El gobierno aprueba los informes de productividad
El ministro de Economía confirmó que se mantiene este compromiso del gobierno anterior. “Es una buena política pública”, dijo.
“El proyecto de ley Pro Inversión I va a ser acompañado por un Informe de Productividad”. Así lo confirmó el ministro de Economía, José Ramón Valente, al ser consultado por PAUTA.cl sobre si la iniciativa firmada el lunes por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda ingresará al Congreso con un informe que detalle su impacto en la productividad. Hasta el momento se desconocía si dicha práctica, instaurada por el gobierno anterior mediante un instructivo presidencial, se mantendría.
Valente fue enfático en despejar cualquier duda al respecto. “Creemos que es una buena política pública. Entendemos que esa es una política que fue instaurada durante el gobierno anterior, pero eso justamente demuestra que nosotros no estamos aquí para borrar todo lo que se haya hecho antes, sino todo lo contrario: construir sobre las cosas buenas que se hayan hecho antes”.
Añadió que, a su juicio, “esta es la única forma en que los países progresan. Si estamos siempre haciendo borrón y cuenta nueva la verdad es que no progresamos. Hacer informes de productividad acompañando los proyectos de ley es una buena política pública y por eso lo hacemos”.
Su antecesor en la cartera de Economía, Luis Felipe Céspedes, felicitó la decisión. “Es muy valioso que la actual administración continúe en esta senda. Hay mucho que avanzar aún en este tipo de informes para evaluar los impactos en productividad. Pero precisamente porque se le da continuidad en el tiempo a este tipo de políticas, se genera una oportunidad para ir mejorando y poder hacer una contribución relevante a las políticas públicas de nuestro país”, afirmó el economista.
Una práctica reciente
El presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), Joseph Ramos, aplaudió el mantenimiento de esta práctica y recordó que fue la instancia que encabeza la que propuso esta idea en su primer informe (marzo de 2016). En el texto se precisó que “se requiere implementar una práctica de análisis de impacto regulatorio que permitan anticipar si una medida propuesta impacta favorablemente la productividad en el largo plazo, y sus costos. Esto resulta más relevante cuando se trata de proyectos de ley”.
En noviembre de ese año, la expresidenta Michelle Bachelet firmó el instructivo presidencial que estableció que todos los proyectos de ley del área económica con impacto regulatorio se presentarían al Congreso con un informe de productividad, determinando además las condiciones que estos reportes debían cumplir. El primero en cumplir con dicha normativa fue el proyecto de protección de datos personales, ingresado al Senado en marzo de 2017. El detalle del desarrollo de esta política está disponible en la web del ministerio de Economía.
Pero, como recuerda Joseph Ramos, “tal vez el caso más famoso fue en el proyecto de reforma previsional, en que hubo un informe de productividad muy extenso y muy discutido sobre distintas estimaciones de impacto negativo que el alza en la cotización podría tener sobre empleo”. Para el experto, esa discusión tuvo la virtud de “socializar la práctica de hacer estos informes: el mundo político la conoció y pudo dimensionar su aporte”.
Desafío: que quede en la ley
El presidente de la CNP comentó que cuando se reunió con el ministro José Ramón Valente en febrero de este año, antes de que asumiera su cargo, “le solicitamos que considerara esta idea de los informes de productividad y él nos confirmó que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera iba a continuar con la iniciativa”.
Sostuvo que, a su juicio, hacer estos informes “es una práctica que puede gustar mucho cuando se está en la oposición y tal vez menos cuando se está en el gobierno. La presidenta Bachelet fue valiente de asumir este compromiso y me complace mucho que el Presidente Piñera vaya a mantenerlo”. De hecho, el 4 de mayo pasado ingresó al Senado el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (Boletín 11704-21). Ingresó con su informe de productividad.
“El que avancemos con estos informes es una práctica que ha sido muy celebrada por la OCDE en distintas visitas y esperamos que tarde o temprano esto se institucionalice. Creemos que sería importante que se estableciera por ley y que no dependiera solamente de la voluntad del Presidente de la República de turno”, planteó Ramos.
Sin embargo, no es la única innovación posible en el tema. El académico de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Roberto Álvarez, plantea que es interesante evaluar esta práctica, ya que si bien sin duda el estimar el aporte en productividad de un cambio regulatorio constituye un aporte, “en algunos casos puede forzar a establecer relaciones que no siempre existen porque no todos los proyectos de ley tendrán efectos en productividad”. Agregó que en algunas iniciativas económicas “la productividad puede no ser lo más relevante o incluso puede ser algo muy secundario porque lo central podría ser el impacto en salarios reales o desempleo, por ejemplo. No debería ser un problema decir que una iniciativa no tiene impacto en productividad, pero tampoco debería ser un estigma”.