El Gobierno revive la fórmula previsional de reparto de Bachelet

El Ejecutivo se habría jugado por un esquema 5-3-2: cinco puntos de alza en la cotización con cargo al empleador, de los cuales tres van a la cuenta individual y dos a solidaridad.

Señales de cambio para la reforma previsional, cuyo trámite está congelado en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, surgieron luego del marco de entendimiento en materia social logrado en el Senado el pasado miércoles 20 de noviembre en el contexto del debate para el despacho del Presupuesto 2020.

Según participantes de esas negociaciones, en las que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue el principal articulador por parte del Gobierno -y pese a que no hay temas totamente cerrados y consensuados-, se lograron avances importantes en al menos cuatro aspectos. Estos temas también habían sido tratado bilateralmente por la titular de Trabajo, María José Zaldívar, en las reuniones que ha venido sosteniendo con los distintos partidos y sus equipos técnicos para cristalizar un acuerdo en torno a las pensiones.

Todo ello, luego de que el Presidente Sebastián Piñera definiera que lograr acuerdos para mejorar las pensiones era un asunto prioritario.

El 5-3-2

En medio de la crisis, el Gobierno se abrió a estudiar más solidaridad en el sistema de pensiones, no solo a través de un seguro, sino también mediante transferencias directas entre cotizantes, a través de un fondo de reparto como, por ejemplo, el que existe en el seguro de cesantía.

De esta manera, no solo se pueden elevar las pensiones más rápido (sin esperar las mejoras del alza en la cotización, que no serán percibidas plenamente por quienes estan más cerca de jubilar), sino también aliviar la carga para el Fisco, que ya está presionado por el financiamiento de las pensiones solidarias y otras medidas sociales.

En el marco de entendimiento suscrito por Gobierno y oposición la madrugada del jueves 21 de noviembre se alude por primera vez a la “cotización solidaria adicional”, lo que ratifica que el tema está bastante cerrado, aunque todavía podría haber ajustes en los porcentajes.

Y si bien se han barajado distintas fórmulas, fuentes al tanto de las conversaciones detallan que estaría cerrada la fórmula 5-3-2. ¿Qué significa esto? Que la cotización adicional de cargo del empleador subirá 5% adicional, de los cuales 3% se depositarán en la cuenta de capitalización individual del trabajador y 2% irán al fondo solidario. El esquema es igual al que propuso el gobierno anterior.

La transición

Aunque la redacción es críptica, en el documento aludido anteriormente quedó claro que el Gobierno dará un apoyo adicional a este mecanismo de reparto en su fase inicial.

Esto, porque se detalla que el Gobierno pondrá recursos al inicio para garantizar que los actuales pensionados y quienes lo hagan en los próximos años reciban el incremento al que se llegaría con el total de las cotizaciones adicionales y de la solidaridad en régimen. 

Los aportes se entregarían por un máximo de dos años. Según personas que conocieron las negociaciones, esto reconoce que como el alza de cotización es gradual, llegándose a 5% en varios años más, en su inicio habría pocos recursos para llevar a las cuentas y para aportar al esquema de solidaridad. Esto afectaría a los cotizantes de mayor edad y a quienes ya están pensionados. Por ejemplo, si el primer año la cotización sube 1%, de ese total apenas 0,25% podría destinarse solidariamente a mejorar las pensiones vigentes.

Con todo, el modelo aún se estudia, ya que si bien es claro que la población cubierta serán todos los cotizantes, los aportes deberían ser progresivos (relacionados con el monto de las pensiones) y, además, debería haber reglas de acceso para quienes se pensionen en los próximos años.

Seguros y expectativas de vida

Del 2% de cotización destinado a componentes solidarios, lo único claro es que dos décimas porectuales (0,2%) irá al seguro de dependencia para adultos mayores. Es probable que el 1,8 punto restante vaya íntegro a transferencias o que se destine una porción al seguro de longevidad. 

Mientras se revisan los cálculos de qué fórmula logra mejores resultados, conocedores aseguran que las señales apuntan a que un seguro de longevidad permitiría “acortar” las tablas de mortalidad hasta la edad que se defina (por ejemplo, en torno a los 85 años), a partir de la cual se activaría el seguro. Esto se traduciría en alzas inmediatas de las pensiones al calcularse sobre horizontes de vida más acotados.

Aquí también hay elementos de diseño pendientes, ya que debido a que está ampliamente documentado que las personas de mayores ingresos tienen una mayor expectativa de vida, sin ajustes adicionales esto sería una medida regresiva. Por ello, en la oposición estiman necesario una revisión profunda a los mecanismos de cálculo de expectativas de vida, que recojan las diferencias existentes asociadas a escolaridad y nivel socioeconómico, entre otras.

Clase media y mujeres

Según fuentes que han participado de las negociaciones, los ajustes en materia de solidaridad terminaron por derribar el llamado “pilar clase media” contenido en el proyecto, que entregaba aportes adicionales a las pensiones bajo 25 UF mensuales ($689 mil actuales) para quienes reunían los años de cotización requeridos. A las mujeres, además, se les daba un aporte adicional.

En el actual escenario, esta fórmula resultaría inviable por dos razones. Primero, porque se requieren recursos para mejorar las pensiones de manera pareja y rápida. Y segundo, porque quienes logran reunir más años de cotizaciones son quienes tienen trabajos con contrato y mejores remuneraciones, lo que implica un sesgo hacia los trajadores más vulnerables que trabajan en condiciones más precarias.

Con todo, hay coincidencia en que entre los criterios para las transferencias solidarias debería estar avanzar en equidad de género.