FNE contraataca: cambiar la ley hoy puede debilitar el combate contra la colusión

La respuesta tardó pero llegó. El sábado 2 de mayo pasado, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, criticó en una entrevista la atribución exclusiva de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en materia penal respecto de los delitos de colusión. Ahora en su cuenta pública, el fiscal de la FNE, Ricardo Riesco, contraatacó.

Un dato sobre la prioridad del tema: el discurso en que da cuenta de la tarea institucional tiene 30 páginas. Y lo relacionado con colusión parte en la segunda página.

El abogado enumeró lo que la FNE  ha hecho: sentencias condenatorias por colusión en el 100% de los casos presentados desde 2010 a la fecha, más de 200 personas naturales y jurídicas condenadas, y multas por casi US$ 200 millones que permitieron "indemnizaciones de perjuicios multimillonarias a favor de la ciudadanía".

Luego defendió la nueva ley para casos posteriores a agosto de 2016, como "una de las más estrictas del mundo para sancionar la colusión". Esto porque, explicó, no hay topes para las multas aplicables a quienes se coluden, los que pueden ser impedidos de contratar con el Estado hasta por cinco años o de ser directores o gerentes de empresas hasta por 10 años. Además, pueden ser castigados con hasta 10 años de cárcel, para lo cual primero se requiere una sanción administrativa y luego que la FNE se querelle.

Junto con asegurar que esa facultad se usará en su debido momento, Riesco pidió no dudar que llegado el caso "vamos a colaborar activamente con el Ministerio Público con un único objetivo común en aras del interés general: obtener las condenas penales más severas para quienes se hayan coludido".

El abogado instó a "confiar en nuestra institucionalidad de libre competencia, a esperar que la nueva ley se aplique y a que no se realicen cambios que, pese a su buena intención, debilitarían sustancialmente el combate contra los carteles".

Y agregó que en agosto de 2019, "agentes del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos nos capacitaron en técnicas de detección y persecución de carteles".

Riesco también abordó los desafíos del resguardo de la libre competencia en medio de la emergencia sanitaria.

Junto con recordar la declaración sobre los acuerdos de colaboración entre competidores en la crisis, sostuvo que la entidad ha seguido trabajando sin relajar sus estándares, lo que "no impide que seamos flexibles respecto de aquellos actos o contratos que, teniendo como causa la crisis sanitaria, resulten indispensables para seguir sirviendo a los consumidores en condiciones de relativa normalidad”.

Además, comentó que se está usando big data en la investigación de casos de participaciones cruzadas de ejecutivos en empresas (Interlocking) y de ejecución de operaciones de concentración antes de notificarlas obligatoriamente a la FNE (Gun jumping).

También anunció que se actualizará el reglamento de notificación para disminuir los antecedentes requeridos y que se impulsará un plan macro de fiscalización, con énfasis "en sectores económicos sensibles". Y que este año saldrá a la luz un nuevo estudio de mercado, esta vez sobre compras públicas. "Su importancia radica en que el Estado destina cada año cerca del 5% de su presupuesto a estas transacciones", detalló.