Economía

El plan de acción que prepara Hacienda para atacar la desigualdad

Eliminar programas mal evaluados y usar esos recursos para poner más dinero en los bolsillos de las familias más vulnerables es el objetivo al que apunta el ministro Briones.

En los países desarrollados, la mayor igualdad en ingresos se logra fundamentalmente con transferencias desde el estado. Crédito: Pixabay

En los países desarrollados, la mayor igualdad en ingresos se logra fundamentalmente con transferencias desde el estado. Crédito: Pixabay

Por Marcela Gómez

Martes 19 de noviembre de 2019

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En la búsqueda de más ingresos fiscales para financiar la agenda social, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no ha escatimado opciones. No solo acordó con la oposición un giro a la Reforma Tributaria, que permitirá recaudar US$2 mil millones. También se abrió a financiar las medidas con un mayor déficit y usar recursos de los fondos soberanos. Y aún tiene otra carta bajo la manga.

"Si las prioridades cambiaron, si los chilenos están pidiendo una etapa distinta con énfasis en lo social, por qué los programas sociales no pueden cambiar", dijo en una entrevista en CNN Chile. Anticipó que se está sistematizando la información de todos los programas sociales en la lógica de detectar que, de cada $100 que se gastan, cuánto le está llegando al usuario final. "Van a tener pronto noticias de un plan de acción potente que estamos armando", anunció.

Casi desde que asumió, el pasado 28 de octubre, la preocupación por la calidad del gasto público ha sido un tema que el economista ha citado una y otra vez. En el debate sobre el Ingreso Mínimo Garantizado, por ejemplo, planteó que eliminar los programas ineficientes y usar esos fondos para elevar las transferencias a los más vulnerables contribuirá a reducir la desigualdad.

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Entre los expertos hay respaldo a estas medidas, pero también señales de cautela.

93% de los programas mal evaluados

En el Observatorio Fiscal buscaron responder la siguiente pregunta: ¿Quién se preocupa por el gasto fiscal?

Advierten que aunque todos los años los programas públicos evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) obtienen mayoritariamente una baja calificación, no se observan cambios relevantes y se siguen gastando miles de millones del erario público en programas que no garantizan el logro de sus metas. Así, señalan que en 2019 solo uno de los 19 programas evaluados pasó la prueba, que representa el 7% de los montos totales evaluados este año. Dicho de otra manera, el 93% de los montos sometidos a evaluación fueron reprobados.

El investigador del CEP Andrés Hernando afirma que, desde que comenzó la evaluación de programas (en 1997, según información de Dipres), "en promedio siete de cada 10 programas resultan mal evaluados, ya sea porque no logran demostrar resultados, no tienen claro sus objetivos o por otros problemas".

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Saber si una política estatal mejora la vida a las personas requiere rigurosas evaluaciones. La Dipres abrirá un concurso para financiar investigaciones que se propongan con este fin.

Añade que también hay iniciativas que, compartiendo propósitos y apuntando a la misma población objetivo, son realizados en forma autónoma por distintas entidades públicas, duplicando esfuerzos. "Esto se ve, por ejemplo, en la política indígena, donde las políticas públicas son dispersas, fragmentadas y no existe una estrategia general", sostiene.

La profesora asociada y directora de Investigación del Instituto de Economía UC, Jeanne Lafortune, añade que hay evidencia de que varios programas sociales en Chile no funcionan muy bien. "Dipres ha sido crítica de varios y nosotros, en nuestro centro de estudios JPAL, hemos hecho evaluaciones de varios programas chilenos o hemos visto la experiencia de programas típicos en otros países y no todos han mostrado impactos que justifican sus costos", explica.  

Más dinero en los bolsillos

En general hay apoyo a la idea de reducir gasto ineficiente para poner más dinero en los bolsillos de los más vulnerables. "Hay mucho que hacer para reducir la desigualdad por la vía de redirigir los recursos y esfuerzos que se destinan a programas mal evaluados, que ya se conocen y con las cuales se puede partir. Obviamente, cerrar programas es una mala noticia para quienes están trabajando en ellos y esto naturalmente generará resistencias", afirma Andrés Hernando.

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Jeanne Lafortune estima que, en general, la evidencia apoya lo que dijo el ministro Briones. "Hay evidencia de impacto bastante positiva de Give Directly (que da plata a pobres en Africa) y de transferencias condicionadas (por ejemplo Progresa/Oportunidades en Mexico)", dice. Añade que en el caso del programa de EE.UU. de cupones para comprar comida los costos administrativos podrían no tener sentido y sería mejor entregar el dinero directamente.

Los riesgos de la transferencia directa

Con todo, hay factores que cuidar. "Hay programas sociales que pueden generar mejores impactos a lo largo plazo que transferencias directas y que generan menos dependencia", dice la economista UC, poniendo como ejemplo la capacitación a microempresarios, particularmente con entrega de capital semilla.

Además, advierte que se debe cautelar los recursos se entreguen a los que más los necesitan. "Hay que ser cuidadoso de seguir apoyando particularmente a familias con niños que son pobres, porque un niño que crece en la pobreza va a ser impactado de manera negativa por el resto de su vida y eso tiene consecuencias muy costosas para la desigualdad", afirma.

Por otra parte, la economista y exsubsecretaria de Evaluación Social Heidi Berner señala que el presupuesto se destina mayoritariamente a gasto fiscal asociado a leyes permanentes. Esto, ya sea través de transferencias monetarias (como el Pilar Solidario en pensiones, el Subsidio Único Familiar y Bono al Trabajo de la Mujer, entre otros) y entrega de servicios que entregan recursos no directamente a las personas, sino a las entidades que brindan dichos beneficios (como los recursos para atención de salud, las subvenciones escolares y gratuidad en educación superior, entre otros).

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"Cuando existen programas que no entregan dinero a las personas, sino bienes o servicios, la pregunta es qué harían los hogares si se opta por transferirles ese dinero para dicho propósito. Por ejemplo, si se evalúa mal el programa de alimentación escolar y se dan esos recursos a los padres, la duda es cómo cautelar que los niños y niñas puedan recibir una nutrición balanceada y de calidad", argumenta. Añade que en el caso de los textos escolares, por ejemplo, se trata de "recursos que podrían competir con otras necesidades de las familias y eso  podría afectar el aprendizaje de los niños".

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