Las dudas del proyecto que subsidia a trabajadores de rentas bajas

En marzo el Senado vota una iniciativa que ha tenido grandes ajustes y que en 2020 podría exigir menos recursos al Fisco que los previstos.

Listo para ser votado en la Sala del Senado la primera semana de marzo quedó el proyecto que busca entregar un complemento salarial a los trabajadores que reciben rentas cercanas al ingreso mínimo mensual, medida que es parte de la agenda social impulsada por el Gobierno para responder a la crisis.

La iniciativa entrega un subsidio que comienza en $59.200 para quienes ganan el salario mínimo (hoy en $301 mil brutos), monto que disminuye gradualmente en la medida que sube la renta, con un tope de $384 mil. Senadores de la oposición impulsaron cambios relevantes al diseño original de ese proyecto del Ejecutivo, lo que viabiliza su aprobación en la Sala y también la ratificación por parte de los diputados en tercer trámite.

Si el respaldo se concreta, se cumpliría la aspiración del Gobierno, expresada por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, de tener ley en marzo para comenzar a pagar el beneficio en abril.

Sin embargo, hay dudas. Por un lado, respecto de cómo las grandes empresas podrían beneficiarse de esta medida. Por otro, por el hecho de que el Fisco destinaría menos recursos que los previstos a esta iniciativa: no solo por el retraso en su aprobación, sino también porque en la estimación realizada por la Dirección de Presupuestos no se incluye el alza automática de 2,5% real en el salario mínimo en marzo próximo.

Esperando marzo

En la Comisión de Hacienda del Senado se aprobaron varios cambios propuestos por la oposición, que modifican sustancialmente la iniciativa. De partida, para evitar confusiones con el reajuste del salario mínimo, se cambió el nombre de la medida a “subsidio fiscal a los trabajadores de menores remuneraciones”.

Además, siguiendo las recomendaciones que entregó durante el debate del equipo local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el beneficio tendrá un carácter temporal: regiría hasta el 31 de diciembre de 2023. Ese tope en el tiempo servirá para que el Consejo Superior Laboral (un órgano tripartito creado por ley) evalúe su pertinencia y diseño.

También se aprobó la reajustabilidad anual por IPC del límite superior del subsidio y que exista un procedimiento fácil y accesible para el trabajador que postula.

Un asunto de largo debate en esta iniciativa ha sido cómo limitar que las grandes empresas se beneficien de esta medida. En la Cámara de Diputados y la Comisión de Trabajo del Senado se resolvió el tema excluyendo a los trabajadores que se desempeñan en empresas con ventas anuales sobre UF 75 mil (unos $2.125 millones). El Gobierno rechaza la fórmula. Plantea que implica discriminar a trabajadores por su lugar de trabajo, ya que el aporte va directamente a ellos, no a quien los emplea.

Los senadores de Hacienda eliminaron esa exclusión, optando por establecer que debe existir información pública sobre cuáles son las grandes empresas que tienen trabajadores contratados que se benefician con este subsidio.

Menor costo fiscal

Según el Informe Financiero, el proyecto tiene un costo fiscal anual $166 mil millones en 2020 (unos US$ 240 millones) y considera entre los supuestos empleados para estimar el impacto fiscal un crecimiento real de 1,5% en el salario mínimo cada año.

Sin embargo, en 2018 se aprobó un reajuste plurianual del salario mínimo que implica que el 1 de marzo de 2020, debido que la proyección de crecimiento del PIB es inferior a 4%, el salario mínimo se reajustará en 2,5% real. Esto significa que el 2,5% se aplica adicional a la inflación acumulada, que según el dato para enero suma 3,5% en los últimos 12 meses.

Siguiendo esta lógica, economistas consultados por PAUTA calculan que el salario mínimo podría pasar de $301 mil a $319 mil. Como el subsidio decrece a medida que aumenta el ingreso, esto se traduce en ahorros para el Fisco respecto del gasto originalmente proyectado para el subsidio.

Desde Dipres precisaron que las estimaciones de los informes financieros se realizan con la mejor información disponible sobre supuestos de largo plazo, más allá de coyunturas específicas de determinados años. Detallaron que cualquiera sea la diferencia entre la estimación y la realidad, eso no afectará el financiamiento comprometido para los beneficios.

Fuentes que conocen el tema añadieron que si bien en 2020 el gasto fiscal en este proyecto podría ser menor por efecto del alza del salario mínimo pactada en 2018 y por las demoras en aprobar el beneficio (el cálculo del costo es a partir de enero), eso podría ser contrarrestado si finalmente hay más beneficiarios que los estimados originalmente.

Foco en el sueldo líquido

Desde la Subsecretaría de Evaluación Social explicaron que el subsidio se calcula sobre la base de las remuneraciones del tercer mes anterior a su pago. Esto significa que si el proyecto es ley en marzo y el primer pago se realiza en abril, ese mes tendrá como base las remuneraciones de enero 2020 y en mayo las de febrero 2020. O sea, habrá dos meses que considerarán la situación actual previo al reajuste que tendrá el salario mínimo en marzo.

Añadieron que el diseño de este aporte asegura que los aumentos en el salario mínimo y otras alzas que pueda recibir el beneficiario generen un mejor ingreso final con el subsidio. Esto, por cierto, siempre que no se exceda el tope.

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A modo de ejemplo, plantearon que un trabajador con un sueldo bruto de $301 mil recibirá $59.200 de subsidio, y así tendrá un ingreso líquido con subsidio de $300.000. Con el aumento del salario mínimo a $319.000 en marzo, este mismo trabajador recibiría un subsidio de aproximadamente $46.500 y su ingreso líquido con subsidio sería de $301.700.