Chile tendrá en 2020 el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años

El gasto público subirá 9,8% real para abordar la agenda económico-social, que incluye medidas a favor del empleo. Desde el inicio de la crisis se han producido 62 mil despidos.

Era el paso que faltaba: luego de reconocer el gran impacto en crecimiento que trajo (y traerá) el estallido social, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció un plan para proteger el empleo y potenciar la actividad, pero también sinceró el ajustado escenario macro y fiscal que enfrenta Chile.

La responsabilidad fiscal que permitió acumular un importante nivel de activos en los fondos soberanos (especialmente en el período 2005-2008) será fundamental para financiar el mayor salto del gasto público desde la irrupción de la crisis subprime, a fines de la década pasada. Y el aumento del gasto público llevará al mayor déficit fiscal desde 1990 a la fecha.

Y aunque Briones corrigió tanto la meta como la trayectoria del compromiso fiscal hacia adelante, nada garantiza que los gobiernos siguientes -que heredarán más deuda y menos ahorros- sigan ese camino.

Medidas y empleo

En una conferencia de prensa en La Moneda, en la que estuvo acompañado de los ministros de Interior, Economía y Trabajo, Briones explicó que la caída del Imacec de octubre (-3,4%) y la previsión de que ello se repita en noviembre llevaron a Hacienda a rebajar la estimación de crecimiento para 2019 a 1,4%, mientras que para 2020 la recortaron a un rango de entre 1% y 1,5%.

La debilidad de la economía -con el riesgo latente de una recesión técnica- y una proyección fundada de un aumento del desempleo obligaron a poner en marcha una política fiscal expansiva para 2020, que se concretará en una agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las pymes. El conjunto de medidas reúne aspectos acordados en el marco del protocolo de acuerdo para el despacho del Presupuesto y otras anunciadas previamente, como la construcción del tren urbano Santiago-Melipilla, la reconstrucción del Metro y los apoyos para las pymes.

Entre los nuevos componentes del plan figuran el envío de un proyecto de ley para que negocios afectados por la crisis puedan ofrecer jornadas reducidas con su empleador y obtener complementos de sus rentas desde el Seguro de Cesantía. Además, este seguro se fortalecerá para ampliar sus beneficios, habida cuenta que desde el inicio de la crisis la Dirección del Trabajo registra 62 mil despidos. “Sabemos que la situación puede complicarse aún más”, afirmó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien dijo que las medidas generarían 100 mil nuevos empleos el próximo año.

En total, la agenda tiene un costo de US$ 5.500 millones, con un mayor gasto público por US$ 3.025 millones, considerando, en general, “medidas transitorias y concentradas en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño”, detalló Briones.

Deterioro en posición fiscal

El titular de Hacienda explicó que para acomodar este plan, el gasto público en 2020 crecerá más que el 4,5% previsto el 26 de noviembre pasado, luego de la aprobación del Presupuesto. Ahora se elevará 9,8% real (por sobre la inflación) comparado con la Ley de Presupuesto de 2019, lo que representa el mayor incremento desde el año 2009: ese año, con Andrés Velasco en el timón fiscal, esta cifra de gasto público aumentó 16,5%.

Este importante incremento llevará el déficit fiscal a un histórico 4,4% del PIB, superando el 4,3% del PIB registrado en 2009, el que estuvo asociado al plan fiscal para enfrentar la crisis subprime a nivel mundial.

La autoridad detalló que las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en US$ 16.600 millones, que se obtendrán con la emisión de deuda por hasta US$ 9.000 millones autorizada en la ley de Presupuesto y otros US$ 7.600 millones que provendrán de los activos del Tesoro en moneda extranjera. Con esta denominación apunta básicamente al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP); el primero creado para financiar déficit en períodos de crisis y el segundo para complementar pagos previsionales.

Junto con ello, se modifica el compromiso de convergencia de balance estructural adoptado a inicios del Gobierno y que buscaba llegar al 1% del PIB de déficit estructural en 2022, a un ritmo de reducción de 0,2% del PIB por año. Ahora se estima que el déficit estructural de 2020 será de 3% del PIB y se buscará reducirlo hasta 2% en 2022, a un ritmo de rebaja de 0,5% del PIB por año. 

La deuda pública bruta, que antes de la crisis se ubicaba en 26,8% del PIB, ahora “tenderá a estabilizarse en torno a 38% hacia fines de 2024”, concluyó Briones.