El primer round de la reforma previsional

La fórmula para financiar mejores pensiones para la clase media, especialmente para quienes ya jubilaron o lo harán en pocos años, se perfila como el nudo central del futuro debate en el Congreso.

Aún faltan semanas para que llegue septiembre, el mes en que el Gobierno ha comprometido el ingreso de la reforma previsional a trámite legislativo. Sin embargo, un buen apronte de lo que será el debate de esa iniciativa y de los nudos de la futura tramitación quedó reflejado en los planteamientos sobre el tema formulados por el coordinador de la reforma previsional, Augusto Iglesias; el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que junto a la economista Paula Benavides elaboró un paper sobre los principales desafíos en esta materia y cómo avanzar; y la senadora DC y excandidata presidencial Carolina Goic.

Todo ello en el marco del seminario “Sistema de pensiones en Chile, una reforma urgente”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, actividad en la que también participaron el exministro y exsuperintendente Alejandro Ferreiro y la economista jefe de Quiñenco Andrea Tokman, integrante de la comisión de pensiones de la CPC.

El diagnóstico de dónde están los problemas en materia de pensiones está claro y hay muchas soluciones que son compartidas: incorporar independientes, elevar la cotización, incentivar que se postergue la jubilación, fortalecer el pilar solidario, combatir la discriminación que enfrentan las mujeres, generar más competencia y eficiencia en las AFP. Pero hay un ámbito claro de divergencias, que es donde interactúan el corto plazo y clase media.

El complejo “corto plazo”

Hay pleno consenso en que la cotización tiene que aumentar (Iglesias dijo que subiría 4% y Goic retrucó “yo creo que 5%”) y que ese adicional será de cargo del empleador, lo que en el largo plazo mejorará las pensiones de quienes hoy están entrando al mercado laboral o llevan pocos años cotizando. Como el Gobierno también plantea potenciar el pilar solidario, la situación para los más vulnerables o quienes no cotizan también se aborda. Pero ¿qué pasa con la clase media, especialmente con quienes ya jubilaron o lo harán en pocos años?

En su paper, Rodrigo Valdés mostró que aunque ahorró para su pensión, las tasas de reemplazo de este grupo son muy bajas y en general no accede a apoyo estatal. Planteó que hay que darles algún apoyo a través de una transferencia acotada y transitoria que mejore sus pensiones, que se financiaría con una porción menor del alza de la cotización. “No hacer nada dejará a esta generación out”, sostuvo.

Sobre las críticas a este mecanismo en cuanto a que se trataría de un “impuesto al trabajo”, el economista recordó que las tasas de impuesto para la clase media en Chile son muy bajas en la comparación internacional.

Augusto Iglesias advirtió que una de las razones por las que la reforma del gobierno de Michelle Bachelet se enredó fue que a las personas querían ser dueños de sus cotizaciones “y no querían que la solidaridad se hiciera sobre sus aportes”, ya que se “confía poco” en contratos intergeneracionales que dependen de la autoridad política.  También reafirmó algunos de los puntos sobre la “solidaridad” en materia de pensiones que había planteado en una presentación en Colombia.

Con la frase “más puentes que trincheras”, la senadora Goic apuntó a que es necesario que el foco esté en buscar soluciones y admitió que los problemas de pensiones de la clase media “es algo que nos quedó pendiente en la reforma de 2008”, pero enfatizó que confía en la capacidad del Congreso para construir acuerdos de largo plazo que funcionen, como esa ley.  “Tener transferencias transitorias es una solución viable y no implica (para las personas) perder ingresos”, precisó.

A esta altura, Augusto Iglesias fue enfático sobre lo que propondrá el Gobierno: en el largo plazo la mejora de pensiones vendrá del alza a la cotización, los incentivos a postergar la jubilación y el ahorro previsional voluntario. A corto plazo, dijo, habrá subsidios focalizados en función de los años cotizados, que serán más importantes para las mujeres que para los hombres y que incentivarán la postergación de la pensión. “Estos instrumentos permitirían llegar a un porcentaje importante de los actuales pensionados”, aseguró. Esto se financiarán con rentas generales; es decir, con los recursos que anualmente se distribuyen en el Presupuesto de la Nación.

“Me preocupa el uso alternativo de los recursos cuando se habla de rentas generales. Por ejemplo, en este caso los fondos que se destinan a esto y los que van a infancia”, comentó la senadora Goic, quien dijo que ve difícil, por los montos que involucra, que el Estado pueda hacerse cargo de los actuales pensionados de clase media exclusivamente con ese financiamiento.

¿Otro administrador?

Complementar a las AFP privadas con otros  actores de manera de lograr mayor adhesión al sistema fue también una de las propuestas de Rodrigo Valdés, quien admitió que “queda trabajo político por hacer” en este tema. Añadió que tener un “administrador segregado” (que gestione los fondos provenientes de la cotización adicional) agregaría más valor al sistema previsional en su conjunto que simplemente sumar una AFP estatal, que tiene mayor potencial de generar conflictos con el sector privado, altos costos administrativos y de ventas, pero bajo aporte a la legitimidad del sistema. También advirtió que cambiar las regulaciones a la industria es algo que debe hacerse con cuidado.

En este ámbito, la senadora Goic llamó a dejar de lado los “ideologismos” y admitir que, así como en otros países, el que convivan gestores privados y públicos en temas de seguridad social es positivo y aporta a la legitimidad del sistema en su conjunto. 

Augusto Iglesias dijo que uno de los puntos en los que no está de acuerdo con los que propone el paper Valdés-Benavides apunta a cuando ellos afirman que “no parece haber barreras a la entrada altas desde el punto de vista regulatorio” en el sistema de AFP, por lo que recordó lo que ya se planteó en la campaña presidencial en el sentido de promover mayor competencia facilitando el ingreso de más actores. 

En el paper se señala que la mayor eficiencia y menores costos generados por la mayor competencia “sean traspasados efectivamente a menores comisiones y no redunden en mayores utilidades”. Agrega que incentivar la entrada de nuevos actores, como se plantea en el programa
de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, no garantiza per sé esos resultados “por la inelasticidad de los cotizantes respecto de los precios y por la evidencia previa sobre competencia en aquellos periodos en que existió un elevado número de participantes (AFP)”. 

Se añade que si la idea es que ingresen actores que no tengan giro único y puedan compartir redes y activos de otros negocios, para así mantener los costos contenidos y ayudar a disminuir comisiones, parece no considerar que el giro único no impide la entrada de nuevos actores que sean parte de un grupo empresarial en que existan otras empresas como cajas de compensación o compañías de seguros. Los autores advierten que el giro único “cumple un rol fundamental para evitar conflictos de intereses, ventas atadas y facilita la fiscalización y funcionamiento del sistema. Su eliminación generaría problemas de incentivos insalvables”.