El objetivo proinversión de Hacienda tras el nuevo impuesto regional

Según el coordinador tributario, Manuel Alcalde, la propuesta debería contribuir a que “la tramitación y autorización de proyectos sea realizada en el menor tiempo posible”.

Alinear los intereses de los inversionistas y de las autoridades que deben entregar los permisos para los proyectos de inversión. Según comentó el coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Manuel Alcalde, este es uno de los puntos clave del diseño de la nueva contribución de 1% de la inversión en activo fijo para proyectos que tengan trámite de aprobación ambiental, cuyo objetivo es allegar recursos frescos a regiones, aportar a la descentralización y el desarrollo sostenible.

Al intervenir en el seminario “Modernización y Reforma Tributaria, Mirando el Futuro”, organizado por PAUTA y por la Cámara Chilena de la Construcción (controladora del mismo medio), el abogado sostuvo que la propuesta es parte integral de un proyecto que ha sido pensado para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo, con foco en simplificar procesos y generar mayor certeza jurídica.

Explicó que el aporte para regiones (incluida la Metropolitana) ha sido diseñado en forma especialmente cuidadosa para “alinear los incentivos de la autoridad que está a cargo de la tramitación de los permisos para que estos proyectos puedan ser realizados, con el objetivo de que en tanto más rápido puedan resolverse esos procesos, más rápido será el acceso a los recursos que tendrán esas regiones”.

Agregó que generar los incentivos “para que la tramitación y autorización de los proyectos sea realizada en el menor tiempo posible, otorga tanto garantías y certidumbres a la inversión, como respecto del desarrollo de la región”. Así, recordó, los desembolsos que se plantean solo se exigen para proyectos sobre US$10 millones, una vez que haya obtenido los correspondientes permisos y haya comenzado a generar ingresos operacionales.

En el encuentro también participaron la socia principal de EY Chile, Macarena Navarrete, y el socio de Baraona, Fischer y Cia Juan Manuel Baraona, quienes valoraron el enfoque de la modernización tributaria y respaldaron la necesidad de reintegrar el sistema tributario.

Sobre el tema del impuesto regional, Navarrete planteó dudas sobre la fórmula jurídica que se emplea para establecer este aporte, que podría ser revisada en el Tribunal Constitucional (TC) e incluso si supera esa fase “cualquier empresa sometida a esto podría llevar la norma al TC en su caso específico. Es una norma que podría arbrir conflictos futuros no le hacen bien al pais”.

Gastos rechazados

Otro tema que el coordinador tributario de Hacienda abordó fue el cambio al concepto de gasto, que dijo “es tal vez una de las materias más relevantes del proyecto”. Explicó que el proyecto ajusta la norma de gastos para señalar expresamente que deben ajustarse a la realidad de los negocios y que el principio rector de un desembolso que hace una empresa no es obtener un beneficio tributario, sino mejorar su posición comercial.

“El proyecto precisa que aquellos desembolsos que busquen mejorar su posición comercial son deducibles tributariamente y que no deben necesariamente generar un ingreso en el mismo ejercicio en que se realizan, sino también ingresos potenciales en futuros ejercicios. Y tercero, que los gastos que son realizados en el interés del negocios, para mantenerlo o expandirlo, deben ser aceptados tributariamente”, detalló.

Por el contrario, aquellos gastos que van en interés de alguno de los propietarios o socios, o que son ajenos al negocio, deben ser rechazados, dijo.

Sobre esta materia, Juan Manuel Baraona planteó que los problemas “no están en la definición de gasto que establece la ley, sino en la interpretación que hace el SII y los tribunales, que la han restringido en forma importante y hasta excesiva”. Por ejemplo, dijo, se considera gasto rechazado las pérdidas que reportan a diario los cajeros de supermercados, la compra de camisetas de fútbol para el sindicato o determinados acuerdos extrajudiciales a los que puede llegar un empresario aproblemado y su banco.

Sostuvo que se trata de interpretaciones que tienen efectos importantes, ya que cuando a una empresa le rechazan un gasto, “al agregarlo a la renta no solo está pagando un impuesto de 27%, sino que además los gastos rechazados están penalizados por un impuesto de 40%”.

Coincidió Macarena Navarrete, quien recordó que en este tema ha habido un proceso de acción y reacción: primero un uso inapropiado de la norma por parte del sector privado en los años 90, luego el Fisco reaccionó volviéndose más exigente y ahí surgen situaciones más extremas que ahora el proyecto busca reequilibrar.

“Lo que está en el proyecto es positivo, porque se apunta al sentido de negocios que tienen los desembolsos, no solo en cuanto generar la renta sino mantenerla y conservarla hoy y hacia el futuro. Se va hacia un sistema que en el espíritu es en correlación con el giro”, comentó. La abogada sostuvo que sería muy positivo reemplazar el catalogo de gastos aceptados, que hace que todos aquellos desembolsos que no están incluidos queden en duda, por uno de gastos rechazados como tienen países más avanzados. “Entonces, existe más bien un espíritu de que lo que no figura allí está aceptado. Creo que esto último da mucha más certeza jurídica”, acotó.

Para ver la presentación de Manuel Alcalde, revise a continuación:

Para ver los comentarios de Macarena Navarrete y Juan Manuel Baraona, vea abajo: