OCDE aconseja acotar retiro de fondos previsionales sólo a casos de fuerza mayor

Pablo Antolín aseguró que el Ejecutivo está trabajando con el organismo en la actualización de las tablas de mortalidad con las que se calculan las pensiones.

Cuando Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE, vino a Chile en mayo, las discusión en torno a la reforma previsional estaba centrada en quién administraría el 4% de cotización obligatoria adicional: si lo harían las mismas AFP o si se podría dejar su gestión en manos de un nuevo actor, eventualmente público. Hoy, con ese tema zanjado, el debate ha girado en otro asunto: el retiro anticipado de los fondos previsionales para fines generales o en caso de enfermedad terminal. 

En esa línea, el experto asegura que en la mayoría de los países que integran la OCDE está permitido el retiro parcial de los fondos por causas de fuerza mayor. Eso sí, Antolín sostiene que para eso es fundamental que esas causas de fuerza mayor queden bien acotadas. “No puede ser una definición muy sui generis, tiene que ser muy precisa”, sostiene y agrega que lo que está permitido en los países a los que se refiere, es el retiro de los fondos, pero no así de los incentivos fiscales que se han percibido por los ahorros acumulados. 

Ante la pregunta sobre si sería recomendable introducir este nuevo criterio a la regulación previsional chilena, Antolín sostiene que “depende de las causas”. Por ejemplo, el economista asegura que retirar los dineros ahorrados para pagar un crédito hipotecario no es algo que esté permitido en otros países. “Esa no es una causa de fuerza mayor, eso es querer invertir”, sostiene. 

A la hora de mencionar qué otras causales son consideradas temas de fuerza mayor en otros sistemas, Antolín explica que estas incluyen todos los aspectos relacionados con el hecho de que el individuo se muera antes de tiempo. Además, asegura que en otros mercados se contempla también la posibilidad del retiro de fondos en caso de que la persona se declare en quiebra financiera. 

El caso de la enfermedad terminal 

Esta semana el presidente Sebastián Piñera se abrió a la posibilidad de que las personas puedan retirar su dinero ahorrado para la jubilación en casos de enfermedades terminales. Uno de los caminos para aquello sería realizar un ajuste a las tablas de mortalidad para un subgrupo de la población. Al respecto, Antolín comenta que, nuevamente, lo importante es que los ajustes en las tablas sean bien hechos. 

“El problema no está en tener tablas diferenciadas”, plantea y comenta el caso de las rentas vitalicias en Inglaterra, las cuales efectivamente contemplan tablas diferenciadas para los enfermos terminales, quienes reciben un tipo particular de pago llamados enhanced annuities, lo cual les da más dinero no porque tengan más ahorros en sus fondos, sino porque el monto ahorrado se prorratea por una menor cantidad de tiempo.

“La cuestión es definir cuál es el grupo de individuos a los cuales se les va a calcular unas tablas de mortalidad específicas y ahí es donde muchas veces hay problemas porque no se define correctamente, o se define de una manera muy genérica y se convierte en un pozo sin fondo, si puedo decir esa expresión. Porque puede entrar cualquier definición en cualquier momento y se puede cambiar dependiendo de cualquier vaivén político o de necesidad en el momento determinado”, comenta Antolín. 

Ajuste de las tablas de mortalidad

Según cuenta el economista, actualmente el Gobierno y la OCDE están buscando llegar a un acuerdo para empezar a trabajar conjuntamente en la actualización de las tablas de mortalidad vigentes en Chile para todo el sistema. Una vez alcanzado ese acuerdo, los reguladores locales empiezan a hacer estudios de campo para recoger los datos y luego la OCDE evalúa los resultados en base a las mejores prácticas internacionales. Entonces se discute con los reguladores y con los stakeholders del sistema chileno, tales como compañías de seguros, fondos de pensiones, etcétera. Una vez finalizado se proceso se entregan las nuevas tablas que permitirán calcular las probabilidades de morir a una determinada edad y en base a ellas calcular las pensiones. 

El economista agrega que las nuevas tablas deben estar publicadas en 2021, por lo que se trabajará en ellas durante los próximos 12 a 15 meses. 

Uno de los puntos que en algunos casos genera confusión, es que las tablas vigentes contemplan la idea de vivir hasta los 120 años. Esto, según Antolín se explica porque mientras exista en cada país un individuo que llegue a esa edad, debe existir el caso incluído en las tablas, lo que no quiere decir que toda la población vaya a llegar a esa edad.

Urgencia de la reforma

La próxima semana se llevará a cabo la votación en el Congreso del proyecto de pensiones. La eventual discusión por el retiro anticipado de los fondos podría demorar la aprobación de otros asuntos, como el aumento de cuatro puntos porcentuales de cotización obligatoria, aumento que es visto con buenos ojos por parte de la OCDE. Ante la pregunta sobre qué tan deseable es que la discusión por el retiro de fondos demore el aumento de la tasa de cotización y qué tan urgente es aprobar la reforma Antolín asegura que hacerlo “es muy urgente”.

“El impacto [del aumento de la cotización] es un impacto que va a ser gradual, en un periodo de muchos años. Estamos hablando de décadas. Mucha gente dirá: bueno, si el impacto es de décadas, qué más da si se aprueba hoy o pasado mañana, pero mientras antes se haga, antes llegará la mejora en las pensiones, porque la única forma de mejorar las pensiones es contribuir más y contribuir por periodos más largos”, sostiene.

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