, ubicándose en torno a US$ 7.921 millones en 2050. El déficit de Dipreca se incrementaría así para el año 2050 a 0,7% del PIB sin modificaciones”, señala el documento.

Al analizar la situación en su conjunto, se describe que, en el caso de las Fuerzas Armadas, el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentará en 2,6% promedio anual, llegando en torno a US$ 4.200 millones en 2050. En el caso del régimen previsional para Carabineros, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería, la proyección de Dipres apunta a que el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentaría en 6% promedio anual, ubicándose en torno a US$ 7.921 millones en 2050.

A modo de comparación, la reforma previsional que presentó el Gobierno tendrá un costo de US$ 3.500 millones adicionales en régimen lo que se proyecta ocurrirá en 2030. La cifra equivale a 1,3% del PIB. Se suma el gasto de arrastre del pilar solidario para el 60% más vulnerable de la población, que el proyecto de ley estima en 0,8% a 2018.

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