El millonario ahorro fiscal que genera el cambio en el proyecto sobre datos personales

Desde 2016 el Consejo para la Transparencia viene solicitando asumir esa tarea. El impacto fiscal convenció a Hacienda y despertó el debate.

Un millonario ahorro fiscal podría generar la decisión del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de entregar la protección de datos personales al Consejo para la Transparencia. Mediante una indicación sustitutiva enviada al Congreso la semana pasada, el Ejecutivo modificó significativamente la iniciativa del gobierno anterior que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.

El proyecto original dejaba la protección de datos personales en manos de una agencia especializada denominada Dirección Nacional de Protección de Datos, relacionada con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y cuyo director sería seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública. Es decir, se creaba un nuevo organismo. Según el informe financiero del proyecto, su creación y funcionamiento (incluyendo las remuneraciones de sus 33 funcionarios) tendría un costo fiscal de $1.428 millones anuales en régimen.

En cambio, que el Consejo para la Transparencia sume los temas relacionados con la protección de los datos personales a sus funciones implica hacer ajustes a un órgano ya en funciones, los que implicarían un gasto fiscal total en régimen de $874 millones anuales. La diferencia es relevante: hay un ahorro por $597 millones anuales ($ 2018).

Fuentes cercanas a Hacienda comentaron que esta es la principal razón que tuvo el ministro Felipe Larraín para visar el cambio. Pero no es la única.

Un nuevo consejo

El Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales (nombre que recibiría la nueva entidad) deberá ajustar su estructura orgánica a sus nuevas funciones, contemplando dos áreas de trabajo: acceso a la información pública y protección de datos personales.

La gobernanza de la entidad estará en manos de cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Durarán seis años en sus cargos (excepto el presidente, que durará cuatro años), no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo y se renovarán por parcialidades de tres años.

Según detalla el informe financiero de la indicación sustitutiva, el gasto incremental en las remuneraciones de los consejeros y el pasar de cuatro a cinco consejeros suma $212 millones anuales en régimen. Esto porque se propone que el presidente del consejo perciba una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un subsecretario; mientras que los consejeros recibirán el equivalente al 75% de ese monto. Todos ellos ahora tendrán dedicación exclusiva y serán remunerados por jornada laboral y no por reunión.

Otra fuente de gastos es la creación de una nueva área para la protección de datos personales en el consejo, cuyo costo de implementación asciende a $652 millones en régimen. Esto incluye la contratación de 13 profesionales, mayor gasto operacional y desembolsos por una vez en  equipamiento de oficinas e informática para la nueva área de protección.

Además, la indicación propone un régimen postempleo que prohíbe a los cinco consejeros prestar servicios en empresas durante los siguientes tres meses a la cesación de funciones, para lo cual se considera el pago del 75% de sus anteriores remuneraciones. Esto genera un mayor gasto fiscal por $77 millones, aunque el informe financiero advierte que la ocurrencia del gasto en el tiempo es indeterminada, pues depende de situaciones no predecibles, tales como la solicitud de renuncia u otras.

¿Por qué el cambio?

En Hacienda no han explicado las razones del cambio en materia de protección de datos personales. La cartera sólo precisó en un comunicado que éste “obedece al expertise que ha desarrollado esta entidad [el Consejo para la Transparencia] en protección de datos personales desde 2009, cuando se creó”. Aunque el Gobierno afirmó que mantendría la política de acompañar las iniciativas legales con un informe de productividad y el instructivo presidencial vigente establece que este compromiso rige para las indicaciones que alteren sustancialmente un proyecto, no se halló dicho documento en el sitio web del Senado.

El abogado experto en derecho y tecnología Daniel Álvarez estimó que la decisión de Hacienda es una “buena opción”, ya que la nueva ley otorgará al Consejo para la Transparencia “las atribuciones, funciones y facultades necesarias para garantizar la mejor protección de ambos derechos (transparencia y datos personales); para resolver adecuadamente los conflictos que se puedan generar entre ambos derechos, y será más eficiente en el gasto fiscal, ya que no requerirá crear una nueva institucionalidad”. Álvarez, que también es socio de Ciberseguridad Humana, desarrolla en detalle dichos argumentos en este paper.

Desde la otra vereda, el informe de productividad del proyecto ingresado en mayo de 2017 fue explicíto en las razones que llevaron a descartar al consejo como la agencia para la protección de los datos personales. En síntesis, el texto sostuvo que dichas funciones “en la mayoría de los países están radicadas en agencias con responsabilidad exclusiva sobre el derecho de protección de datos”.

Agregó que los derechos de acceso a la información y de protección de datos “son bienes jurídicos que por su naturaleza en muchas oportunidades pueden entrar en conflicto”, por lo que es clave “que la resolución de este conflicto tenga un cauce institucional, un procedimiento racional y competencias diferenciadas. De ahí la importancia de contar con instituciones diferentes”. Añadió que cuando estas controversias llegan a los tribunales de Justicia, se puede conocer la opinión especializada de quienes defienden tales derechos, pero “si existiera una sola institución encargada de velar simultáneamente por la protección de datos y el acceso a la información, uno de estos dos derechos podría quedar desprotegido”.

Esta misma opinión planteó Bernardita Piedrabuena, exasesora de los ministerio de Hacienda y de Economía de la administración de Michelle Bachelet. Cuestionó, por eso mismo, las razones que puedan estar tras la decisión del Ejecutivo actual. En entrevista con Primera Pauta, de PAUTA100.5, Piedrabuena sostuvo que en países donde ambos bienes jurídicos están resguardados por la misma institución, la mayor dotación de personal suele estar volcada al área de protección de datos personales. En la propuesta de Hacienda, se asignan 13 funcionarios a esa tarea, mientras que en la agencia especializada de la propuesta del gobierno anterior se incluía a 33 personas. “Trece personas resulta un 10% de la dotación actual del Consejo para la Transparencia. Se ha visto en México o en el Reino Unido, donde están juntos, que la mayoría del trabajo en un organismo donde ambos están juntos es en datos personales, no transparencia. Me produce un problema esta razón”, planteó.

Lo cierto es que ya en marzo de 2016, el Consejo para la Transparencia envió un oficio al Senado haciendo explícita su disposición a hacerse cargo de la protección de datos personales y sostuvo reuniones con autoridades de la época en torno al tema.

Tras el ingreso del proyecto en mayo de 2017, uno de los que se pronunció públicamente a favor de la petición del organismo fue el entonces senador Hernán Larraín (UDI), hoy ministro de Justicia. Según fuentes cercanas a Hacienda, Hernán Larraín habría insistido en su opinión al respecto cuando se abordó este tema en el Gobierno. Según las mismas fuentes, el ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), habría respaldado dicha visión, sobre todo tras abordar el tema con el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, en una reunión protocolar realizada a principios de mayo.