Economía

El Fondo de Infraestructura afina su modelo de negocios

Las rutas concesionadas que forman el patrimonio de esta nueva empresa pública no serán traspasadas mientras no se aprueben ajustes a la ley. Su gerente general, Juan Carlos Jobet, despejó dudas sobre su operación.

Autopista concesionada. Crédito: Agencia Uno

Por Marcela Gómez

Jueves 28 de marzo de 2019

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Las dudas del sector privado sobre la misión y actividades que desplegará el Fondo de Infraestructura, la nueva empresa pública cuyo directorio se nombró en diciembre de 2018, comenzaron a despejarse. Ello durante la primera presentación pública de su gerente general, Juan Carlos Jobet, quien secundó al ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, en un seminario especializado sobre infraestructura convocado por Libertad y Desarrollo este jueves 28 de marzo.

En la cita, el ministro ratificó que espera este trimestre enviar al Congreso un proyecto que contenga un conjunto de modificaciones que apuntan a corregir algunas "incertidumbres" que el sector privado percibe en la ley que creó el fondo. Entre ellas, corregir algunos aspectos del uso de la prenda en el financiamiento de las concesiones y precisar mejor el rol que cumplirá como contraparte de los privados respecto de los contratos de concesión.

Juan Carlos Jobet agregó que la ley actual "tiene algunos problemas que hacen pensar que no es razonable aportar las concesiones al Fondo de Infraestructura hoy". Ejemplificó señalando que el Ministerio de Obras Públicas va a relicitar el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 "y la idea es que se aporte al fondo una vez que esos perfeccionamientos a la ley estén, que baje la incertidumbre que tiene hoy para los concesionarios".

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El destino de los peajes cuando se cumpla el plazo de las concesiones

El nuevo Fondo de Infraestructura seguirá explotando las rutas para financiar nuevas obras. Expertos coinciden que reducir o eliminar peajes no es equitativo ni sustentable.

El dato no es menor, porque los activos iniciales de Foinsa (como se denomina la nueva empresa) están constituidos por las rutas y carreteras, hoy concesionadas, que se aportan al fondo para que las explote cuando concluya el periodo de concesión. Algo que, como señala el ejecutivo, no ocurrirá hasta que la reforma legal sea aprobada.

La relicitación de Talca-Chillán, cuyo llamado partirá en mayo próximo y que involucra recursos por US$ 796 millones, es solo uno de los 10 proyectos de infraestructura vial cuyas concesiones vencen en la próxima década y que el MOP planifica relicitar desde ahora y hasta 2023. 

Espacio para los privados

Ingeniero comercial UC, con experiencia en el sector público y privado (exsubsecretario de Vivienda, exministro del Trabajo y expresidente de AFP Capital), Juan Carlos Jobet (RN) asumió el 4 de enero de 2019 como gerente general de Foinsa, una empresa que hay que levantar de cero.

Por de pronto, ya se avanza en importantes definiciones para su funcionamiento. Algo central que el ejecutivo destacó es que uno de los mandatos esenciales es preservar el valor de los activos de Foinsa (rutas y carreteras), cuyo valor financiero está estrechamente ligado a la capacidad de cobrar peajes.

"Es más fácil avanzar en la dirección de bajar los peajes que hacer esfuerzos por mantenerlos. Tenemos que ser capaces de preservar el nivel de tarifas eficientes para mantener el desarrollo de infraestructura de largo plazo", sostuvo. Resaltó que uno de los activos de Chile y una de las bases del éxito del sistema de concesiones es la cultura de pago de peajes, "que es algo que tenemos que cuidar porque es muy fácil perforar eso y perderlo".

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Controversia entre Hacienda y Transportes por una fórmula fiscal para rebajar peajes

La decisión de Hacienda respaldada por el Presidente Piñera busca viabilizar el Presupuesto 2019, pero genera incomodidad en el Ministerio de Transportes. La intendenta de Coquimbo ya anunció el congelamiento del peaje de la ruta Ovalle-La Serena.

El profesional aseguró que Foinsa no busca invadir el espacio que hoy ocupan los privados en materia de infraestructura, sino más bien enfocarse en tareas claves que debe realizar el sector público.

"No es la intención desplazar al sector privado en los roles que cumple. La ley permite al fondo financiar obras de infraestructura. El mercado financiero chileno es muy profundo y hay distintos actores que ofrecen financiamiento y no vemos ninguna razón para que el fondo haga financiamiento de infraestructura", afirmó. Advirtió que hay algunos proyectos específicos en que el fondo pueda tomar ciertos riegos para hacerlos viables, por ejemplo ofreciendo ingresos garantizados.

¿Dónde concentrará su tarea Foinsa? La administración y fiscalización de los contratos de concesiones y la ejecución de expropiaciones a través del MOP son algunas de ellas. También la planificación.

"En general, falta en el Estado una visión de largo plazo para ir anticipando las necesidades de infraestructura más alla del horiozonte de un gobierno. La inclinación natural es empujar con más entusiasmo los proyectos que van a ver la luz durante el mandato y el fondo tiene la capacidad de ir construyendo una cartera de proyectos licitables más allá del ciclo de un gobierno", apunta.

Agrega que a esta tarea contribuirá el hecho que Foinsa tendrá recursos propios que le permitirán financiar los estudios necesarios con suficiente anticipación, evitando que estos se retrasen por demoras en el financiamiento.

El gerente general de Foinsa, Juan Carlos Jobet, expone en el seminario sobre infraestructura organizado por LyD acompañado de la directora de políticas públicas de la entidad, Bettina Horst; y el director general de Concesiones del MOP, Hugo Vera. Crédito: LyD

También podrá asumir otra labor que "preocupa a la industria e incorpora incertidumbre", que es la avanzar en permisos ambientales de las obras, "siempre mandatando a terceros en el avance de los estudios y aprobaciones ambientales de manera de bajar el riesgo de los proyectos a la hora de ser licitados".

En el corto plazo, ya se está trabajando en desarrollar una metodología de evaluación rigurosa para seleccionar los proyectos que va a desarrollar, que evalúa no sólo la rentabilidad social sino también los retornos a obtener por los privados. "Estamos viendo cómo incorporamos en esta metodología una recomendación de la OCDE otros criterios como la distribución territorial de las inversiones que hará el fondo y otras variables con efectos en medio ambiente y en las comunidades locales", comentó.

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