Economía

La FNE apunta a la pena más alta en sus nuevos casos: cárcel por colusión

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El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien asumió su cargo en diciembre de 2018. Crédito: FNE
POR Marcela Gómez |

El fiscal Ricardo Riesco defendió la facultad exclusiva para querellarse por estos delitos en sede penal, ante la arremetida del Ministerio Público para contar con esa atribución.

La Fiscalía Nacional Económica investiga hechos que podrían llevar a las primeras condenas de cárcel por colusión, si se cumplen todas las formalidades requeridas para que el organismo pueda querellarse penalmente. Así lo anticipó el fiscal Ricardo Riesco.

La autoridad se refirió al tema en un marco especial: la inauguración del nuevo Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. El evento congregó a los ministros de Hacienda y de Economía, Ignacio Briones y Lucas Palacios, respectivamente; el presidente del Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), Enrique Vergara; la ministra de esa entidad María de la Luz Domper; y el director del nuevo centro, el exfiscal de la FNE entre 2010-2018, Felipe Irarrázabal.

Ante un auditorio lleno, el fiscal Riesco valoró la Agenda Antiabusos que ha propuesto el Gobierno pero también  enfrentó la arremetida desde el Ministerio Público para lograr que se consagre por ley la posibilidad de perseguir penalmente la colusión, hoy reservada exclusivamente a la FNE. En ese marco, el propio fiscal nacional, Jorge Abott, criticó que “han pasado más de tres años desde que se creó el delito de colusión y hasta la fecha no hemos tenido ninguna denuncia“.

Sin aludir en forma expresa a estos comentarios, la máxima autoridad de la FNE admitió que es efectivo que el organismo que dirije aún no ha presentado querellas por colusión, pero descartó que ello se deba a desidia o falta de interés. Muy por el contrario, dijo, ello responde a que en su actuar la entidad combina “la valentía para acusar” con el necesario rigor para “lograr condenas efectivas contra las empresas más importantes de nuestro país”.

La clandestinidad de los carteles

Explicó que las investigaciones de carteles son lentas, altamente complejas, porque los carteles operan en la clandestinidad, involucran múltiples partes, el acceso a información de prueba es más difícil a medida que las tecnologías se refinan, se debe entender a fondo cómo funciona el mercado investigados y “correr bases de datos” hasta descartar evidencia que podría ser explicada de una forma distinta a la existencia de un cartel. Junto con ello, dijo, se debe “construir confianza durante años con nuestros pares extranjeros cuando se investiga a carteles internacionales”. 

Riesco añadió que si bien no puede entregar detalles debido a la reserva que enmarca su actuar,  están investigando “hechos posiblemente constitutivos de colusión, de cartel, acaecidos con posterioridad a agosto de 2016”; es decir, tras el cambio legal que permite querellarse penalmente por tales delitos.

Y entonces marcó el punto: cuando las investigaciones se hayan completado, si hay mérito se presentará el caso ante el TDLC y eventualmente ante la Corte Suprema. “También confirmo que obtenida la sentencia condenatoria a firme y ejecutoriada del TDLC, presentaremos querella cuando concurran los requisitos”, adelantó.

Sin pan ni pedazo

El abogado sostuvo que si bien “para algunos el amplio consenso logrado en el Congreso hace tan solo tres años pueda resultar insuficiente hoy”, alertó que se debe evitar que “las soluciones que buscan alejar a la FNE de la persecución de carteles pueden dejarnos si pan ni pedazo”.

La autoridad dijo que existe “un riesgo que por trasladarnos exclusivamente, intempestiva o anticipadamente a sede penal nos quedemos sin detectar o sancionar carteles y, por tanto, también sin compensar los perjuicios causados a los consumidores”. Y a reglón seguido preguntó: “¿Alguien cree seriamente que habrá delaciones compensadas, el principal mecanismo de detección de carteles, si es que hubiera, por ejemplo, investigaciones paralelas?”.

Manifestó que “algunas soluciones, que parecen más severas que las actuales, arriesgan dañar un sistema que ha funcionado”. Concluyó señalando que en la entidad que dirige “no estamos a favor de un inmovilismo”, pero dijo que el otorgamiento de nuevas herramientas para perseguir colusiones y abusos de posición dominante “puede constituir un espacio de mejora […] siempre que se discuta en forma reflexiva, mirando la experiencia internacional y por cierto siempre que se haga alejada de Twitter”.