La ecuación compleja: evaluar programas públicos y la eficiencia del gasto

A pesar del debate político por eventuales ajustes de iniciativas deficientes, expertos de la OCDE y la UC revelan que el sistema tiene un potencial desperdiciado.

Parece de toda lógica que las evaluaciones de programas públicos sirvan y tengan efectos: que ante desempeños insuficientes se tomen medidas de ajuste o cierre, y que los buenos resultados se potencien con más recursos y puedan replicarse en otras áreas. Pero existe desconfianza a nivel político de parte de quienes estiman que la búsqueda de eficiencia en el gasto disfraza el verdadero objetivo: achicar el Estado.

El debate resurgió tras el evaluación conjunta de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Desarrollo Social de 687 programas. El marco es la elaboración del Presupuesto 2021, que ingresará al Congreso a más tardar el 30 de septiembre.

Durante todo el 2020 la @DipresChile, en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social del @MinDesarrollo, han trabajado coordinada y conjuntamente en un proceso de monitoreo y evaluación de la oferta social y no social de programas: algo inédito para nuestro Estado.

— Ignacio Briones (@ignaciobriones_) September 16, 2020

Aunque el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lanzó en enero una iniciativa transversal para mejorar el gasto público, no lo libró de polemizar con algunos parlamentarios opositores. “Tenemos que sacarnos de la cabeza que el Estado es una agencia de empleo”, respondió a quienes advertían que los ajustes a programas mal evaluados implicarían despidos.

Pero la verdad es que el impacto de las evaluaciones es limitado. Claro, logran impulsar modificaciones en el diseño, cobertura y otras variables en que se detecten deficiencias. Pero se desperdicia su potencial para hacer más eficiente el gasto público.

¿Qué tanto pesa la evaluación?

En 2019, la Dipres publicó una síntesis del informe de la OCDE sobre el actual sistema de evaluación (recuadro 6). Dejando de lado el lenguaje políticamente correcto de cualquier organismo internacional, el diagnóstico es brutal: aunque el sistema es robusto y bien establecido, anualmente se evalúa menos del 5% del presupuesto total.

Esos resultados, dice la OCDE, no tienen mayor impacto en la asignación de recursos. Esto es, que un programa bien (o mal) evaluado puede ver aumentado o disminuido su presupuesto al año siguente.

Hay un obstáculo central: el Presupuesto no tiene una estructura que permita visibilizar fácilmente los programas que se evalúan. Por ejemplo, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el principal programa habitacional para grupos vulnerables, fue calificado como de mal desempeño en la evaluación 2020. Pero en el Presupuesto no aparece, ya que ese fondo es parte de los recursos del Ministerio de Vivienda que se ejecutan descentralizadamente por los Serviu regionales.

Entre varias recomendaciones, la OCDE insta a cambiar la estructura del presupuesto para que se organice a nivel de programa, facilitando el seguimiento del gasto y que los recursos se asocien al desempeño.

Ampliar el foco

La OCDE también sugiere ampliar el foco de las evaluaciones: hoy apuntan a programas específicos, pero debieran centrarse en áreas de política pública o metas de Gobierno.

El mismo punto es remarcado en un análisis sobre calidad de las políticas y del gasto publicado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. “Muchas veces aquellas políticas que son implementadas intersectorialmente son segmentadas a través de la evaluación, faltando una mirada más sistémica. A la vez, muchas veces las grandes reformas de política pública que se discuten en el Congreso no pasan por el sistema de evaluación”, advierten los investigadores.

Añaden que la discusión anual del presupuesto no pone el foco en la efectividad de los programas, sino que más bien “tiende a ser incrementalista, con poco énfasis en buscar reasignaciones para financiar nuevas prioridades”.

No se entiende 

Otro factor importante es el control ciudadano. Se evalúan programas, pero es casi imposible saber qué pasa con ellos en el debate presupuestario, por lo que se diluye el monitoreo por parte de organizaciones, expertos y la sociedad civil. Salvo por parte del Observatorio Fiscal, que tiene recursos y equipos centrados en esa tarea.

El documento de la UC califica todo lo anterior como “otro potencial no aprovechado”. La barrera no es el acceso, ya que la información está disponible públicamente en la Dipres y en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que proponen es “un esfuerzo por difundir los resultados de las evaluaciones en formatos amigables”, para contribuir a que la ciudadanía use esta información y pueda incidir en la formulación de políticas.

Plantean también otras propuestas detalladas que apuntan a crear un consejo externo ad hoc y un repositorio público de todas las evaluaciones (incluyendo las realizadas por ministerios), potenciar el apoyo técnico al Congreso y fortalecer el rol de la sociedad civil.