Economía

Hacienda pide el reintegro de US$ 3 mil millones en cuentas de ministerios

La decisión del ministro Ignacio Briones, avalada por Contraloría, ha generado resistencia entre organismos que quieren "independencia presupuestaria".

Fachada del edificio donde funciona el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. Crédito: Agencia Uno

Fachada del edificio donde funciona el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. Crédito: Agencia Uno

Por Marcela Gómez

Martes 7 de abril de 2020

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En plena preparación de un segundo plan econonómico de emergencia, su financiamiento se vuelve más acuciante. En este escenario, Hacienda tiene una carta bajo la manga: el reintegro de todos los recursos fiscales existentes en cuentas de ministerios y servicios, decisión que ha generado críticas y resistencia entre los afectados.

Se trata de números significativos: unas cinco mil cuentas, no todas de ellas activas e incluso algunas en moneda extranjera, que acumularían recursos en torno a US$ 3.000 millones en promedio, según fuentes que conocen el tema.

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Esta decisión del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no responde solo a a la urgencia de financiar medidas para hacer frente al coronavirus, sino también a la necesidad de avanzar en una gestión más transparente y ordenada de las cuentas públicas, asegurando que los recursos lleguen donde se requieren y no queden entrampados en la burocracia. 

 "Siempre se ha hecho así"

La medida de Hacienda no requirió ningún cambio legal: la Ley de Administración Financiera del Estado establece que todos los organismos públicos, a los que se asignan recursos a través del Presupuesto, deben devolver al Tesoro a fin de año todo lo que no ejecutaron y cualquier recurso extra que tengan por cualquier razón.

En la práctica, este reintegro no suele ocurrir. Ministerios y servicios consideran que adquieren dominio sobre su presupuesto, lo que los ha llevado a abrir cuentas para guardar remanentes no ejecutados y cuentas de terceros. Este es el caso, por ejemplo, cuando la Agencia de Cooperación Internacional mantiene una donación para una actividad de Cancillería. También se usan para pagar compras cuyo ciclo de pago excede el año.

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Sin embargo, los recursos que reciben las entidades públicas no son de su propiedad: siguen siendo fiscales y solo se les asignan para un fin determinado. "Lo que ocurre es simplemente una mala práctica que se ha mantenido en el tiempo. Aunque no es algo apegado a la ley, la excusa es que siempre se ha hecho así. Nadie ve que se está incurriendo en falta", dice un abogado que conoce el tema.

Ante la consulta de PAUTA, desde la Contraloría General de la República precisaron que la decisión de Hacienda responde a lo establecido en el D.L N°1.263 que regula la Administración Financiera del Estado y que no ha recibido consultas desde ningún organismo público al respecto.

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La estrategia

La existencia de estas cuentas no ha sido un misterio para Dirección de Presupuestos. Su División de Finanzas Públicas, que entre otras misiones tiene la de "cuadrar la caja" del Fisco, viene desde hace más de una década monitoreando su existencia y los recursos depositados en ellas.

Si bien sucesivos directores de Presupuesto conocieron del asunto, estratégicamente decidieron no actuar mientras no fuera posible ponerle fin de manera definitiva.

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La medida implicará un cambio permanente en la forma en que ministerios y servicios pagan a sus proveedores.

La oportunidad vino con el mayor intercambio con los países OCDE, donde la mayoría tiene un manejo de caja centralizado. Se decidió avanzar en esa dirección, aprovechando los avances tecnológicos existentes y la posiblidad de un rastreo total de cuentas por parte de BancoEstado.

Se desarrollaron dos acciones sucesivas. Primero, el diseño de la solución administrativa y tecnológica mediante el cual ministerios y servicios solo recibirían recursos para su operacion habitual. Podrán decidir en qué gastar, pero sujeto a la disponibilidad de fondos y el pago de las facturas quedará en manos de la Tesorería General de la República.

El desarrollo de esta fórmula de caja cero y pago centralizado fue diseñada y liderada en Dipres por los jefes de las divisiones de Finanzas Públicas, José Pablo Gómez, y de Tecnologías de la Información, Luis Madariaga, con el aporte puntual del asesor externo de Dipres Juan Bennett.

La decisión de Hacienda

Cuando en el tercer trimestre de 2019 el pago centralizado partió su marcha blanca, se inició la ofensiva política desde Hacienda hacia los ministerios y servicios que querían mantener una independencia presupuestaria.

Un primer oficio del exministro Felipe Larraín, antes del envío del Presupuesto 2020 al Congreso, pidió confirmar la información en poder de Dipres sobre el total de cuentas existentes y sus montos. La respuesta fue casi nula e incluso desde algunas reparticiones llamaron para quejarse.

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Eliminar programas mal evaluados y usar esos recursos para poner más dinero en los bolsillos de las familias más vulnerables es el objetivo al que apunta el ministro Briones.

Su sucesor, Ignacio Briones, insistió en la información dirigiendo el 9 de diciembre oficios personalizados a 196 subsecretarios y jefes de servicios, a quienes les solicitó transferir los saldos positivos al Tesoro antes del 15 de diciembre. Por ejemplo, el oficio dirigido al Ministerio de Economía detalla que se detectaron 438 cuentas corrientes correspondientes a esa cartera y sus servicios, con un saldo al 31 de julio de 2019 de $70.118 millones.

Enterados ya de que la petición de reintegro iba en serio, el flujo de recursos comenzó a llegar. Pese a todo, el 23 de marzo de 2020 hubo un tercer oficio enviado apremiando por una respuesta.

Fuentes de Dipres admiten que regularizar por completo esta situación tomará tiempo, tanto por las complejidades de carteras como Defensa y Cancillería, como porque otras, como Vivienda y Obras Públicas, están fuera del mecanismo de control conocido como Sigfe.

Si la medida es exitosa y se logran reintegrar los US$ 3 mil millones estimados, ello permitiría, por ejemplo, financiar un bono de $200 mil por carga familiar para 2,8 millones de familias de sectores más vulnerables durante cuatro meses. Ese cálculo se basa en los mismos supuestos del "bono Covid" de $50 mil que forma parte del plan de ayuda del Gobierno, con un costo fiscal de US$ 167 millones.

Nota: El 23 de abril de 2020, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid) . envió la siguiente declaración: "Agcid suscribe acuerdos de cooperación con distintas fuentes internacionales para la ejecución de proyectos para el desarrollo de Chile. Estos recursos son utilizados exclusivamente para la implementación de dichas iniciativas y no coinciden con la ejecución anual del presupuesto nacional, ya que cada una presenta su línea de operación. La Agencia administra estas donaciones a través de cuentas corrientes que son reguladas por la Contraloría General de la República y aprobadas por Hacienda".

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