Economía

Cortez (CMF) enfrenta críticas de senadores por sus advertencias sobre las rentas vitalicias

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CMF
POR Marcela Gómez |

Joaquín Cortez dijo que las exigencias de capital a aseguradoras les permiten sortear crisis, pero que no se esperaba una generada por un cambio legal, como el anticipo que discute el Congreso.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) exige que las compañías de seguros de vida tengan recursos para sortear crisis económicas y otros eventos que puedan afectarlas. “Les exigimos que tengan el capital suficiente para enfrentar eventuales crisis, como el estallido social y la pandemia, pero uno no espera nunca que estas crisis vengan por un cambio legal”, dijo el presidente del organismo, Joaquín Cortez, refiriéndose al “anticipo” desde rentas vitalicias incluido en el cuarto retiro.

De este modo, el funcionario respondió un cuestionamiento del senador Francisco Huenchumilla (DC), quien estimó que las compañía de seguro “deben prever cambios” y no funcionar pensando “que todo era eterno”.

Según cálculos de la CMF, en el peor escenario el anticipo dejaría a nueve de las 15 firmas que venden ese tipo de pensiones incumpliendo la exigencia mínima de capital para enfrentar eventos de estrés, lo que comprometería futuros pagos de pensiones y seguros. “No podrían seguir vendiendo rentas vitalicias”, informó.

En su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado, el economista admitió no saber “cuál sería la disposición de las compañías de seguros a invertir y qué rentabilidad estarían exigiendo para invertir en un país que está expuesto a este tipo de cambios legales”.

Enfrentando las críticas

Cortez hizo frente a múltiples cuestionamientos de los parlamentarios frente a sus planteamientos, donde insistió en que este “anticipo” no es igual al primero y que produce el mayor escenario de riesgo para esa industria en 35 años.

En la sesión el senador Alfonso De Urresti (PS) lo acusó de ser “un defensor” de la industria, lo que “no corresponde en quien ejerce un cargo público”, aludiendo a anteriores cargos de Cortez. “Tengo una larga trayectoria de al menos 40 años en el mercado financiero, no solo en compañías de seguros y AFP, sino que también fui director de bancos. Creo que justamente por esa trayectoria es que me invitaron a integrar este consejo”, respondió el economista.

Luego, al conocer que la renta vitalicia promedio que reciben las mujeres es de $262 mil mensuales, De Urresti comentó que es un monto inferior al salario mínimo y por eso se necesita un anticipo en momentos de crisis. “Concuerdo en que las pensiones son bajas, pero estamos alarmados porque este proyecto contribuye a tener pensiones aún más bajas. Tenemos que buscar otros mecanismos”, retrucó el regulador.

El senador Juan Pablo Letelier (PS) afirmó que los informes sobre riesgos para las aseguradioras “están sobredimensionados”, ya que varias compañías son firmas internacionales y tienen reaseguros. “Probablemente ninguna de las grandes trasnacionales va a tener problemas de solvencia por una operación que ocurre en Chile”, opinó.

Al respecto, Cortez sostuvo que “el problema es nuestro”, porque es en Chile donde las compañías ven reducido su capital y se eleva el riesgo para las pensiones futuras, “lo que no nos deja tranquilos”. Añadió que aunque esas trasnacionales no se vean muy afectadas, podrían dejar de operar en el país, “lo que puede ser complejo”.

El presidente de la instancia, Pedro Araya (Indep.), planteó que ante eventuales demandas, el Estado podrá defenderse aduciendo a la “fuerza mayor” en periodo de crisis sanitaria y económica, aunque estimó que las compañías no demandarán al Estado sino a sus clientes que pidieron el anticipo y con eso modificaron su contrato.

El presidente de la CMF recordó que ese organismo y el Estado ya enfrentan varias demandas de aseguradoras que estiman que el primer adelanto les generó daño patrimonial, lo que “se va a discutir en tribunales y requiere un análisis muy preciso”. También valoró que la senadora Luz Ebensperger (UDI) solicitara dimensionar el impacto fiscal de eventuales demandas al Fisco por parte de las aseguradoras, comprometiendo ese estudio.