La inspiración uruguaya del Fondo Covid propuesto por el grupo de 16 economistas

El  pasado 8 de abril se promulgó en Uruguay la Ley N°19.874 que crea el Fondo Solidario Covid-19, un antecedente que tuvo a la vista el grupo transversal de 16 economistas que planteó una fórmula similar para abordar la emergencia y la recuperación pospandemia en Chile.

La fórmula de crear un fondo Covid, desde el cual se podrían girar hasta US$ 12.000 millones para financiar apoyos para personas y empresas, busca que el Gobierno no tenga que ir al Congreso para cada medida: acordado el marco de acción, se trataría de emitir decretos con cargo al financiamiento del fondo.

El economista Aldo Lema, nacido en Uruguay e integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), explica que el objetivo del Fondo Covid-19 implementado en su país es "que una parte de los gastos relacionados con la pandemia, ya sean sanitarios o de protección social, sean esencialmente transitorios". De este modo, dice, se refuerza el compromiso de que el mayor impulso fiscal se retire cuando concluya con la crisis.

"En ese sentido, cumple con algunos de los principios establecidos por el CFA de Chile para que el acuerdo político en gestación sea fiscalmente sostenible", afirma, aludiendo al documento que la entidad publicó sobre el tema.

Añade que, a diferencia de lo que se ha planteado en Chile, ni el gobierno uruguayo ni su sistema político definieron un monto predeterminado para el fondo.

Cuenta que el fondo uruguayo se alimenta de recursos provenientes de endeudamiento, utilidades del principal banco estatal (Banco República, símil de BancoEstado) y la Corporación Nacional del Desarrollo (símil de Corfo), un impuesto a las remuneraciones más altas del sector público (de baja recaudación) e incluso donaciones y aportes privados. 

Precisa que se debe notar que Uruguay no acumuló fondos soberanos porque nunca tuvo superávit fiscal. "Esa es una diferencia importante, ya que en Chile un fondo de estas características usaría parte de los activos acumulados", sostiene.

La ley de Uruguay es extremadamente simple: apenas 12 artículos.

Tanto la ley uruguaya como la propuesta de los economistas chilenos establecen la obligación de que el Gobierno rinda cuentas al Poder Legislativo del uso del fondo. En el caso uruguayo, debe ocurrir tras vencer la vigencia del instrumento, pero en la propuesta para Chile se plantea que se debe dar cuenta del uso del fondo en forma periódica a las comisiones unidas de Hacienda de ambas cámaras.

Aunque en los dos casos se trata de fondos transitorios, en Uruguay el instrumento caduca según decisión del Ejecutivo, mientras que la propuesta local fija un plazo de 24 meses "o antes si las condiciones macroeconómicas y sanitarias lo ameritan". Se recomienda definir parámetros objetivos para ello; por ejemplo, algún nivel de la tasa de desempleo, que es el parámetro que usan los programas de empleo "de emergencia".

Donde definitivamente hay diferencias es que cuando Uruguay legisló sobre este fondo, estableció un nuevo impuesto mensual que grava las remuneraciones medias y altas de todas las autoridades y funcionarios de los poderes del Estado; las empresas con participación estatal y personas que mantengan contratos de servicios personales con el Estado (como arriendos, entre otros). La única excepción es el personal de salud que participa en la atención de la emergencia.

Sobre ese nuevo impuesto, Aldo Lema precisa que se trata "más bien una señal política, que en lo esencial es equivalente a una reducción transitoria en los salarios altos de la administración pública". Agrega que es una medida de baja recaudación, porque es por pocos meses.

En Chile la situación es muy distinta. En marzo, trascendió que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, propuso a sus colegas de gabinete donar parte de sus sueldos, pero la idea se asumió como algo personal y no como una política. El debate tributario, que tras la reforma continuaría en mesas técnicas para debatir cambios futuros, quedó postergado debido a la crisis.